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Chubut: las pujas políticas detrás del debate por la extensión de la minería
El proyecto que impulsa el gobernador Mariano Arcioni generó tensiones en el oficialismo y en la oposición
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PARA LA NACIONAna Tronfi
COMODORO RIVADAVIA-. El fuego cruzado entre los principales referentes políticos de Chubut que responden a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, una medida cautelar que puso en jaque la convocatoria a sesión extraordinaria, movilizaciones en las calles, la ruptura en los bloques justicialista y el de Juntos por el Cambio en la Legislatura provincial y el sobrevuelo de Cristóbal López y otros empresarios en juego, son apenas algunos condimentos que en los últimos 3 meses puso en escena el debate que pretende abrir las puertas a la explotación minera en esta provincia.
La segunda fallida sesión del jueves último en donde debía tratarse el proyecto de ley de zonificación minera -cuyo dictamen favorable en la comisión de Recursos Naturales plantea habilitar esta actividad productiva en dos departamentos ubicados en la meseta central de Chubut- tiene como telón de fondo la grieta del PJ chubutense y la puja de grupos económicos hacia el interior de una provincia en donde ya se proyectan las jugadas de los principales potenciales candidatos a la gobernación en 2023.
La presentación del proyecto de ley de Zonificación Minera en noviembre pasado por parte del gobernador Mariano Arcioni provocó un tembladeral político que rápidamente escaló hacia la política nacional: tuvo, al menos hasta hace 3 semanas, el explícito apoyo y la atenta mirada del presidente Fernández, decidido a no replicar en Chubut la experiencia de Mendoza, que debió dar marcha atrás con la minería el verano pasado ante la presión ciudadana.
Los coletazos del tratamiento de la ley minera en Chubut un año más tarde resonaron hacia adentro de la política provincial y provocaron una implosión cuyos afectados no distinguen camiseta partidaria.
En esta provincia rige la ley 5001 desde el año 2003, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. Con el proyecto que hoy está en debate se pretende avanzar con uno de los artículos de esa ley, que otorgaba un plazo -ya vencido- para zonificar en el mapa provincial los lugares en donde podría desarrollarse esta actividad productiva.
Sin embargo, la última arremetida de Arcioni -un gobernador del riñón de Sergio Massa que hasta el inicio del verano estaba jaqueado por la deuda salarial a empleados estatales- instaló al debate en torno a la minería en territorio partidario y, como demostraron los meses posteriores, con un error político de origen: la falta del consenso con el PJ de Chubut.
Protestas
En el medio se registraron fuertes movilizaciones antimineras en la cordillera de esta provincia, no contemplada en este primer paso hacia la zonificación, pero punta de lanza opositora y principal referente de la ausencia de consenso social. Las marchas se dieron en simultáneo a la presión de referentes de la meseta central para abrir las puertas a una nueva actividad productiva como una salida a la crisis que vive este sector consecuencia del progresivo despoblamiento ovino.
La polémica y el contrapunto se replicaron en las principales organizaciones sociales que tomaron protagonismo en el debate. Una carta de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina pidió la búsqueda “de otros caminos, que incluyan tiempos prolongados de información y formación popular. Los pobladores de la meseta tienen que tener un lugar especial en esta búsqueda de soluciones”.
Como contracara, un documento de habitantes pertenecientes a los “pueblos originarios de la Meseta Central de Chubut”, elevado a la Legislatura el viernes último y que llegará hasta la Corte Interamericana, explicitó el “acompañamiento a la decisión del Gobierno de la provincia de desarrollar nuestra región, a través de un marco general que establezca condiciones de explotación sostenible de nuestros recursos”.
En apenas tres meses, el debate minero detonó a la política de Chubut. Y la caja de resonancia fue la Legislatura provincial. El diciembre pasado y cuando todavía había expectativas de tratar el proyecto sobre el cierre del período ordinario de sesiones, la viralización de un audio de WhatsApp de la diputada provincial Leila Lloyd Jones hablando de presuntas coimas a los legisladores que voten a favor de la minería, volvió a sacudir el escenario político de la provincia.
En el mensaje de voz terminó con la intervención del Procurador General, Jorge Miquelarena, que en un requerimiento solicitó de oficio a la legisladora que ratifique la autoría del polémico audio.
Lloyds Jones -que respondía entonces al vicegobernador Ricardo Sastre- dejó mal parados a sus pares de la Cámara, pero como funcionaria pública nunca denunció el supuesto delito por el cobró de dinero para votar una ley. Otro escándalo también salpicó y terminó por fracturar al bloque Juntos por el Cambio: un video del año 2015 del diputado provincial Sebastián López haciendo lobby por la minería desestabilizó al bloque opositor de la Legislatura y terminó con la conformación de un bloque unipersonal por parte de López.
Tensiones
Tras la tormenta política de diciembre, el intento de debate ampliado en enero convocado por el Gobierno provincial estuvo lejos de aplacar los ánimos de la conducción del PJ de Chubut, que se consideró excluida de los términos del proyecto oficial.
La tensión tuvo como principal referente al presidente del partido chubutense y enemigo de Arcioni, el kirchnerista Carlos Linares, y tuvo encolumnado al intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Ya lanzado hacia la carrera a la gobernación 2023, Luque reclamó la participación del sur de la provincia en el proyecto de ley y el protagonismo del empresariado local.
Sin embargo, el posicionamiento de Linares que hasta amenazó con sanciones a los diputados justicialistas que avalen la ley de Arcioni no alcanzó para encolumnar a la tropa. La comisión de Recursos Naturales es presidida por el exintendente de Puerto Madryn con perfil prominero, Carlos Eliceche.
Aliado con Arcioni y el vicegobernador Ricardo Sastre -también lanzado en la carrera a la gobernación en 2023 - lograron en enero lo que consideraron un “as de espadas”: el apoyo explícito de Fernández, quien tras una reunión con los tres referentes chubutenses pidió a la conducción justicialista alinearse con el proyecto minero de Arcioni. Una foto en la misma mesa con el presidente con la que creyeron dar el golpe final.
El efecto político de la intervención presidencial rebotó rápidamente en la Legislatura y dio vuelta el voto de la diputada provincial Tatiana Goic, alineada con el gremio de los Camioneros. Un llamado de Hugo Moyano a su par en Chubut y exdiputado nacional, Jorge Taboada, terminó por cerrar al favor de la minería otra mano clave para las futuras sesiones.
Apenas cuatro días después la Casa Rosada recibió la visita de Linares y Luque. Allí, el presidente del PJ provincial elevó sus quejas y, lejos de achicar distancias y pese a contar con un archivo propio de apoyo público a la minería, mantuvo firme su oposición a los términos de la zonificación planteados por Arcioni.
El motivo de la grieta justicialista: la falta de consenso del proyecto oficial con los referentes del sur de Chubut y la intervención de Cristina Kirchner, que consideró inoportuno el tratamiento de la polémica ley en esta provincia en un año electoral. Pese a ser este un distrito de baja injerencia en las elecciones nacionales, en las de medio término representa la posibilidad de sostener 3 valiosas bancas en el Senado de la Nación. Hoy están representadas por tres voces alineadas con el kirchnerismo: Nancy González -amiga personal de la vicepresidenta-, Mario Pais y Alfredo Luenzo.
El mapa electoral nacional le ganó al debate provincial que, siempre en el territorio de la política, derramó también en una postura opositora del diputado nacional por Chubut y referente de La Cámpora, Santiago Igón.
El PJ dividido reflejó, además, las posiciones de una provincia políticamente fracturada que ya mira el escenario 2023 y que posiciona con fuerza a dos candidatos a la gobernación: Juan Pablo Luque, desde el sur, y Ricardo Sastre, desde Puerto Madryn. El debate minero también midió fuerzas a partir de la cercanía que mantiene la zonificación con el norte de Chubut y la posibilidad de que su potencial desarrollo económico ponga anabólicos a la campaña de Sastre.
La irrupción de Cristóbal López
La polémica derivó esta semana en la aparición pública desde su pago chico del empresario Cristóbal López, cercano a Luque en la interna provincial. En una solicitada pública, sostuvo que “la ley que se va a votar es un pésimo comienzo desde el punto de vista de los intereses de la provincia”. López pisa territorio chubutense y, decidido a jugar, mostró su distanciamiento con Arcioni y criticó entre otros puntos el reparto de regalías impulsado en el proyecto de zonificación.
El debate minero lleva dos sesiones extraordinarias fallidas consecuencia de la falta de votos en el minuto final, un alineamiento de Arcioni con su vice -hasta el año pasado impensado a raíz del tiroteo político- y, desde el jueves otra ruptura dentro de la Legislatura: la salida de Eliceche, principal impulsor del dictamen favorable con el que cuenta la ley de Zonificación Minera. El PJ presidido por Linares analiza sanciones contra el diputado que se alineó con Alberto Fernández, pero desobedeció el mandato del justicialismo de la provincia.
El jueves pasado el proyecto de ley volvió a quedar sin tratamiento. Tuvo, como telón de fondo, el ataque de grupos antimineros a la casa del diputado oficialista Roddy Ingram, un férreo defensor de la ley. Sin embargo, el verdadero motivo no fue la falta de seguridad -la sesión se realiza vía zoom- sino la falta de votos para la aprobación.
La minería no dejó a ningún poder del Estado afuera del debate. Enredada en la política, tensiones con el Poder Judicial, las futuras candidaturas y sus internas, Chubut todavía está lejos de debatir a fondo el futuro de su matriz productiva.
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