Confirman el procesamiento de Ricardo Echegaray en el caso de la imprenta Ciccone
Lo decidió la Cámara de Casación; el extitular de la AFI está acusado de favorecer el levantamiento de la quiebra de la empresa cuando la controlaba el exvicepresidente
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La Cámara de Casación confirmó el procesamiento del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por el delito de abuso de autoridad, en una causa relacionada con el expediente donde fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou por intentar quedarse con el 75% de las acciones de imprenta Ciccone, que fabrica billetes.
En este caso, conocido como “Ciccone 2″, Echegaray está acusado por haber intervenido en el procedimiento mediante el cual la AFIP cambió su criterio para favorecer el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone, cuando las acciones de la firma quedaron bajo control de Boudou, que en la causa principal fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. Una sentencia que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Boudou ya está en libertad condicional.
Echegaray venía procesado por los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, quienes interpretaron que actuó sin razones que lo justificaran, abusando de su autoridad.
Ahora los jueces de la Sala IV de la Casación, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, dejaron firme ese procesamiento al rechazar el recurso de Casación. Su colega Mariano Borinsky votó en disidencia por abrir el recurso.
Hornos, que redactó el primer voto, escribió que la resolución que cuestiona Echegaray (procesamiento confirmado por la Cámara Federal) “no forma parte de las decisiones especialmente previstas por la ley como recurribles” ante el tribunal de Casación ya que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable.
Dijo el juez que el recurso de Echegaray solo exhibe una “mera disconformidad” con la solución de la Cámara Federal y que sus planteos no bastan para “habilitar esta instancia revisora toda vez que la ausencia de un auténtico caso de naturaleza federal impide someter la decisión recurrida a la Cámara Federal de Casación Penal”.
“Si bien ha sido planteada, entre otras cuestiones, la violación en el caso de las garantías de defensa en juicio, debido proceso, y derecho al recurso, lo cierto es que no ha sido demostrado, ni se advierte, la pretendida vulneración constitucional”, aseguró Hornos.
El juez Carbajo coincidió y su colega Borinsly en cambio, en minoría, declaró admisible el recursos de Casación.
Aunque Boudou fue condenado, Echegaray nunca llegó a ser juzgado y su rol en el caso se siguió investigando hasta que en 2018 el juez federal Ariel Lijo lo procesó por abuso de autoridad, decisión que ahora quedó firme.
La Cámara Federal analizó que Echegaray cambió de postura, primero, pidiendo la quiebra de Ciccone y, luego, favoreciendo su levantamiento y otorgando un amplio plan de pagos, cuando se dio la cesión de las acciones de la imprenta a la firma The Old Fund, detrás de la cual se encontraban Boudou y su socio y amigo José María Núñez Carmona, también condenado por este causa y cumpliendo su pena en su casa.
Dos semanas después de esa cesión de acciones, la AFIP prestó expresa conformidad en el expediente del juicio comercial a que se levantara la quiebra a condición de que Ciccone presentara un plan de pagos que le permitiera afrontar su deuda con la AFIP.
Esa es la acusación por la que fue condenado Boudou: acudir en auxilio de la imprenta Ciccone para solucionar sus problemas fiscales, a cambio de recibir el 70% de las acciones de la empresa que quedó controlada por su testaferro Alejandro Vandenbroele.
El juez Llorens destacó que “luce llamativo” que primero la AFIP pidiera la quiebra y luego su levantamiento. Llorens entendió que las evidencias “vincularía la actuación de Echegaray como un eslabón más de la maniobra”. Y sostuvo que la “participación de Echegaray habría coadyuvado a la consecución de los fines tenidos en la mira”.
El camarista Bruglia, en tanto, dijo que la AFIP actuó de manera anormal, arbitraria, algo que destacó el juez comercial que tramitaba la quiebra. Bruglia explicó que el rol de Echegaray debe ser analizado a la luz de la maniobra por la que fue condenado Boudou.
Hace un año, el 24 de julio, Echegaray fue sobreseído en la causa en que se lo investigaba por enriquecimiento ilícito luego de que la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Félix Crous, se retiró como querellante en el caso y desistió de la apelación que había presentado contra el fallo que beneficiaba al funcionario. Crous dijo que desistió de apelar porque su política es que el rol de la OA como querellante sea excepcional, que ese papel está reservado al fiscal y que de este modo cumple con la búsqueda de transparencia y “la prevención la corrupción”. Ese fallo quedó firme por la Cámara Federal, ya que no quedaba ningún acusador para cuestionar la sentencia del entonces juez Rodolfo Canicoba Corral, que había beneficiado al exfuncionario, pues el fiscal Eduardo Taiano no apeló y la OA se retiró.
Echegaray fue condenado en el caso de Oil Combustibles a cuatro años y ocho meses de prisión, acusado de favorecer a Cristóbal López y Fabián de Sousa para que retuvieran el pago del impuesto a los combustibles. López y de Sousa fueron absueltos. Este fallo está apelado en la Cámara de Casación.
En febrero de 2020, tras la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada y de Mercedes Marcó del Pont a la AFIP, la suspensión que dispuesta por el gobierno de Cambiemos sobre Echegaray fue levantada: el funcionario retomó su cargo en la Aduana.
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