El Gobierno abre tres nuevos frentes de conflicto: jueces, opositores y Trump

En estas horas, nadie podrá imputarle al Gobierno falta de audacia. Aunque podría sumar otros calificativos. Cuando todavía no terminó de cerrar el acuerdo de reestructuración de la deuda con los bonistas, la administración nacional abrió o profundizó tres nuevos frentes de conflicto.

La Justicia, la oposición y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son los flamantes ejes de disputa que Alberto Fernández habilitó en menos de dos semanas. La confianza del Presidente en que se le ha empezado a despejar el horizonte se exhibe elevada.

El perfil del Gobierno parece empezar a delinearse ahora más allá de las urgencias financiera (heredada) y sanitaria (padecida). La vara que se impuso demuestra ambición. Como vocación por el riesgo.

Un común denominador puede encontrarse en los tres conflictos desatados: ninguno apunta a dar soluciones a problemas urgentes, sino que tendrán efectos en el mediano o largo plazo, pero las consecuencias ya pueden percibirse o podrán sentirse en breve, sin que se adviertan previsiones para atenuarlas. Como para no desairar a los que imputan a Fernández de abusar de la doctrina del "vamos viendo".

El recrudecimiento de ataques a los dirigentes de Juntos por el Cambio, incluidos los más moderados, como Horacio Rodríguez Larreta, se inscribe en esa lógica. La disputa electoral del año próximo empezó a desplazar de la agenda a la búsqueda de acuerdos para superar la amenazante coyuntura.

Otra pata del mismo trípode es el proyecto de ley de reforma de la Justicia Federal y el complementario plan para evaluar modificaciones a la Corte, al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura. Aunque revisten la cualidad de ser las primeras medidas estructurales tras nueve meses de gobierno, no tuvieron ni en su gestación ni al momento de su lanzamiento el ADN consensual que Fernández había prometido imprimirle a su gestión.

Por el contrario, ambas iniciativas nacieron marcadas por el no reconocimiento de su paternidad por parte de algunos de los funcionarios más cercanos al Presidente, que se ocupaban del tema desde su génesis, así como por el inusual cuestionamiento explícito y público de una parte del Poder Judicial, las críticas de reputados juristas y el rechazo de la principal fuerza opositora. No es poco. Y no es todo. Todavía puede haber más sorpresas.

En menos de una semana, el proyecto de ley cosechó innumerables reparos respecto de su eficacia, tanto como críticas sobre el sentido de la oportunidad, sus costos y su viabilidad. Cosas concretas.

En cambio, el decreto de creación del comité consultivo para evaluar las reformas a la Corte fue inicialmente objetado por cuestiones subjetivas. La presencia entre sus integrantes del defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, y de otros jueces o abogados por su afinidad política o ideológica con sectores del oficialismo hicieron sospechar a muchos de una puesta en escena institucional para ocultar un traje a medida de las necesidades judiciales de la expresidenta, su familia y exfuncionarios de sus gobiernos.

Sin embargo, empiezan a aparecer objeciones que no se basan solo en la composición y las filiaciones del "equipo de Beraldi más diez". Algunas miradas especializadas encuentran elementos concretos para elevar el tenor de las alertas, que comparten destacados profesionales del derecho, políticos opositores y dirigentes empresarios.

"El espíritu del decreto que impulsa las reformas de la Corte, la Magistratura y el Ministerio Público es más peligroso que el fracasado proyecto de democratización de la Justicia que quiso imponer Cristina", concluyó la semana pasada un reconocido abogado ante un auditorio en el que abundaban empresarios y otros tomadores de decisiones.

Según esa perspectiva, del articulado se desprenden objetivos de efectos más extendidos, más profundos y de mayor impacto en el corto plazo que los explicitados. "Está lleno de vicios ocultos", argumentó uno de los abogados, que evalúa acciones para frenar la iniciativa, de fuerte impronta cristinista.

En primer lugar, avizoran un avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia, ya que entre los objetivos de la comisión se encuentra la realización de una especie de auditoría sobre las tres instituciones por reformar, que entre otros aspectos evaluará la cantidad de causas recibidas versus la cantidad de fallos emitidos. Toda una curiosidad, los magistrados que no pueden ser juzgados por sus sentencias serán expuestos por su productividad, un criterio que causa urticaria en el kirchnerismo cuando se lo incluye en las discusiones laborales.

También parece advertirse un solapado intento de facilitar designaciones por parte del oficialismo en puestos claves. El primer inciso del artículo referido al Ministerio Público insta a los comisionados a analizar "la conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares". No parece ajeno a esto la dificultad del Gobierno para reunir la mayoría especial exigida por la ley vigente para designar al procurador. Este proyecto y otros conflictos recientes que tienden a alejar los acuerdos con la oposición amenazan con dejar al candidato de Fernández para la procuración (el actual juez Daniel Rafecas) en un eterno purgatorio.

Otro tanto vale para lo referido a las atribuciones de la Corte en cuanto a los recursos y casos que podría o debería tratar. La ley vigente desde hace un siglo y medio y la jurisprudencia juegan en contra de algunas pretensiones de la defensa de Cristina Kirchner, que casualmente ejerce un tal Carlos Beraldi.

Los mencionados son solo unos pocos aspectos de los muchos que han puesto en alerta a juristas independientes y a dirigentes opositores. El frente de conflicto amenaza con agrandarse.

No extraña, entonces, que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, haya querido que se advirtiera su toma distancia de los proyectos de reforma presentados, que en mucho se diferencian de lo que él y Fernández tenían en mente y se habían propuesto realizar originalmente. Es la segunda vez que Béliz es víctima de la infidelidad. Por eso, tampoco sorprende que el Presidente esté haciendo todos los esfuerzos para aprovechar la oportunidad que acaba de presentársele para compensar a su aplicado y leal colaborador, cumpliéndole un deseo: reintentar su designación como presidente del BID.

La misión no resulta sencilla, pero no le faltan épica ni buenos argumentos de interés nacional y regional para emprenderla, que exceden las meras satisfacciones personales. Si le sale bien, el Presidente habrá encontrado el atajo que une placer y responsabilidad. En caso contrario, podría verse como un incendio para encubrir un desliz.

El objetivo conlleva el enfrentamiento con Donald Trump, el presidente más poderoso y más egocéntrico del planeta. A la intrepidez no le falta el cálculo: Fernández cuenta con circunstancias que le permiten sumar socios a su empresa. Nunca hay que desdeñar el factor suerte.

La caída en las encuestas de Trump en su carrera por la reelección terminó por animar a la Argentina y a otros países latinoamericanos a intentar trabar la elección del candidato estadounidense, el halcón Mauricio Claver-Carone. Su designación, que parecía asegurada hasta hace una semana, habría roto con una tradición vigente desde los orígenes del organismo de crédito, que siempre ha estado liderado por un latinoamericano.

Más allá de la legitimidad de la oposición a esa cuestionable innovación, el cambio de circunstancias aceleró e intensificó la acción diplomática de la Argentina y propició el pronunciamiento público de gobiernos de otros países de distinto signo político, como Chile y México. Ahora buscan sumar el 25 por ciento de los votos que permitirían posponer la elección prevista para el mes próximo, amparados en el estado de excepción que rige por la pandemia del Covid-19.

La entente no solo cuenta con el apoyo de exfuncionarios de administraciones demócratas y republicanas y de varios expresidentes latinoamericanos. También adhiere el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrel, aunque los países de la comunidad, que como miembros no prestatarios tienen voto en el BID, aún no se han expedido. Su definición será clave.

Si bien la cancha sigue inclinada a favor de Trump, el cambio de viento anima a sus desafiantes, que se proponen postergar la elección hasta después de los comicios presidenciales de Estados Unidos. El equipo de campaña del rival de Trump, Joe Biden, ya hizo saber que no apoya a Claver-Carone.

Por eso, en el gobierno de Fernández apuestan todo a una derrota de Trump. Su reelección podría tener efectos más que preocupantes para la Argentina. En ese caso, la batalla por el BID, cualquiera fuese su resultado, habría sido una operación doblemente fallida. Después de cerrar con los bonistas, el país necesita renegociar la deuda con el FMI. Allí el peso de EE.UU. es decisivo, más allá de las sesgos de la burocracia que maneja el organismo.

Los próximos vencimientos importantes de la deuda con el Fondo están previstos para después de la asunción de quien gane las elecciones presidenciales estadounidenses. En la Casa Rosada se han vuelto devotos de San José (Biden).

Queda clara la magnitud de los nuevos frentes abiertos por la administración Fernández. No se podrá decir que, con tantos desafíos inevitables aún por afrontar, al Gobierno le falte audacia. O que tenga un exceso de prudencia. Fernández en esto es consecuente: ya dijo que él quiere cambiar el mundo, aunque al país le sobran carencias que arrastra desde hace décadas. Como siempre, todo dependerá de los resultados.