Caso Próvolo: otra imputada obtuvo la prisión domiciliaria

Otra imputada en el caso de los abusos sexuales en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza obtuvo la prisión domiciliaria, por lo que sólo cuatro acusados están tras las rejas, lo que provoca cada vez más incertidumbre e indignación entre los denunciantes.

Durante la jornada de este miércoles, la Justicia de Garantías hizo lugar al pedido de la defensa de la ex apoderada del establecimiento, Graciela Pascual, señalada como la mano derecha de uno de los principales acusados, el cura italiano Nicola Corradi (82), quien también se encuentra detenido en su hogar, por su avanzada edad. Los magistrados determinaron que la mujer debe cumplir la prisión preventiva en su domicilio, aunque se espera la semana próxima una definición sobre la solicitud para que quede finalmente en libertad.

A Pascual, a quien se la señala como responsable de omitir las atrocidades que ocurrían en la institución, se le dispuso una caución de 400 mil pesos para que pudiera dejar el penal de Aguas de las Avispas, en la localidad montañosa de Cacheuta. Asimismo, se le colocó una pulsera electrónica para monitorear sus pasos al tiempo que se libró una orden de prohibición de acercamiento a las víctimas y al instituto. Además, de Pascual y Corradi, la monja Kumiko Kosaka (46), se encuentra con prisión domiciliaria desde octubre, acusada de ser partícipe de los vejámenes, en al menos tres casos, en el colegio de la Carrodilla, en Luján de Cuyo.

Esta situación ha provocado mayor malestar entre las víctimas y sus familiares, quienes exigen la celeridad de la causa y menos beneficios para los principales acusados, quienes enfrentan penas que van de los 10 a los 50 años de cárcel.

De esta manera, sólo cuatro personas de las 15 imputadas permanecen en la cárcel. Los detenidos, acusados de cometer las violaciones, son el sacerdote Horacio Corbacho, los ex administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez, además de un tercer trabajador hipoacúsico y con retraso mental del instituto, de quien se reserva la publicación de la identidad por una disposición judicial de protección.