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Cómo es el plan de Juan Grabois que elogió Alberto Fernández después del desalojo del campo de los Etchevehere
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LA NACION
Juan Grabois lo llama "el plan Marshall criollo": una propuesta para "poblar y crear trabajo" que le presentó en mayo a Alberto Fernández y que ahora, un día después del fracaso de la toma que el dirigente kirchnerista impulsó en el campo de la familia Etchevehere, el Presidente elogió como "una idea a tener en cuenta".
"La idea base de Juan Grabois, de buscar tierras fueras de los centros urbanos para que la gente las explote, es una idea a tener en cuenta; no es descabellada. Atrás del planteo hay algo serio, para debatir", dijo Fernández en conversación con Radio 10.
El proyecto de Grabois se llama formalmente "Plan General San Martín", se presenta como una iniciativa de "desarrollo humano integral" e incluye medidas con las que asegura que se podrán crear cuatro millones de puestos de trabajo, generar una redistribución poblacional, mejorar la infraestructura de los barrios populares y entregar tierras a los pequeños agricultores. Requeriría de una inversión de $750.000 millones anuales, a lo largo de cuatro años, según los cálculos que hacían en mayo.
El 12 de ese mes el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se lo entregó en mano a Fernández, en un extensa reunión en Olivos. ¿Qué propone la iniciativa?
"Hay que repoblar el territorio para no vivir hacinados, revitalizar territorial y productivamente los pequeños pueblos, urbanizar los barrios populares, generar trabajo cooperativo, darle una lógica colectiva e integral a la economía popular. Se requiere una planificación seria, de al menos a 4 años. Hay que pensar con una perspectiva grande y creativa, no la mera administración de lo existente", sostuvo Grabois al presentar el plan.
Su propuesta incluye la creación de "módulos de agricultura familiar, comunitaria e indígena". Se habla del "acceso al lote propio o arriendos sociales en tierras fiscales", de la "compra o acceso a tierra fiscal para las comunidades agrarias", y del "otorgamiento de títulos comunitarios a pueblos originarios". No se menciona la posibilidad de usar terrenos privados, en el estilo de lo que ocurrió con el denominado Proyecto Artigas en el campo entrerriano de la familia Etchevehere, que fue desalojado finalmente el jueves por la Justicia.
Grabois sostiene que el Estado debe descentralizar la ejecución de pequeñas obras y desarrollo productivos en movimientos sociales, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y municipios, en línea con programas de formación de cooperativas, como los planes Argentina Trabaja, Hacemos Futuro o Manos a la Obra. Para financiarlo, se propone usar el ahorro que pueda generarse por la renegociación de la deuda externa, o reforzar el impuesto a las ganancias y echar mano a lo que se recaude con un "aporte extraordinario a la riqueza", como el que propuso Máximo Kirchner en el Congreso. Un tercio de lo invertido, se calcula en la propuesta, regresará al Estado por efecto de la reactivación económica en la franja más pobre de la sociedad.
En la primera parte del documento, de 23 páginas, se ubica la propuesta en el contexto de la "grave situación socioeconómica" derivada de la pandemia y se reivindica, como sostén del programa, dos artículos de la Constitución de 1949, sancionada durante el primer gobierno peronista, que garantizaban el derecho al "trabajo digno" y a favorecían la posibilidad de que "cada labriego o familia labriega" se convierta "en propietario de la tierra que cultiva".
El programa contempla la creación de un fondo fiduciario, bautizado "Fondo Mugica", para el desarrollo de 4000 "módulos productivos" en todo el país. Se trata de pequeñas obras o desarrollos productivos, vinculados a la economía popular, la integración urbana, la agricultura familiar, la atención de adicciones, el fomento de medios comunitarios, el cuidado del medio ambiente, la promoción de la cultura y el deporte, y el acceso a la Justicia.
Esas tareas serían desarrolladas por "consorcios de cogestión comunitaria", encabezados por movimientos sociales, iglesias, municipios, sindicatos y otras entidades, se detalla en el plan. Cada organización quedaría a cargo del desarrollo de uno o varios "módulos", con un presupuesto promedio de $50 millones.
El trabajo sería desarrollado por titulares de un salario social complementario, con un sueldo de $10.000 y una contraprestación de 60 horas mensuales "certificadas"; es decir, 15 horas por semana. Se contempla, en ese sentido, la unificación de todos los planes sociales nacionales y la absorción del programa Salario Social Complementario, de la Tarjeta Alimentar y de Hacemos Futuro. La Anses se encargaría se inscribir a los trabajadores y liquidar los pagos mensuales, de manera directa y bancarizada, pero solo si el consorcio de cogestión comunitaria emite un certificado de trabajo.
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