Caso $LIBRA: un nuevo intento por cerrar la causa penal en la Argentina choca con desconfianzas y límites legales

Tras dos movidas fallidas para cerrar el caso $LIBRA en la Argentina, durante las últimas semanas comenzó a gestarse un tercer intento. El abogado Fernando Burlando sondeó si es posible una reparación integral del daño a los inversores afectados y cerrar la causa penal sin condenas, según reconstruyó LA NACION a partir de los testimonios de cinco fuentes oficiales y privadas. Pero su plan chocó con dos obstáculos: para Hayden Davis no hubo fraude y el presidente Javier Milei y su hermana Karina deberían ser exculpados antes.

Burlando recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y sondeó circuitos del poder en busca de una indemnización para los damnificados y cerrar sin condenas la investigación criminal que tiene como denunciados a Javier y Karina Milei, Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros, aunque la gestión tropezó con una negativa. El fiscal federal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano, se negó a recibirlo cuando el abogado se presentó en su despacho.

La intentona de Burlando en Comodoro Py ocurrió mientras el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se encontraba de licencia. En la trastienda de los tribunales, el abogado intentó un “scouting”. Es decir, tantear primero a las partes para llegar después a los imputados con el respaldo de que el resto ya había dicho que sí.

La negativa de Taiano a recibirlo desbarató esa estrategia, sin embargo, antes de completarla. “Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió”, admitió Burlando a sus allegados, según reconstruyó LA NACION. En los pasillos, el letrado lo llama a Taiano “el fiscal anti víctimas” por su renuencia a escuchar a los damnificados por el colapso de $LIBRA, que en febrero de 2025 causó pérdidas a los inversores por más de US$250 millones.

La figura jurídica que explora Burlando es la extinción de la acción penal por reparación integral del daño, prevista en el Código Penal. Pero esa senda choca con una limitación que fuentes oficiales remarcaron repetidas veces ante la consulta de LA NACION: mientras haya funcionarios públicos imputados en la causa, el Código Penal no permite esa salida.

La limitante que impone la legislación es, también, una condición que el actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, trazó a quienes lo abordaron el año pasado durante una intentona similar. Les comunicó como condición insoslayable para prosperar que las querellas debían despegar de la causa a Javier y Karina Milei, según reveló LA NACION en noviembre pasado.

A esos primeros obstáculos se suma otra de representación: el expediente penal que tramita en la Argentina contempla al menos dos grupos de inversores y el patrocinio de Burlando no es indiscutido entre ellos: “En algún momento lo habían sacado, no sé si lo volvieron a poner“, admitió una fuente oficial al tanto de las marchas y contramarchas.

Para Burlando, por el contrario, los acusados muestran una “miopía” difícil de comprender porque, más allá de la trama de corrupción, el expediente es primordialmente de carácter patrimonial. “Hay corrupción en el caso $LIBRA, pero antes aparece la defraudación, el daño patrimonial”, planteó a los damnificados. “Para mí, los acusados no entienden la gravedad del tema, porque si no esto ya lo hubiesen salido a arreglar”, les hizo saber.

Del lado de las defensas, por el contrario, la postura de Davis es tajante. Sus abogados reafirman que será difícil probar la configuración de un fraude y que, por tanto, el empresario estadounidense no tendría por qué resarcir a los inversores. Sin esa voluntad, la fórmula de la reparación integral carece de motor real. “Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Hayden Davis, podría venir Novelli a decir ‘bueno, arreglemos esto’. Tranquilamente. De parte de ellos, hasta ahora nada”, reconoció Burlando.

Este tercer intento se suma a una secuencia de movimientos fallidos que LA NACION reveló durante los últimos meses. El primero fue protagonizado por la defensa de Davis, que en junio de 2025 sondeó la posibilidad de depositar cerca de US$100 millones en una cuenta judicial en la Argentina para extinguir la acción penal en su contra.

El segundo intento comenzó a tomar forma, en tanto, cuando los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, que representan a más de treinta inversores con pérdidas superiores a los US$4,5 millones, mantuvieron una audiencia de mediación civil con letrados de Novelli, Terrones Godoy y el otrora asesor de la CNV Sergio Morales, que también quedó trunca. En ese contexto actuó además un colaborador de Burlando, que sondeó al abogado penalista en Buenos Aires de Davis, Marcos Salt, sin resultado.

El denominador común de los tres intentos es el problema del “fronting”. En otras palabras, que nadie quiere asumir formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, ni dar la cara por el dinero a repartir. Una posibilidad que circuló en las conversaciones fue que una plataforma del mercado cripto asumiera ese rol, pero la propuesta generó resistencias por sus riesgos legales y reputacionales.

Burlando reconoció haber sostenido conversaciones con damnificados sobre la posibilidad de encauzar una solución porque, en su visión, el tiempo corre en contra del Gobierno. “Si yo fuese operador de Gobierno, salgo a arreglarlo inmediatamente”, afirmó. Y dejó una advertencia con fecha concreta en el horizonte: “Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos”.

Por Hugo Alconada Mon

• Escándalo cripto
• Javier Milei

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