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La Oficina Anticorrupción (OA) le informó al presidente Javier Milei que deberá abstenerse de tomar decisiones que afecten o beneficien de manera particular a las personas o empresas que contrataron sus servicios durante los últimos tres años, ya fuera como economista o como conferencista, según surge de la copia de las “recomendaciones sobre ética pública” que le remitió, tras un pedido presentado por dirigentes de la Coalición Cívica. ¿El riesgo? Incurrir en un conflicto de interés flagrante.
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