Condenan a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos contra 111 víctimas
Se trata de un teniente primero, un capitán y dos cabos que actuaron en centros ilegales de detención en la zona oeste del conurbano; un quinto acusado falleció antes de la sentencia
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LA NACIONMariano De Vedia
En sintonía con las penas que había pedido el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín condenó a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad contra 111 víctimas durante la dictadura militar. Actuaron en la zona oeste del conurbano, donde funcionaron varios centros clandestinos de detención.
Las condenas recayeron sobre el exteniente primero Juan Carlos Herrera (79 años) y el excabo José Juan Zyska (71), ambos de la I Brigada Aérea de El Palomar; el excapitán Ernesto Rafael Lynch (82), de la VIII Brigada Aérea de Moreno, y el excabo principal Julio César Leston (79), de la Regional de Inteligencia Buenos Aires.
El fallo les imputó a los cuatro militares los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y prolongada, torturas, abusos, violaciones y coacciones en distintos centros ilegales de detención, entre ellos la Mansión Seré, que fue incendiada y dinamitada en los años finales de la dictadura tras una fuga de prisioneros, aunque los restos de la construcción pudieron ser identificados en distintos procesos judiciales.
El juicio, iniciado en agosto de 2024, comprendía inicialmente al exagente de inteligencia Juan Carlos Vázquez, también de la Fuerza Aérea, que permaneció prófugo durante veinte años Y falleció antes de la sentencia.
Los jueces María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti ordenaron también iniciar los trámites de baja por exoneración, la suspensión de retiros y jubilaciones y el secuestro de las armas registradas a nombre de los condenados.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el doctor Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol, de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.
El tribunal determinó que todos los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad y rechazó el planteo de prescripción formulado por una de las defensas.
Originalmente no estaban contemplados en el proceso los delitos sexuales, pero fueron incluidos tras un pedido de ampliación de la acusación presentado por la Fiscalía y las querellas.
Los magistrados ordenaron, además, la reparación histórica del legajo laboral de Horacio Silvio Fleischman, médico del Hospital Municipal Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que fue cesanteado durante la dictadura militar. Tuvo que partir al exilio a Estados Unidos con su familia, luego de su secuestro, desde donde declaró en el juicio.
Los hechos probados en el juicio ocurrieron en el ámbito territorial de la Subzona Militar 16, donde funcionó el circuito represivo compuesto por diversos centros clandestinos de detención. Entre otros sitios se mencionaron la Regional de Inteligencia Buenos Aires, con asiento en Morón; la casona Mansión Seré, la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea de Moreno y varias dependencias policiales.
La condena de Leston incluyó el delito de coacción, dado que “luego de la liberación de dos hermanas que habían sufrido secuestros, torturas y abusos, las vigilaba constantemente, se presentaba en su casa armado, las amenazaba para que dejaran la militancia y obligaba a una de ellas a recorrer en auto la zona, y le exhibía álbumes de fotos de personas buscadas”.
Se incluyeron por primera vez hechos que no habían sido juzgados antes, vinculados a la VIII Brigada Aérea de Moreno, la comisaría de Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el destacamento de Paso del Rey, que funcionaron como centros clandestinos de detención, según se probó en el juicio.
El fiscal Crous argumentó que los imputados eran funcionarios públicos que ocuparon cargos en la estructura militar y de inteligencia de la Fuerza Aérea. “Lejos de ejercer como funcionarios públicos para la defensa de la nación, utilizaron sus cargos para la persecución ilegal de un sector de la sociedad que no comulgaba con los valores e intereses que promovía la dictadura militar”, señaló.
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