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Chubut: investigan a una exministra por contratar a la niñera como asesora y al jardinero por $340.000
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PARA LA NACIONAna Tronfi
RAWSON.– Una investigación judicial que anticipa ribetes escandalosos abrió una causa contra la exdiputada provincial y hasta hace nueve días ministra de Desarrollo Social de Chubut, Cecilia Torres Otarola, en el marco de un presunto fraude al Estado. Con la primera tanda de allanamientos realizada ayer, la Procuración General de esta provincia y la Oficina Anticorrupción apuntan a corroborar supuestos sobornos e irregularidades en el desempeño de la función pública y otros hechos, como la contratación de una niñera como asesora y, asignado en otro puesto dentro del Estado, el pago de $340.000 a un jardinero.
Torres Otarola tuvo que renunciar el pasado 1° de julio pero, en medio de su resistencia por dejar el cargo y tensiones en el gabinete del gobernador Mariano Arcioni, la crisis también arrastró al exsecretario general, Andrés Meiszner, oriundo de Quilmes y un hombre del riñón de Aníbal Fernández.
La causa contra el presunto frase al Estado, denominada "ñoquis calientes", revelará si la exdiputada usó sus cargos para contrataciones vinculadas a su vida privada y si, tal como fue denunciada por un integrante de su propio equipo, exigía un porcentaje para su bolsillo de la estructura con la que contaba a partir de los fondos estatales.
Los allanamientos de ayer sumaron, además, otro dato: la presencia de la renunciada Torres Otarola en el ministerio junto a las subsecretarias en el momento en el que se realizaron los operativos.
Crisis en el gabinete y 24 contratos bajo sospecha
La investigación es encabezada por el fiscal Anticorrupción, Omar Rodríguez, quien avanzó ayer con allanamientos en domicilios particulares y dependencias estatales. Los primeros pasos en la investigación activaron el Gobierno de esta provincia un pedido de renuncia a la entonces ministra por parte de su par, Andrés Meiszner.
Pero la decisión de este último de anunciar sin consensuar con Arcioni al reemplazante en Desarrollo Social derivó en una crisis en el gabinete que terminó con los dos funcionarios afuera de la estructura del gobierno.
Ayer, la Fiscalía allanó el Ministerio de Familia y las viviendas de la exministra Torres Otarola y otras funcionarias. Investigan al menos 24 contrataciones irregulares. Los operativos fueron encabezados por el comisario Juan Carlos Núñez y, a pedido del fiscal Rodríguez, personal de la Unidad Anticorrupción concretó las requisas en un caso se conoce como "ñoquis calientes".
Los procedimientos se realizaron en la vivienda de la exministra en la ciudad de Playa Unión, en dos casas particulares de funcionarios del Ministerio, en Rawson y Trelew, y en la sede del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde en el momento estaba Torres Otarola. Allí también revisaron su camioneta en búsqueda de documentación.
Según detalló Núñez, se allanaron casas particulares de funcionarias del Ministerio y de la exministra: "Hubo requisas personales para secuestrar algunos elementos de interés para la causa, como telefonía celular". Sostuvo que lo que interesaba "era secuestrar celulares que teníamos que recuperar porque teníamos otras medidas que complementan estas".
"Tenemos allanamientos en el barrio 2 de Abril de Rawson, en Playa Unión en la calle Costamagna y en Trelew en Italia y Alem", aparte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, agregó.
Irregularidades
El escándalo creció cuando se supo que la exministra estaba en el Ministerio cuando se hizo el allanamiento, pese a que supuestamente había dejado la función días atrás. "Vinimos al Ministerio porque teníamos la idea, luego corroborada, de que las personas aún estaban en este Ministerio. De hecho, dos de las subsecretarias y la exministra se encuentran en el lugar", sostuvo el fiscal.
"No le consultamos los motivos por los cuales estaba en la oficina: la encontramos y le secuestramos el celular. El resto de las personas que estaban son todas de la primera línea del Ministerio que, de algún modo, son las personas que respondían a Otarola", afirmó Núñez.
El funcionario comentó que cuando llegaron a la oficina, la exministra "se mostró tranquila, dispuesta a colaborar, aunque tampoco tenía muchas opciones". Se secuestró documentación y computadoras personales, además de celulares.
También se revisó la camioneta particular de Otarola. Buscaron evidencias de extracciones bancarias. Es una camioneta Chevrolet Blazer, que exhibía incluso un permiso de circulación oficial. Para realizar esta dirigencia se le pidió participar a la exministra, pero prefirió permanecer en la oficina. Núñez no descartó nuevos procedimientos.
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