Condenan a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua a la exministra de Familia de Chubut
Cecilia Torres Otarola fue hallada culpable de los delitos de defraudación y exacciones ilegales, a raíz de contrataciones irregulares de funcionarios que trabajaban en su casa, como una niñera y un jardinero
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PARA LA NACIONAna Tronfi
Un tribunal impuso la pena de tres años prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para la exministra de Familia de Chubut Cecilia Torres Otarola, en el marco de la causa conocida como “ñoquis calientes”. A la exfuncionaria se la investigó por la contratación irregular personal dentro de la estructura del Estado provincial, pero que en realidad cumplían funciones en su domicilio particular. La lista incluía a una niñera y a un jardinero.
Los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri impusieron hoy una pena de quien también fuera Ministra de Desarrollo Humano de Chubut durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni, por haber sido encontrada culpable de los delitos de defraudación a la administración pública y exacciones ilegales (concusión).
La exfuncionaria provincial, quien también fue diputada provincial, deberá además abonar las costas del proceso y cumplir distintas reglas de conducta, entre las que se encuentra mantener el domicilio, presentarse trimestralmente ante supervisión, no consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas como así también no cometer nuevos delitos por el plazo de la pena impuesta, es decir tres años.
El caso desató un escándalo en Chubut y disparó un censo de empleados provinciales encabezado por el actual mandatario provincial, Ignacio Torres. Un primer relevamiento terminó con la separación del cargo de casi 200 funcionarios.
Otros cuatro imputados en el marco de la causa “Cecilia Torres Otarola y otros P.S.A. Fraude a la Administración Pública”, también fueron condenados. Tal es el caso de Silvana Cañumil, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, a quienes se impusieron penas de dos años de prisión en suspenso y la misma inhabilitación perpetua. En estos casos los delitos atribuidos incluyen defraudación a la administración pública como partícipes necesarios en diversos hechos.
A Torres Otarola se la encontró autora penalmente responsable de cuatro hechos delictivos contra la administración pública y tres en perjuicio de particulares. Sin embargo, en un octavo hecho imputado, identificado como hecho N° 2, ella y Branco Rodera Neira fueron absueltos. Similar situación se dio en el caso de Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera por otros hechos, al considerar que existían dudas razonables sobre su participación.
Además, se rechazó la solicitud de reparación económica planteada por las partes querellantes.
Torres Otarola fue expulsada del Ministerio de la Familia en julio de 2020, cuando explotó la denuncia cuyo debate se desarrolló durante las últimas semanas en esta provincia. El juicio, que tuvo como escenario la Oficina Judicial de Rawson, tuvo siete imputados investigados por presuntos delitos de fraude al Estado en Chubut.
El fiscal Omar Rodríguez, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), encabezó la investigación en la que se demostraron las contrataciones irregulares.
De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía que quedó demostrada en el juicio, la exfuncionaria habría obligado el retorno de parte de los sueldos de los empleados que ella misma habría ayudado a ingresar en carácter de asesores en la Legislatura provincial. En su gestión como Ministro de la Familia habría designado en cargos de alto rango a personas cercanas a ella que no vivían en la zona ni realizaban contraprestación para el Estado.
A Torres Otarola, conocida popularmente como “Chechu”, se le imputó el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se sumó a la lista a Silvana Adriana Cañumil, a quien se le imputó el delito de fraude a la administración pública, un hecho por concusión y dos hechos en calidad de partícipe secundario: figuraba como empleada de la Legislatura, pero en los hechos realizaba tareas domésticas y el cuidado de los hijos de Torres Otarola.
A Jaquelina Rodera, subsecretaria de Familia, se la acusó por el delito de fraude a la administración pública en calidad de partícipe primario por tres hechos. A Marta Rodera, el delito de fraude la administración pública, un hecho en calidad de partícipe primario. En el caso de Facundo Solari Rodera se le acusó el delito de fraude a la administración pública en un hecho como partícipe primario.
Por su parte, Branco Rodera Neira fue imputado por el delito de fraude a la administración pública por un hecho como partícipe primario. A Miguel Ángel Reto Trelles, el jardinero de la exministra, se le imputó un hecho como partícipe primario en fraude a la administración pública.
Por Ana Tronfi
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