Contra lo dispuesto por Justicia, Insfrán cobra 5000 pesos para ingresar a Formosa y endurece restricciones

Para esta época, el año pasado, decenas de formoseños instalaban carpas en las banquinas chaqueñas de la ruta nacional 11, a la espera de que el gobierno de Gildo Insfrán les permitiera ingresar a su provincia, con permisos que se emitían a cuentagotas. Fueron más de 8000 las personas varadas que tuvieron que aguardar su turno hasta noviembre, cuando la Corte Suprema de Justicia exhortó al gobernador a liberar la frontera provincial.

Pero la administración de Insfrán buscó la vuelta para desafiar los pronunciamientos del Tribunal Supremo, así como otros tantos fallos en contra del estricto protocolo sanitario de la provincia, como el dictamen de la Justicia federal del 19 de marzo, que eximió del aislamiento obligatorio a todos aquellos que ingresaran al territorio con un PCR negativo. Desde mediados de abril, rige una nueva medida para disuadir la entrada de los formoseños: una barrera económica. Quien quiera cruzar el río Bermejo debe abonar $5000 en concepto de tres hisopados preventivos.

Son más de 100 los grupos familiares que iniciaron o preparan acciones judiciales por este tema, según pudo saber LA NACION, y la cantidad de personas que ingresan a la provincia cayó a más de la mitad desde que rige la normativa. En las semanas que antecedieron al 16 de abril, ingresaron a Formosa entre 600 y 1700 personas por día; actualmente, el promedio ronda los 300 ingresos diarios, según la información oficial que publica el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19.

“Tengo un hijo de diez años, mis padres y hermanos en Formosa, pero no puedo viajar a verlos porque necesito $25.000 solo para poder pasar junto al resto de mi familia, con quienes vivo en Hurlingham. Eso sin siquiera contar el costo del traslado”, indicó a este medio Santiago, un formoseño de 36 años que prefirió mantener en reserva su apellido, dado que forma parte de las fuerzas de Gendarmería.

En los papeles, la normativa provincial excede del pago de los hisopados al personal esencial y a todo aquel que “ya recibió la vacuna contra el Covid-19, que posee test positivo de anticuerpos o bien que ya fue dado de alta luego de transitar la enfermedad”. Pero, en la práctica, todos deben pagar.

“Me hacen abonar igual. Si tenés plata, sos bienvenido, si no, te quedás afuera. Esto no es preventivo. El fin es recaudatorio. Es el pago de un peaje”, advierte el gendarme. También afirma que en diciembre viajó a Formosa con anticuerpos contra el coronavirus y un PCR negativo, pero, aún así, fue trasladado a un centro de aislamiento en el barrio Nueva Pompeya de la capital por cinco días, junto a su mujer y su hijo. “Alcé la voz, porque no me correspondía ir a ninguna escuela, y fui detenido por 24 horas”, agrega. En ese entonces aún regía el aislamiento obligatorio en los centros gubernamentales.

Héctor Hugo López Cano es médico, pero tampoco lo beneficia formar parte del grupo de esenciales que creó el gobierno nacional bajo decreto. “La frontera entre Chaco y Formosa parece un control migratorio internacional. Si no salís a hacer una tarea de salud que le interese a la provincia, como, por ejemplo, el traslado de un paciente a Resistencia, te cobran. Yo tengo mi esposa e hijos en Corrientes y pagué los $5000 por cada vez que viajé a verlos”, explicó a LA NACION el empleado del Hospital Central de Formosa.

López Cano consiguió el respaldo de la Justicia federal. En mayo, la magistrada María Belén López Masse ordenó al gobierno provincial “instar a los operadores policiales a garantizar el libre tránsito” de él y de todo el personal esencial. Aún con el fallo en mano, el médico volvió a ser obligado a pagar por los hisopados, sobre los cuales, además, advierte: “Conozco todos los testeos. Te cobran ese monto por tres supuestos PCRs, pero el primero, que te lo hacen al entrar, es un testeo rápido, que está entre $800 y $900”.

Acciones legales

El equipo de abogados de la Unión Cívica Radical formoseña presentó habeas corpus por casi 70 personas y grupos familiares que por motivos económicos no pueden volver a su provincia. Además, indican que les llegan a diario más de 40 consultas por este motivo. Por su parte, la concejala y abogada del peronismo disidente local Gabriela Neme –quien ha encabezado denuncias contra Insfrán por violación de derechos humanos desde que comenzó la pandemia– también presentó acciones judiciales en defensa de otras 20 familias y prepara escritos por 30 más. Neme afirmó a este medio haber recibido más de 800 reclamos desde que empezó a regir la normativa del pago de hisopados.

LA NACION consultó al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González, acerca de la cantidad de consultas que reciben por parte de formoseños que desean entrar y no tienen los recursos económicos para hacerlo, pero no recibió respuesta. Tampoco quisieron pronunciarse ante esto en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti.

El 18 de mayo último, durante la conferencia de prensa diaria en la que el consejo de emergencia informaba el parte sanitario de la provincia, el ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, defendió la normativa: “Esto ha permitido disminuir considerablemente la movilidad de personas que se van a otras provincias por cuestiones no esenciales. Lo tenemos que ver como algo muy positivo, porque permite salvar vidas más allá de algunos inconvenientes que siempre estamos dispuestos a subsanar”. De este modo, respondió a la inquietud de un periodista, que denunciaba que una mujer con dos hijos menores de edad había pasado la noche al intemperie en el intento de ingresar a Formosa por la localidad de El Colorado. Déjà vu de 2020.

El jueves pasado, ante el reclamo de estudiantes universitarios que se adelantan a los problemas que tendrán para regresar a sus casas en las vacaciones de invierno, el gobierno de Insfrán dispuso la liberación del pago de los $5000 a quienes acrediten que estudian fuera de la provincia, con un certificado de alumno regular.

La restricción también golpea de lleno en aquellos comerciantes y docentes que cruzan a diario a Chaco y Corrientes, dada la cercanía entre localidades interprovinciales, así como a aquellas familias que se dividieron para esquivar el duro protocolo sanitario, y hoy viven a lado y lado del río Bermejo.

“Tuve que llevar a mi familia a Corrientes para que mi hija pueda ir al secundario de manera presencial, dado que en Formosa no volvieron a abrir las escuelas desde marzo del año pasado. Yo sigo trabajando acá. Ya fui y vine cuatro veces, pagué $20.000 y no lo puedo hacer más”, manifestó a este medio Guillermo, que se dedica a la venta de artículos de limpieza y a la renta de locales comerciales. El comerciante se traslada con el resultado positivo de un testeo de anticuerpos que, se supone, lo debería eximir del desembolso en la aduana. No corre esa suerte.

Tampoco Marcelo Ocampo, empresario gastronómico que también trasladó a su mujer y su hijo de tres años a la ciudad de Corrientes. “Son muchos los que, si pueden, se van para allá, donde se vive una vida normal. En Formosa tenés a la policía amedrentándote todo el tiempo. Llevo cinco hisopados pagados, por $25.000, aún con el estudio de anticuerpos a mi favor”, explicó Ocampo, quien compartió los certificados con LA NACION.

Como una paradoja, la arbitrariedad del gobierno de Insfrán desafía no solo a los dictámenes del gobierno nacional y del Poder Judicial, sino que pesa, incluso, sobre sus propias reglas internas.