Comodoro Py y la Corte dirimen casi todos los casos de espionaje del macrismo, pero el más activo está en La Plata

Tras tomar impulso en juzgados asentados fuera de la Capital Federal, casi todas las causas judiciales donde se investigan tareas de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos se dirimen ahora en la Corte y en todas las instancias de Comodoro Py. Debe definirse si se confirma el procesamiento de Mauricio Macri y si estas actividades eran una política de Estado, como sostiene el Gobierno, o eran intentos de extorsión y acusaciones políticas, como viene decidiendo la mayoría de los jueces que fallaron en estos casos. A juzgar por fallos anteriores, el escenario es más favorable a la oposición que al oficialismo.

Distinto es el pronóstico en La Plata, donde el juez Ernesto Kreplak avanza con las indagatorias que ordenó en la causa que investiga una reunión de 2017 en el Banco Provincia en la que funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI macristas y empresarios habrían coordinado acciones judiciales contra Juan Pablo “Pata” Medina. El juez citó a todos los que estuvieron en la reunión, empezando por los empresarios. Dos de ellos declararon la semana pasada y tomaron distancia de los funcionarios: relataron que fueron invitados a una reunión institucional y que no sabían quiénes estarían. Dijeron, no obstante, que los “problemas” de los que se habló (los aprietes de Medina) eran reales. Estas indagatorias son “la primera etapa” de la causa, advirtió Kreplak cuando las ordenó.

Alberto Fernández centró el final de su discurso ante la Asamblea Legislativa en los servicios de inteligencia. “Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república”, dijo, y agregó: “El secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión. Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció”.

Con la colaboración de la AFI, la justicia de Lomas de Zamora investigó una causa donde descubrió que más de 50 personas, entre ellas Cristina Kirchner, políticos -del oficialismo, pero también de Cambiemos-, periodistas, gremialistas y jueces fueron objeto de tareas de espionaje ilegal. Con el impulso de la fiscal Cecilia Incardona, candidata a la Cámara Federal, en esa causa fueron inicialmente procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de la AFI macrista, y unos 40 de agentes y funcionarios del organismo. Sin embargo, los abogados plantearon que Lomas de Zamora no era competente porque las actividades fueron en la Capital Federal y porque aquí tiene su sede la AFI.

Ganaron el planteo con el fallo de los jueces de la Casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo -y la disidencia de Gustavo Hornos-, una decisión que desató la ira de Cristina Kirchner en Twitter. La vicepresidenta recurrió ese fallo, pero la Casación le denegó el recurso extraordinario y ella llegó a la Corte con un recurso de queja para que la causa volviera a Lomas de Zamora. En rigor, son 12 los expedientes en poder de la Corte ligados a ese caso.

Todos los jueces de la Corte se excusaron de intervenir por razones de decoro. Fuentes del tribunal recordaron que trascendió por los medios que los magistrados eran supuestos objetivos de los espías, que monitoreaban sus movimientos migratorios o buscaban determinar con quiénes se reunían, y que entonces correspondía que se apartaran.

La Corte sorteó entonces a un grupo de camaristas federales para que decidieran como conjueces: Mariano Llorens (ciudad de Buenos Aires), Javier Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia), Juan Pablo Salas (San Martín), Mario Leal (Tucumán) y Ramón González (Corrientes). Leal de Ibarra y Llorens se excusaron.

Los temas de competencia en general no son objeto de las decisiones de la Corte, que entiende que no son cuestiones asimilables a sentencias definitivas, pero aún resta ver qué dirán los conjueces: si le darán la razón a Cristina Kirchner y devuelven la causa a Lomas de Zamora o la dejarán en Comodoro Py 2002.

Este expediente, con todos procesados, llegó a la Cámara Federal, donde los jueces Llorens y Pablo Bertuzzi revocaron los procesamientos a comienzos de año, dictaron la falta de mérito de Arribas, Majdalani y de algunos espías y dijeron que no hubo un plan sistemático de espionaje durante el macrismo. Por esa decisión, el kirchnerismo pidió el juicio político de ambos magistrados.

Ahora ese fallo será revisado por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. El expediente llegó la semana pasada al tribunal que tiene a estudio recursos de queja de los querellantes espiados, que son mas de 50, y de algunos de los espías procesados. Los jueces, en primer lugar, deben decidir si abren los recursos de queja.

Si no lo hacen, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi deberán investigar si el afán de espiar de los exagentes solo pretendía su enriquecimiento o si cumplían órdenes políticas de, al menos, Majdalani y Arribas.

Otro expediente que investiga tareas de espionaje ilegal es aquel donde Mauricio Macri fue procesado por el juez Martín Bava en Dolores. Según este magistrado, hay pruebas de que Macri ordenó espiar a los familiares de los marinos que murieron en el ARA San Juan. Allí la Cámara de Casación decidió que la causa se tramite en los tribunales de Comodoro Py.

El juez porteño que ahora tiene el cúmulo de casos del espionaje que antes tenía Dolores es Julián Ercolini. La semana pasada estaban terminando de llegar los expedientes: son tantos que el juez pidió a la Casación un lugar para guardarlos.

Como el caso llegó a Comodoro Py, deberá ser la Cámara Federal porteña -y ya no la de Mar del Plata- la que decida si confirma el procesamiento de Macri. Lo resolverán los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia.

En rigor, son cinco expedientes que arribaron al tribunal para su revisión. Incluyen los procesamientos de Arribas y Majdalani, los de los agentes de la AFI que intervinieron en Mar del Plata y el de Macri (todos acusados de realizar acciones de inteligencia prohibidas y de abuso de autoridad); y dos incidentes, uno por el acceso irrestricto a un legajo de prueba y el otro, la recusación de Ercolini que presentaron familiares de las víctimas del ARA San Juan.