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Clases presenciales: la Ciudad recusará al juez Roberto Gallardo
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LA NACION
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires recusará al juez Roberto Gallardo por el regreso a clases presenciales por su "manifiesta parcialidad" y sus "claras intencionalidades políticas".
"El inicio de clases es una prioridad y un objetivo para toda la sociedad para el cual los gobiernos, sindicatos, docentes y familias están trabajando de manera cooperativa y colaborativa para arribar de la manera más cuidada posible", expresaron desde la administración porteña.
Según trascendió, la recusación será presentada este miércoles por la mañana a pedido del propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de una reunión con su equipo.
Esta mañana, el titular del juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires N° 2, hizo lugar a un amparo de un gremialista docente y citó a una audiencia a los ministros de Educación y de Salud de la Ciudad, Soledad Acuña y Fernán Quirós, y les reclamó información sobre los protocolos previstos para el retorno a las aulas.
El amparo, que intenta frenar el comienzo de clases previsto para el 17 de febrero, plantea que los grupos docentes y no docentes deben ser testeados antes de comenzar la actividad y luego testeados periódicamente, además de cuestionar que los mismos no estén incluidos en un cronograma de vacunación.
La fecha establecida por el magistrado para la audiencia es el 10 de febrero, es decir, una semana antes de la fecha fijada por la Ciudad para el comienzo del ciclo lectivo.
El Gobierno porteño recuerda al juez Gallardo por fallos como la suspensión del funcionamiento de los servicios de mensajería (Rappi, Glovo, Pedidos Ya) y procesos legislativos virtuales en pandemia. Sin embargo, sus medidas fueron dejadas sin efecto.
En lo que respecta a la educación, el juez obligó a dar computadoras con internet a todos los estudiantes sin ningún requisito, lo que después fue dejado sin efecto por la Sala III.
En otra oportunidad, había acusado a funcionarios del Ministerio de Educación de realizar espionaje por el uso de las cuentas de mail @bue, fue apartado de seguir entendiendo en la causa por la Cámara y se convalidó el uso de las correos electrónicos.
Por otro lado, también ordenó levantar el cobro del subte por accesibilidad en las estaciones.
