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Caso $LIBRA: la Cámara Federal rechazó los recursos de cuatro inversores que buscan recuperar su lugar como querellantes
Con dos camaristas que designó Milei, declaró inadmisibles las apelaciones y ahora solo les queda el recurso de queja
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Con la nueva conformación que dispuso el Gobierno, la Cámara Federal porteña le propinó hoy un nuevo traspié a los inversores perjudicados por el “caso $LIBRA” que quieren ser querellantes para impulsar la investigación penal. Declaró inadmisibles los recursos que presentaron para acudir a la Casación Penal, por lo que solo tendrán una última y muy angosta oportunidad para llegar a la máxima instancia penal del país: un recurso de queja.
La decisión la adoptaron hoy el camarista Mariano Llorens y sus colegas que designó la Casa Rosada, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, que rechazaron los recursos de Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega contra la decisión que los apartó del expediente.
Llorens, Bertuzzi y Yadarola se limitaron a rechazar la vía que habían elegido los inversores para recurrir la decisión que adoptó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en primera instancia a pedido del lobista Mauricio Novelli, y que refrendó la Cámara Federal el 4 de este mes, en el primer día hábil con su nueva integración.
Ahora, se espera que los cuatro inversores presenten un recurso de queja directo ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar que una sala de ese tribunal revise la negativa de la Cámara Federal, les conceda la apelación y evalúe luego si les asiste o no la razón.
En la resolución de hoy, Bertuzzi y Yadarola admitieron que las decisiones que excluyen a un querellante pueden ser equiparadas a una sentencia definitiva, porque pueden ocasionarle un perjuicio de imposible reparación al cercenar “la oportunidad de que la presunta víctima intervenga como parte acusadora”. Pero aclararon que esa posibilidad de apertura formal no alcanza por sí sola para abrirles la puerta para que acudan a la Casación.
En ese sentido, Bertuzzi y Yadarola sostuvieron que los inversores se limitaron a discrepar con la interpretación que hizo Martínez de Giorgi y compartió la Cámara sobre la configuración del ardid exigido para que se configure el delito de estafa, y sobre su legitimación para querellar. En otras palabras, según los jueces, no demostraron cómo el juez y los camaristas aplicaron mal la ley.
Para Bertuzzi y Yadarola, además, los recurrentes tampoco demostraron que hayan padecido una arbitrariedad y descartaron los supuestos defectos de fundamentación requeridos para admitir sus recursos.
Llorens fue más allá en un voto propio. Advirtió que la vía casatoria, “nacida para casos muy específicos, ha visto incrementado su caudal con asuntos a los que debiera ser extraña”, y planteó que es necesario acotarla. Según su criterio, la garantía del doble conforme quedó satisfecha porque la Cámara ya revisó la decisión del juez de primera instancia, y los inversores solo intentan “reeditar una discusión” que ya tuvo respuesta en esa instancia.
El Poder Ejecutivo oficializó las designaciones de Bertuzzi y Yadarola mediante sendos decretos que firmó el presidente Javier Milei y ambos juraron el 3 de septiembre en los tribunales federales de Comodoro Py, después de que el Senado les prestara acuerdo el 27 de agosto. Yadarola llegó desde el fuero Penal Económico, mientras que Bertuzzi ocupaba el cargo de manera provisoria desde 2018, tras un traslado que dispuso el entonces presidente Mauricio Macri.
El próximo paso posible para los cuatro inversores será presentar una queja directamente ante la mesa de Entradas de la Casación Penal contra la decisión que declaró inadmisibles sus recursos. Una eventual llegada a la Corte Suprema quedaría sujeta, posteriormente, a que se configure una cuestión federal que habilite el recurso extraordinario.
La decisión de este lunes, cabe aclarar, tampoco cierra la investigación penal sobre el lanzamiento y desplome de $LIBRA ni implica una definición sobre la eventual existencia de un delito, aunque fortalece las aspiraciones de dejar atrás el escándalo de Novelli, Manuel Terrones Godoy, los hermanos Milei y otros acusados que, ante un sobreseimiento que firmara el juez Martínez de Giorgi, solo dependerían del fiscal Eduardo Taiano para evitar que el caso se cierre.
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