Es uno de los países con peores resultados judiciales en el caso que sacudió a toda la región; las razones de un fracaso compartido con México y Venezuela
Cero, cero, cero. Seis años después de que la información sobre las coimas millonarias que el gigante brasileño Odebrecht admitió que pagó en la Argentina quedaron disponibles en Brasil, el capítulo local del Lava Jato no registra condenas. Tampoco recuperó un centavo de los al menos US$35 millones que se robaron. E instruye tres expedientes centrales, pero tampoco logró aún que los “arrepentidos” de la empresa cuenten todo lo que ya contaron en su país.
La Argentina quedó así en el podio de los países receptores de sobornos con peores resultados en toda la región. Porque a la ausencia de condenas contra los funcionarios que embolsaron fondos públicos con la ayuda de lobistas y empresarios locales, suma otro factor: el gigante brasileño evalúa demandar a la Argentina, por supuesta discriminación, por US$50 millones.
La ausencia local de resultados judiciales contrasta, además, con lo que ocurrió en Brasil. Allí, incluso el número uno de esa corporación, Marcelo Odebrecht, se acogió al régimen de los “delatores premiados”, fue condenado a 19 años de prisión –que luego logró que le rebajaran a 10 años–, pasó 5 años en una celda, cumplió otros tres años bajo arresto domiciliario y prestó dos años de servicios comunitarios en un hospital de San Pablo para reducir su pena. Hace dos semanas recuperó su libertad.
Mientras el otrora líder de una de las empresas más grandes de América Latina –con un volumen de negocios varias veces superior al de, por ejemplo, Techint– cumplía su condena, los tribunales argentinos carecen de resultados certeros que mostrar. Y el país queda así muy lejos de los resultados registrados en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador, y comparte el podio de la impunidad con Venezuela y México.
En la Argentina, cabe aclarar, dos de las investigaciones se encuentran ya en la instancia oral. Los tribunales federales números 7 y 2 tramitan los pasos previos a la apertura de los juicios orales, tras recibir los expedientes que instruyeron los jueces federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. Abarcan a decenas de exfuncionarios, empresarios e intermediarios con procesamientos confirmados por su presunta participación en los sobornos vinculados a dos proyectos millonarios: la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas y la extensión de las redes troncales de gasoductos.
El tercer expediente sustancioso del capítulo argentino del Lava Jato, sin embargo, continúa en primera instancia, bajo el control del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, con dos particularidades. La primera, que es la única pesquisa en que se logró acceder a parte del material incriminatorio que obtuvieron los fiscales brasileños. La segunda, que la Cámara Federal ya le reclamó tres veces al juez que defina si procesa o no a los acusados.
Ese expediente, sin embargo, es incómodo en ambos lados de la grieta. Se centra en las coimas que los ejecutivos de Odebrecht admitieron en Brasil que pagaron para ganar y retener el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento por US$1500 millones. Admitieron haber coimeado a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal ligados a Julio de Vido, con la intermediación de Jorge “Corcho” Rodríguez y el rol activo de Angelo Calcaterra, por entonces dueño de la constructora Iecsa y primo del luego presidente Mauricio Macri.
Triunfo silencioso
El último llamado de atención vinculado a ese expediente incómodo ocurrió el mes pasado. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun le reclamaron a Martínez de Giorgi que “no ha avanzado con la rapidez y eficacia que fue varias veces encomendada”, y recordaron que Brasil le envió las evidencias incriminatorias hace dos años gracias a la labor del fiscal federal Franco Picardi. Pero el magistrado sigue sin definir la situación procesal de los acusados, le remarcaron, “conforme fuera encomendado” en agosto de 2019 y diciembre de 2022.
Mientras ese expediente yace en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, sin embargo, el área internacional de la Procuración General se anotó un pequeño y silencioso triunfo, según reconstruyó LA NACION. Logró que las autoridades brasileñas reactivaran el intercambio bilateral de información sensible tras una suspensión transitoria que habían obtenido los abogados de la corporación Odebrecht en ese país.
El intríngulis comenzó poco después de que, a fines de 2016, la multinacional admitió en Brasil y Estados Unidos que había pagado sobornos en Brasil, la Argentina y otros países de América Latina y África. A partir de ese momento comenzaron las tratativas entre las autoridades brasileñas y los fiscales de otros países para acceder a las evidencias incriminatorias que se encuentran disponibles desde junio de 2017. Es decir, hace seis años.
Mientras tanto, el capítulo local de las coimas de Odebrecht incluso pasó ya por la Corte Suprema. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó las apelaciones de De Vido y del exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri. Ambos buscaban que se descartaran las evidencias que había obtenido y revelado LA NACION, que luego las aportó a la investigación penal.
En simultáneo, Marcelo Odebrecht cumplió con su condena. Su última fase consistió en prestar servicios comunitarios en el Hospital de Clínicas que depende de la Universidad de Sao Paulo. El otrora pope de los negocios se encargaba de tareas administrativas, tres días a la semana.
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