Antes de jubilarse, Canicoba Corral procesó a Dietrich e indagó a Dujovne en un caso sobre concesiones viales

Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de Mauricio Macri, fue procesado hoy por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que pasado mañana deja su juzgado
Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de Mauricio Macri, fue procesado hoy por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que pasado mañana deja su juzgado Fuente: Archivo
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27 de julio de 2020  • 12:18

Dos días antes de dejar la Justicia, en medio de denuncias en su contra promovidas por Cambiemos, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al exministro de Transporte Guillermo Detrich e indagó al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne en una causa en la que investiga la prórroga de las concesiones de peaje del Acceso Norte y el Acceso Oeste a empresas que estaban vinculadas con una sociedad vinculada a la familia de Mauricio Macri.

Al mismo tiempo que el juez disponía estas medidas, la Cámara Federal, con la firma del camarista Martín Irurzun, rechazaba los planteos para apartar el juez de esta causa que habían realizado Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, ya procesados en el mismo expediente.

Canicoba Corral presentó su renuncia, que se hará efectiva el miércoles próximo, cuando cumpla 75 años. Es el límite que le impone la ley para ser juez, excepto que el Gobierno envié su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo, lo que no ocurrió. El Consejo de la Magistratura tiene en sus manos un expediente, por momentos impulsado por Cambiemos, donde investiga la conducta del juez, que tras su renuncia quedará archivado.

Antes de renunciar, el juez indagó a cuatro ministros de Macri y al procurador del Tesoro Saravia Frías. Procesó a todos, menos a Dujovne que recién hoy fue citado ante el juez.

Dujovne -en su indagatoria por videoconferencia a raíz de la pandemia- dijo al juez que en 2018 ya no estaba en vigor la emergencia económica por lo que no correspondía la intervención del ministerio de Hacienda en estos trámites, sino que era un asunto del Congreso. Por lo que el expediente llegó a su ministerio, pero el área de Jurídicas lo devolvió con esta observación y él no tuvo intervención. Lo mismo lo dijo en un escrito que presentó en el juzgado su abogado José Figuerero. No respondió preguntas.

Mas temprano, Canicoba Corral había proceso a Dietrich por administración fraudulenta y lo embargó por 500 millones de pesos. Consideró que "la funcio´n que realizo´ cada uno de los imputados resulto´ indispensable para la obtencio´n del resultado querido conforme el plan original".

"Ninguno de los intervinientes realiza la totalidad de la acción, sino que ella se produce como consecuencia de la sumatoria de todos los actos parciales de aquellos" argumentó y en un párrafo donde nombra al presidenta señala que el acuerdo de renegociación del contrato de los peajes "a todas luces tuvo como única motivación los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana SA. en la que el Presidente Mauricio Macri y su familia tenía acciones), incumpliendo de este modo los funcionarios intervinientes el deber de resguardar y proteger los intereses del Estado Nacional y de los usuarios, función que les competía conforme el cargo público que desempeñaban".

Dietrich rechazó estos argumentos y recurrirá el jueves la decisión de Canicoba Corral. "Es una causa 100 % política, donde un sector del kircherismo busca igualarnos y decir que somos lo mismo. Como aca no hay bolsos con millones de dólares, yates o aviones, necesitan hacer estas causas para que decir que somos todos iguales y se termine afirmando que son causas políticas".

Dietrich aseguró que este asunto ya lo investigó el juez Daniel Rafecas por denuncia de Margarita Stolbizer y concluyó que no habia delito y dijo que es una denuncia mas de las que presentan Leopoldo Moreau y Rodolfo Tahilade, "denunciantes profesionales, porque denuncia es gratis".

La familia Macri era accionista de estas concesiones en los 90 pero fue vendiendo acciones y se quedó con un 7 por ciento equivalente al 2,34 % de los derechos societarios, sin poder nombar un director. Vendieron las acciones en mayo de 2017, el acuerdo se cerró a in de 2017 y se publicó en junio de 2018, dijo Dietrich para alejar las sospechas de un interés indebido.

"La renegocaición la inició el kirchnerismo, no la hicimos nosotros y las acciones de la empresa aumentaron mas del 1800 % en el kirchnerismo apenas el 230 en la era Macri", explicó Dietrich.

Al mismo tiempo, la Sala II de la Cámara Federal, con la firma del juez Martín Irurzun rechazó el pedido del ex ministro Javier Iguacel y del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para apartar a Canicoba Corral.

Los exfuncionarios, que ya fueron procesados, habían recusado al juez porque entendieron que perdió imparcialidad y porque debido al que modo en que llevó adelante el caso tiene animosidad contra ellos.

Se basaron en las declaraciones públicas que hizo Canicoba Corral renunciar a su cargo a partir del 29 de julio en las que se dijo víctima de una persecución.

Pero Irurzun entendió que "cualquier consideración sobre la naturaleza política de los comentarios que realizó el magistrado al presentar su renuncia es ajena a este ámbito judicial y a la discusión que debo definir".

Sostuvo que no se refirió a los funcionarios en esas declaraciones. Y señaló que las críticas a como el juez llevó el caso no se relacionan con la recusación.

El camarista advirtió que hay otros remedios para cuestionar la decisión de Canicoba Corral, como apelar los procesamientos. En esta causa ya fueron procesados por Canicoba Iguacel y Saravia Frías. Los procesó tres días después de haber sido indagados, cuando todavía no se había completado la tanda de indagatorias que el juez había ordenado.

Iguacel y Sarabia Frías ya apelaron y Dierich lo realizará el jueves.

A partir de allí y ya sin Canicoba Corral como juez, la Cámara resolverá.

La denuncia

La causa fue iniciada a partir de una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto, quienes señalaron que las concesionarias firmaron contratos con el Estado a cambio de retirar las demandas que mantenían abiertas ante el Ciadi. Indicaron que esos contratos, para extender las concesiones de la empresa Ausol, representaban una proyección de 500 millones de dólares para las empresas.

El juzgado federal de Canicoba Corral quedará a cargo, a partir de pasado mañana y por el plazo de un año, del juez Julián Ercolini. Esa definición surgió ayer de un sorteo realizado por la Cámara Federal.

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