Citan a indagatoria a Lázaro Báez en Bahía Blanca por una investigación clave

Cinco años y seis jueces interinos después, la Justicia Federal de Bahía Blanca citó a indagatoria al presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez , y a su hijo Martín por su presunta participación en una asociación ilícita fiscal destinada a evadir decenas de millones de pesos a través de la nave insignia de su grupo empresario, Austral Construcciones, en perjuicio del Estado nacional.

El llamado a indagatoria no resulta un traspié más para Báez. La pesquisa en Bahía Blanca contiene el llamado "delito precedente" que habría generado el dinero ilícito que se sospecha que se lavó luego en la financiera "La Rosadita" de Puerto Madero, lo que es parte de otra investigación sobre la llamada "ruta del dinero K" por la que Báez ya se encuentra procesado y elevado a juicio oral.

El juez federal Walter López da Silva consideró que en Bahía Blanca existen indicios suficientes para indagar a Báez el 24 de agosto, pero lo hará mediante una videoconferencia, por encontrarse detenido en la cárcel de Ezeiza, mientras que su hijo Martín deberá presentarse en esa ciudad bonaerense, tres días después.

Otros citados

López da Silva también ordenó las indagatorias de tres familias empresarias oriundas de esa ciudad -los Ficcadenti , los Ferreyra y los Pedraza-, acusados de generar las facturas truchas que Báez canalizó a través de Austral Construcciones, cuya quiebra se decretó esta semana.

Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti fueron citados del 28 al 31 del mes próximo, cuando deberán explicar su proceder como dueños de Grupo Penta y Cía, Calvento SA y Terrafari. Por su parte, Silvio, Antonio, Denis Ariel y Jorge Ferreyra deberán presentarse entre el 3 y el 6 de septiembre por las facturas emitidas por Constructora Patagónica Argentina SA.

Luego será el turno del contador de los Ficcadenti, Rogelio Chanquía, y de los dueños de la empresa Iberoamericana de Servicios SA, Mario e Iván Pedraza, mientras que el último indagado será Néstor Manuel Piñeiro, dueño de la financiera local Crediba, vinculada también a la operatoria sospechada de Juan Ignacio Suris.

Todos ellos, al igual que las empresas cuestionadas, ya afrontan la inhibición general de todos sus bienes, por orden del juez López da Silva, quien dispuso el 11 de junio pasado congelar los inmuebles, vehículos y todo otro bien registrable que tengan los acusados.

La causa en Comodoro Py

El avance de la Justicia federal en Bahía Blanca complementa, así, la labor en Buenos Aires del juez federal Sebastián Casanello , quien procesó el mes pasado al entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray , por la presunta violación de sus deberes como funcionario y el supuesto encubrimiento de las maniobras de Báez con facturas truchas.

Casanello también procesó al extitular de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Rubén Toninelli, por la presunta comisión de los mismos delitos, tras verificar la estrecha relación que el exfuncionario mantenía con los responsables de Austral, que incluyó un viaje a Río Gallegos, con Martín Báez en el avión privado de la familia, ida y vuelta, en 2012.

Según expuso Casanello en su resolución, existen pruebas suficientes para concluir que Echegaray y Toninelli han "obstruido el avance de las fiscalizaciones" iniciadas en Bahía Blanca, al punto que Echegaray llegó a disolver la Dirección Regional de la AFIP en esa ciudad.

Asociación ilícita fiscal

LA NACION reveló la operatoria de evasión y encubrimiento en marcha en Bahía Blanca en octubre de 2014. Incluyó reuniones dentro de la sede del organismo en esa ciudad. Participaron emisarios de Austral, el contador Chanquía en nombre de los Ficcadenti y las entonces autoridades locales de la AFIP, bajo la supervisión de Buenos Aires mediante conferencia telefónica.

Las sospechas que rodean a los funcionarios y empleados de la AFIP llevó a la Justicia a requerir en octubre pasado a la propia AFIP que presente un informe sobre la actuación de su personal durante la gestión de Echegaray, en una suerte de auditoría interna. Sus resultados podrían disparar una nueva ronda de indagatorias.

Desde su inicio en 2013, la tramitación del expediente judicial provocó un terremoto en Bahía Blanca. Causó el apartamiento del por entonces primer juez subrogante, Santiago Ulpiano Martínez, como así también del secretario instructor, como represalia cuando llegaron a ordenar los primeros allanamientos en 2015. Por el contrario, también dejó en evidencia la pasividad de los fiscales Antonio Castaño y su superior jerárquico, Alejandro Cantaro.

Recién en junio de 2016 -es decir, tras la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada-, y mientras ultimaba su jubilación, el fiscal Castaño impulsó la aletargada investigación y avanzó contra Báez, los empresarios locales y las ex autoridades de la AFIP, a las que adjudicó "claras maniobras activas de encubrimiento".