Citan a declarar al Consejo Asesor de la UIF macrista por una supuesta protección al banco HSBC

El juez federal Luis Rodríguez citó a declarar a todos los integrantes del Consejo Asesor de la unidad antilavado durante el macrismo para determinar si ese organismo protegió al HSBC después de que ese banco no alertó sobre las operaciones que desarrolló durante años la red de un capo narco colombiano en la Argentina, confirmaron tres fuentes al tanto de la pesquisa judicial a LA NACION.

El juez Rodríguez admitió así las medidas de prueba que solicitó la fiscal federal Alejandro Mangano, quien pidió que declaren como testigos quienes integraron ese Consejo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y concluyeron -dos veces y por unanimidad– que el HSBC debía ser sancionado para luego protagonizar un largo contrapunto con el entonces titular del organismo, Mariano Federici.

Esos consejeros –de los que dos continúan en funciones, Liliana Burgueño y Alberto Rabinstein– deberán presentarse a declarar durante las próximas semanas ante el juez Rodríguez, quien también se apoyó en un dictamen que elaboró la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y que expuso una serie de posibles irregularidades dentro de la UIF al evaluar al banco.

La investigación se inició a partir de una denuncia basada en un artículo que LA NACION publicó en diciembre de 2018. Allí se expuso la puja que existía dentro de la UIF al evaluar la actuación del HSBC ante a uno de sus clientes en la Argentina, miembro de la red de lavado del narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”.

Tras un proceso administrativo que consumió más de cinco años, el Consejo Asesor de la UIF concluyó, en dos ocasiones, que sí correspondía aplicarle una multa al HSBC e informarle a la Justicia argentina, donde los miembros de la presunta red de lavado local de “Mi Sangre” debían afrontar un juicio oral.

A pesar de las objeciones de su Consejo Asesor, no obstante, Federici se apoyó en un dictamen del área de Legales de la UIF y concluyó lo contrario. Sostuvo que el HSBC no debía ser multado porque no falló al no reportar las operaciones sospechosas de lavado de “Mi Sangre” en el país.

Ese “caso HSBC”, según relataron cuatro fuentes a LA NACION, marcó un “punto de inflexión” en el vínculo de Federici y su número dos, María Eugenia Talerico, con el Consejo, que desde entonces contó con menos días para analizar ciertos expedientes. Hasta entonces los recibían con dos semanas de antelación; desde ese momento sólo contaron con 48 horas.

Las fricciones llegaron más lejos. Tras los dos rechazos del Consejo Asesor a la propuesta absolutoria del HSBC, cuyo titular, Gabriel Martino, tenía buena relación con el entonces presidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio buscó eliminar al Consejo Asesor. Lo intentó con la inserción de cuatro artículos en el proyecto de ley de Presupuesto de 2018. Pero reaccionó la oposición y no prosperó.

Junto a Federici, negaron que el intento de eliminar el Consejo Asesor tuviera relación con el contrapunto sobre el HSBC. Dijeron que el Consejo era un órgano “costoso” para el Estado, cuyas decisiones no son vinculantes para la cúpula de la UIF y que convenía, por tanto, seguir el modelo de gestión utilizado por otras unidades antilavado, como la de Noruega.

“El Consejo Asesor se lleva el 5 por ciento del presupuesto de la UIF y en un contexto de ajuste fiscal se consideró que podía ser una forma de ahorrar fondos públicos”, argumentaron ante la consulta de LA NACION.

Los defensores del Consejo recordaron, por el contrario, que los salarios de los seis consejeros corren por cuenta de los órganos del Estado que los designaron –entre otros, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP–, y que los legisladores diseñaron un Consejo dentro de la UIF para que esos expertos de otros organismos aportaran visiones complementarias a las que pudieran tener los técnicos de la UIF y “enriquecer” su análisis en los casos complejos.

En el caso del HSBC, las pujas comenzaron en mayo de 2018, cuando la línea técnica de la UIF terminó de analizar la defensa del banco –que aportó documentación respaldatoria-, y consideró que no correspondía multar -con el consiguiente daño reputacional derivado de una sanción-, y elevó su propuesta al Consejo.

Tras analizar todo el material, sin embargo, los consejeros llegaron a la conclusión opuesta. Concluyeron que el HSBC sí debió reportar a la UIF que uno de sus clientes, Marcelo Oscar Chirizola, compró más de US$150.000 en apenas dos meses a pesar de que no tenía antecedentes consistentes en la AFIP, ni CUIT, ni ingresos suficientes, ni trabajo estable.

Consultados por LA NACION, desde el HSBC indicaron que no harían comentarios y remitieron a las explicaciones vertidas en 2018. En aquel momento plantearon que era incorrecto analizar el accionar del banco en 2013 -o antes- sobre la base de los datos que se conocieron en los años siguientes. “La discusión se centró en si debíamos reportar las operaciones de un señor que por entonces era un cliente menor del banco, casi un ‘NN’, que heredamos de la cartera que recibimos del BNL [por la Banca Nazionale del Lavoro], y que hacía pequeñas operaciones de cambio por 500.000 pesos”, indicaron. Es decir, poco más de US$100.000 al tipo de cambio entonces vigente.

Para los entonces integrantes del Consejo Asesor de la UIF, esa línea defensiva fue inconsistente. Remarcaron que el HSBC no emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre ese cliente, como sí lo hicieron los bancos Santander y Galicia, cuando las sospechas sobre las maniobras de lavado de “Mi Sangre” en la Argentina ya aparecían en los medios periodísticos locales desde hacía un año, que también informaban sobre el desarrollo de una investigación penal, en manos del juez federal Sebastián Ramos.

Según el HSBC, contrastar su actuación con las reacciones del Santander y del Galicia sería incorrecto. Porque lidiaron con distintos miembros de la red de lavado de “Mi Sangre” en la Argentina, que a su vez protagonizaron operaciones bancarias muy distintas. Pero para el Consejo Asesor, esa línea defensiva también es inconsistente. En noviembre de 2012, el juez Ramos ya había detenido a “Mi Sangre” en la Argentina tras recibir un pedido de extradición proveniente desde Estados Unidos, aunque su círculo íntimo de colaboradores siguió adelante con sus operaciones de lavado. Entre ellos a través del HSBC en Buenos Aires, sin que el banco lo alertara a la UIF.

Ahora será el turno del juez Rodríguez y de la fiscal Mangano de escuchar los testimonios de quienes integraron el Consejo Asesor de la UIF durante aquellos años, para luego evaluar los pasos por seguir en la investigación penal. Mientras tanto, “Mi Sangre” ya fue condenado a 30 años de prisión por una Corte en Estados Unidos.

Por Hugo Alconada Mon

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