Tarjeta Alimentar: Chaco, Formosa y Santiago del Estero son las provincias que más asistencia reciben para comprar comida por habitante

Chaco, Formosa y Santiago del Estero son las provincias que reciben mayor asistencia alimentaria, en relación a su cantidad de habitantes. De hecho, la principal inversión que realiza el Ministerio de Desarrollo Social en materia alimentaria, que es la Tarjeta Alimentar, alcanza a un 6% de la población de esas provincias.

La Tarjeta Alimentar es uno de los cinco programas principales del Plan Argentina contra el Hambre –que lleva invertidos unos 60.000 millones de pesos en lo que va del primer semestre de 2020, según datos oficiales–, y es el único eje del plan en el que se lleva un registro de la cantidad de beneficiarios. Los números no son tan claros en lo que respecta a otro tipo de políticas, como el financiamiento de comedores y merenderos comunitarios.

Por medio de la tarjeta, algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben entre $4000 y $6000 por mes para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. La política alcanza a las madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años que cobran la AUH; embarazadas con Asignación por Embarazo, a partir de los 3 meses, y personas con discapacidad que perciben la AUH.

Hasta junio se registraron a nivel nacional 1,5 millones de beneficiarios de la tarjeta, lo que representó un desembolso de 44.567 millones de pesos para el ministerio que conduce Daniel Arroyo. Un 10% de los titulares son habitantes de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

En cuanto a la inversión, si bien el 40% del monto total fue destinado a la provincia de Buenos Aires –casi 18.000 millones de pesos–, la cantidad de beneficiarios sobre el total de la población bonaerense representa la mitad que en Chaco, Formosa y Santiago del Estero: un 3,5%.

Comedores

Los convenios con comedores escolares, comedores comunitarios y merenderos son algunos de los programas que complementan el Plan Argentina contra el Hambre. También, la entrega de alimentos a organizaciones sociales. Según datos oficiales, los fondos transferidos a las escuelas para que presten servicios alimentarios ascendieron a 6000 millones de pesos en el primer semestre del año, el doble de lo que se invertía en 2019.

El destino del dinero, en cambio, se torna difuso en lo que respecta a merenderos y comedores comunitarios. Si bien el Estado derivó 2800 millones de pesos en lo que va del año para financiar ambas vías de asistencia, se desconoce el universo total de aquellas instituciones a nivel país.

Recién a fines del mes de julio se puso en marcha el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom), cuyo objetivo es "dotar la máxima transparencia de la asignación de recursos públicos, así como tener una visión objetiva y estadística de la cantidad de espacios físicos destinados a la asistencia alimentaria comunitaria", informaron voceros de Desarrollo Social.

Los referentes de distintas organizaciones sociales confían en que la implementación del Renacom será un buen primer paso para mejorar la política estatal de inversión en el campo alimentario, que hoy no les resulta del todo clara.

Sólo con registrar no alcanza

Consultado acerca del relevamiento, Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos –organización que cuenta con 800 comedores a nivel nacional–, dijo a LA NACION: "A veces es registrar por registrar, pero esto va a permitir que el Estado entienda, materialmente, de qué estamos hablando cuando pedimos ayuda. Cuando se conozca la cantidad de comedores que hay, no van a poder mirar para otro lado".

"El registro está bien, pero se tiene que traducir en respuestas concretas y permitir al Estado generar una planificación para lidiar con el déficit alimentario", advirtió el mes pasado a LA NACION Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.

Saravia alertó además sobre atrasos en la provisión de alimentos y sobre la necesidad de un aumento en las cantidades, dada la desmejora en la situación social en el contexto de pandemia.

Durante el transcurso de la cuarentena, el ministro Arroyo destacó que el número de personas que requieren asistencia alimentaria pasó de 8 a 11 millones. Es decir, que un 25% de los argentinos depende hoy del Estado para poder comer.

Ese número, sin embargo, no fue actualizado oficialmente, dado que faltan herramientas para hacerlo. El seguimiento de los fondos se disipa en el camino entre la Nación, las provincias y los municipios. "Se hace una entrega de dinero a las provincias y municipios, para que ellos hagan la compra de alimentos, entonces, ahí, se pierde el rastro de la cantidad de gente a la cual se destina la asistencia", explicó una fuente cercana a Arroyo.

Mientras tanto, los referentes de las organizaciones sociales coinciden en que los problemas de la provisión de alimentos, por parte del gobierno nacional, se agudizaron en el último tiempo.

"¿Hay destinados recursos? Sí. ¿Hay voluntad? Sí. Pero falta", dijo a LA NACION Gildo Onorato, referente de Movimiento Evita, quien sostuvo que los focos geográficos más críticos continúan siendo los históricos: "El noroeste y el conurbano, donde los índices de pobreza siguen creciendo proporcionalmente".

La concurrencia de los comedores se cuadruplicó y también se han multiplicado las ollas populares autogestionadas, que surgen entre vecinos para paliar la asistencia insuficiente del Estado.

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