Comodoro Py rearma su tablero político ante el cambio de gobierno

Cuando falta menos de un mes para el traspaso de mando, los pasillos judiciales están llenos de interrogantes. Mientras muchos funcionarios del gobierno saliente siguen con alarma las causas que están en etapa de instrucción y los comprometen, y los funcionarios del gobierno entrante –como la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner– miran las causas que ya están en los tribunales orales, algunos funcionarios judiciales de Comodoro Py siguen expectantes la reconfiguración del tablero político, especialmente en el sistema de Justicia.

En ese contexto, el gobierno de Mauricio Macri respaldó la semana pasada a tres de los jueces que tienen denuncias en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de sancionar y nombrar a los magistrados. El jueves pasado se reunió la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura en una sesión que no pasó inadvertida. El juez Ariel Lijo, que tiene la causa Correo Argentino, recibió de esa Comisión una buena noticia: allí se desestimó, de manera unánime, una denuncia contra él por mal desempeño. La Coalición Cívica lo había denunciado tras una publicación de LA NACION, que reveló que Lijo no profundizó la investigación sobre el exministro menemista Carlos Corach en la causa Siemens a pesar de haber recibido un informe de la UIF con datos de las cuentas de los Corach en Suiza.

Para muchos personajes que transitan los tribunales federales de Comodoro Py hace décadas, la presencia de Lijo al frente del Juzgado Nº 4 siempre estuvo entendida en función de que él tuvo el aval de Corach, uno de los funcionarios más influyentes en la justicia federal. Su ingreso a ese juzgado cubrió la vacante de Gabriel Cavallo, que entonces ascendió a camarista federal. Lijo tenía lazos familiares con Cavallo: estuvo casado con su hermana, Silvia Cavallo. Y se había desempeñado como secretario de la jueza Luisa Riva Aramayo, amiga de Carlos Corach y vecina suya en el barrio Highland, en la fiscalía ante la cámara del crimen. El juez y la familia del ministro compartieron asados en Highland y vacaciones en Punta del Este. En 2014, Lijo sobreseyó a Corach en la causa AMIA.

De los jueces denunciados en el Consejo, Lijo y Rodolfo Canicoba Corral son quienes tienen los expedientes que más preocupan al gobierno saliente.

La semana pasada, el consejero oficialista Juan Pablo Más Vélez presentó un dictamen para desestimar las cinco denuncias formuladas en los últimos dos años contra Canicoba Corral. Ese dictamen generó ruido, especialmente de parte de los integrantes de la Coalición Cívica, y por eso su tratamiento se postergó. Se tomarían nuevas medidas de prueba para analizar, entre otras cosas, el crecimiento patrimonial de Canicoba Corral.

Los lazos del poder político con el poder judicial son una pieza clave en el esquema. Hace dos semanas el exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo Juan Bautista Mahiques juró como fiscal general porteño. La foto de la primera fila de invitados en el Teatro Colón mostró juntos a Eduardo "Wado" de Pedro –mercedino como Mahiques– y Pablo Tonelli (Pro); a la integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño Ana María Conde; a la abogada Marcela Losardo; al presidente del Consejo Ricardo Recondo, y al dirigente del PJ porteño Juan Manuel Olmos.

Esa foto tuvo un impacto inquietante y de largo aliento entre quienes observan la reformulación del esquema de poder.

Algunos jueces y fiscales que dialogaron con LA NACION debatían qué presencia en esa primera fila tiene mayor relevancia, si la de Wado, un hombre de confianza de Cristina Kirchner; la de Losardo, socia de Alberto Fernández, o la de Olmos, de buena relación con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y a su vez referente del PJ porteño.

Canicoba Corral no estuvo en la jura en el Colón, pero sí compartió con Mahiques, hace tres meses, su festejo de cumpleaños. El magistrado tiene en sus manos varios expedientes sensibles para el Gobierno. Uno de ellos, iniciado por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para verificar si ocurrieron actos de espionaje ilegal bajo la órbita del organismo y otros organismos estatales. Allí, Canicoba Corral investiga supuestas filtraciones de información reservada de gobernadores opositores y jueces de parte de organismos oficiales.

Por otro lado, quien instruyó las causas más comprometedoras contra Cristina Kirchner también tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura. El oficialismo, a través de un dictamen de Mahiques y otro del consejero Tonelli, impulsó la desestimación de dos denuncias en su contra –por su desempeño como juez de la causa de los cuadernos y de otros expedientes que tienen a la expresidenta Cristina Kirchner involucrada–, pero los consejeros Diego Molea, Mario Pais y Alberto Lugones lograron mantener abiertas las investigaciones sobre Bonadio.

Mientras Mahiques respalda a Bonadio, mantiene un vínculo muy estrecho con el diputado y consejero Eduardo "Wado" de Pedro, referente de La Cámpora y crítico del magistrado.

La situación de Bonadio será analizada por el Consejo de la Magistratura, pero recién después del 10 de diciembre, con otra conformación. Mientras las versiones sobre la integración del próximo gabinete ubican a Wado como posible ministro del Interior y por fuera del Consejo de la Magistratura, quienes siguen de cerca la danza de nombres señalan a Gerónimo Ustarroz, exconcejal mercedino y apoderado del PJ porteño, como el posible representante del Ejecutivo en el Consejo.