Hotesur y Los Sauces: como en las otras causas, Cristina Kirchner busca ser sobreseída antes del juicio oral

Cristina Kirchner intenta despejar su horizonte de preocupaciones judiciales y busca su tercer sobreseimiento, esta vez en las causas Hotesur y Los Sauces, unificadas y sin fecha para que se lleve adelante su juicio oral. Según supo LA NACION, el Tribunal Oral Federal 5, a cargo de la decisión, tiene intenciones de resolver el planteo antes de que cambie su integración, el 30 de noviembre.

Ya fueron cerrados los expedientes por la venta de dólar futuro y por la firma del Memorándum con Irán. En ambas causas, que estaban elevadas a juicio y fueron cerradas en una suerte de instancia previa, la justicia entendió que los hechos bajo investigación eran decisiones políticas y económicas no justiciables.

A diferencia de esas causas, en los expedientes de Hotesur y Los Sauces Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, no son acusados por decisiones políticas sino por maniobras de lavado de dinero. La vicepresidenta y sus hijos pidieron ser sobreseídos, en un planteo formulado por el abogado Carlos Beraldi al que luego se plegaron las demás partes acusadas, como los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa, y Lázaro Báez, entre otros. El fiscal Diego Velasco ya se opuso al pedido y dirigió un duro escrito a los jueces que tienen en sus manos la decisión sobre el destino de la causa.

El Tribunal Oral Federal N°5 está actualmente integrado por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Grünberg es juez subrogante (en lugar de la vacante que dejó José Martínez Sobrino) y la subrogancia vence el 30 de noviembre.

Según reconstruyó LA NACION, tras las respuestas del fiscal Velasco y de la Unidad de Información Financiera (UIF) al pedido de Cristina, el planteo ya está bajo estudio de los jueces y podrían emitir una resolución antes de fin de mes. La actual integración podría leerse como más amena para la situación de la vicepresidenta que la integración anterior. De perfil distinto a Martínez Sobrino, Grünberg fue uno de los magistrados que participó desde sus orígenes en Justicia Legítima, una agrupación que apoyó el proyecto de “democratización de la Justicia” y nació como contraposición a la Asociación de Magistrados.

El abogado de Cristina centró su planteo principalmente en tres elementos. Sostuvo que los pagos recibidos por las Los Sauces S.A estaban bancarizados, y que los negocios hoteleros entre los Kirchner y los demás acusados eran legales. “Este argumento deberá ser desestimado por VVEE por no importar hechos novedosos, relevantes o evidentes por si mismos que ameriten la aplicación de lo dispuesto en el articulado procesal invocado por la parte”, consideró Velasco al respecto.

El abogado dijo también que para juzgar un delito como el lavado de dinero se debe considerar un delito precedente, y señaló que las denuncias y expedientes sobre la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez ya fueron cerradas o desestimadas en la justicia de Santa Cruz. Pero el considerado delito precedente de las maniobras de lavado está actualmente bajo investigación en la causa Vialidad, cuyo juicio oral se encuentra en curso. En ese juicio oral Beraldi interviene poco y cuando lo hace se remite a los planteos que están pendientes de resolución en la Corte Suprema. Uno de esos planteos sostiene, precisamente, que el caso es inválido porque los mismos delitos ya fueron investigados en Santa Cruz.

Al señalar que en esta causa hay inexistencia de delito, Beraldi dijo que no hace falta la realización de un juicio oral para probar que no se cometió el delito de lavado de dinero.

De llevarse adelante el juicio oral, el rol de Velasco será crucial para sostener la acusación, dado que las querellas fueron desdibujándose en el expediente. La Oficina Anticorrupción (OA) abandonó su rol de querellante porque dijo que no tenía los recursos suficientes para seguir adelante, y que bastaba con que la Unidad de Información Financiera (UIF) siguiera como querellante en la causa.

Pero el rol de la UIF en la causa también perdió potencia. En la respuesta al planteo formulado por Cristina, el organismo hasta ahora conducido por el abogado Carlos Cruz -que pronto estará a cargo de un abogado cercano a Máximo Kirchner-, dijo que el delito de lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme, y sin manifestarse abiertamente a favor o en contra de sobreseer a los acusados, le pidió a los jueces del tribunal que tomen una decisión.

Mientras tanto, las causas llevan casi al menos tres años elevadas a juicio oral. La Justicia todavía no recibió los dos peritajes contables ordenados en agosto de 2019 a pedido de las defensas. Uno de los estudios es sobre toda la contabilidad de las firmas Los Sauces y Hotesur, y el otro sobre los números de las emprsas de López y De Sousa, para saber si las empresas del Grupo Indalo que alquilaban las instalaciones de los Kirchner tenían ingresos propios para solventar esos gastos. Uno de los informes podría ser incorporado a los expedientes el próximo mes, dijo a LA NACION una fuente judicial. El otro seguirá en elaboración al menos hasta marzo de 2022. Pero antes de incorporar la prueba el caso debe sortear este planteo de la vicepresidenta. Y hay expectativas entre las defensas de que el fallo sea firmado antes de diciembre.

Adrián Grünberg

Su tribunal de origen es el 1, y subroga una vacante del TOF 5 hasta fines de este mes. Aunque ya no forma parte, estuvo en las filas de Justicia Legítima desde su fundación. En marzo de este año fue el único juez de su instancia en votar a favor del sobreseimiento de Cristina en la causa dólar futuro, que luego fue cerrada por la Cámara de Casación.

Daniel Obligado

Es socio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y simpatizante de la lista Celeste, que históricamente tuvo posturas más ligadas al kirchnerismo. Le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou en el marco del Caso Ciccone. Este año sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa Memorándum con Irán.

Adriana Palliotti

Es socia de la AMFJN y, a diferencia de sus colegas, está alineada con la Lista Bordó. También tuvo diferencias con ellos cuando este año le devolvieron a Cristina Kirchner y sus hijos el control de los hoteles y otras 30 propiedades por mayoría y ella se pronunció en sentido contrario. Formó parte del tribunal que condenó a Lázaro Báez por lavado de dinero.