Clientelismo: acusaron a dos funcionarios de Alicia Kirchner

La antigua sospecha de que los gobiernos usan recursos del Estado para conseguir votos parece haberse materializado en un caso concreto. Un fiscal federal acaba de reclamar que dos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social declaren como acusados de haber repartido electrodomésticos con fines electorales días antes de las elecciones de octubre de 2005.

El dictamen del fiscal Federico Delgado apunta contra el secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Castagneto, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcela Vessvessian. Ambos funcionarios dependen de la ministra Alicia Kirchner. Ahora, el pedido es analizado por el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Para Delgado, que está a cargo de la investigación desde julio pasado, hay pruebas de que los funcionarios incurrieron en una malversación de fondos públicos, un delito que contempla una pena de entre dos y diez años de cárcel. El fiscal los responsabilizó de la entrega de materiales para la construcción, muebles y electrodomésticos a vecinos del barrio platense de Villa Alba.

La causa se inició el 11 de octubre de 2005 con una denuncia del recientemente removido vicejefe de Gabinete, el socialista Jorge Rivas, que entonces era un diputado opositor en plena campaña por renovar su banca. La denuncia judicial se fundó en una nota de LA NACION, del 4 de octubre de 2005, en la que se informaba sobre una virtual compra de votos en el conurbano. Se detallaba que, como parte de la campaña del Frente para la Victoria, se habían entregado electrodomésticos y cheques de entre 300 y 500 pesos a habitantes de barrios pobres.

En el dictamen se detalla que los elementos repartidos eran parte del Programa Ayudas Urgentes del Ministerio de Desarrollo Social, pero se señala que, en contra de lo que prevé la normativa del plan, las entregas se habían hecho sin una evaluación previa de asistentes sociales. Los funcionarios del Ministerio les ofrecían la posibilidad a los propios beneficiarios de que eligieran los bienes de una lista que ellos les daban hasta completar un valor de 1000 pesos, según puntualiza el dictamen.

La responsable del programa de asistencia era Vessvessian. Castagneto no tenía responsabilidad directa sobre el programa, pero, según el fiscal, fue el principal beneficiario de la maniobra: el dirigente platense fue candidato a intendente en las elecciones de 2007, en las que, según el dictamen, las irregularidades se repitieron. El dictamen sostiene que la maniobra se hizo por "dirigentes del organismo nacional de mayor envergadura en materia de asistencia social que han particularizado, en pos de afanes personales, intereses que incumben a los sectores más postergados de la sociedad". Los voceros de Castagneto ayer no respondieron a las llamadas de LA NACION.

Entre los elementos que enumeró Delgado para reclamar que los funcionarios debían ser llamados a declaración indagatoria figuran la denuncia de Rivas y la nota de LA NACION. El fiscal también mencionó las declaraciones de 13 beneficiarios que confirmaron que ellos mismos habían elegido los bienes de una lista que les habían presentado los representantes del ministerio que dirige Alicia Kirchner.

En la causa quedó registrado también el testimonio de un empresario dedicado a la venta de lavarropas que detalló que en los meses previos a las elecciones de octubre de 2005 había aumentado la demanda de esos electrodomésticos por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

En la causa declararon también dirigentes opositores de la zona, entre ellos, Oscar Negrelli, de ARI. Aseguraron que los vecinos les habían descripto maniobras similares a las que se investigaban en la causa.

En su dictamen, Delgado aclaró que no era su intención cuestionar la política pública de acción social, "cuyo rol resulta indispensable y sus objetivos, por demás meritorios, en un país con millones de personas con necesidades básicas insatisfechas". Y sostuvo que lo que se buscaba era "indagar en la utilización indebida e indiscriminada de los recursos que el Estado nacional dispone para cumplir con esa labor".

Por Gabriel Sued

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