Control de precios. Los intendentes esperan el decreto, entre limitaciones y falta de coordinación

A la espera del decreto presidencial que les dará facultades para sumarse al control del precio de los alimentos durante la pandemia por el coronavirus, los intendentes del conurbano bonaerense se preparan para desplegar el operativo en sus territorios, en medio de fuertes limitaciones de recursos y fallas de coordinación con la Nación y la provincia.

Los jefes comunales recibieron la semana pasada un pedido directo del Presidente para que colaboren en la fiscalización de los comercios de cercanía, como se llama a los minimercados y los almacenes. Oficialistas y opositores muestran buena disposición y celebran que los doten de herramientas legales para reforzar el control de precios en sus localidades. Pero, a horas de la publicación del decreto, que se espera para este mediodía, no hay un operativo coordinado de manera centralizada ni un criterio unificado acerca de cómo proceder ante eventuales incumplimientos.

En el Ministerio de Producción explicaron que la Secretaría de Comercio Interior ya venía trabajando de manera coordinada con los intendentes para la aplicación del programa de Precios Cuidados y que lo que se hará en este caso es dotarlos de más herramientas legales.

Los municipios enfrentarán la tarea, sin embargo, en condiciones muy dispares. Alrededor del 20 por ciento de los 135 municipios bonaerenses no cuentan con oficinas de defensa del consumidor. Además, la mayoría de los cuerpos de inspectores tiene menos personal que el necesario. Según calculan en el gobierno provincial, los municipios del conurbano disponen de menos de diez inspectores en promedio, en tanto que los del interior no llegan a tres.

Buena parte de esos inspectores están capacitados para intervenir ante infracciones a ordenanzas municipales, pero nunca aplicaron las leyes de abastecimiento y de defensa de la competencia, las dos normas para las que Nación facultará a los municipios. "Esto visibiliza la debilidad estructural del Estado para controlar precios. Es algo que vamos a intentar revertir a partir de un trabajo coordinado", dijo a LA NACION un funcionario bonaerense.

Ante estas limitaciones, algunos intendentes otorgaron facultad de fiscalización a funcionarios que no estén cumpliendo tareas esenciales durante la pandemia. En Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk, sumó así cien inspectores a los cuarenta que ya tenía. Otros jefes comunales aseguran que tienen el personal suficiente y que solo deberán sumar tareas a los controles que ya venían realizando.

La capacitación de los inspectores es central, advierten en la provincia, porque un error formal en la formulación de un acta administrativa puede arruinar todo el proceso. Por esa razón, van a poner en marcha capacitaciones virtuales para los inspectores municipales.

Medida provincial

El gobernador Axel Kicillof dictó hace diez días un decreto que facultó a los intendentes para el control, tal como hará Alberto Fernández para todo el país, y creó un sistema integral de monitoreo centralizado. Pero muchos intendentes, con mala relación con el gobernador, no siguen los lineamientos del gobierno provincial. Los funcionarios del Ministerio de Producción bonaerense, a cargo de Augusto Costa, no conocían el texto del decreto que publicará la Nación. Algunos intendentes del conurbano tampoco conocen a fondo el decreto que dictó Kicillof el 27 de marzo.

Si el decreto de Fernández va en línea con el de Kicillof, los municipios deberán informar de manera sistemática a los gobernadores a través de un sistema unificado y aplicar criterios fijados por la respectiva provincia. Hasta ahora, esa uniformidad de criterios no existe, lo que da lugar a que la ley se aplique con más o menos rigurosidad, según el municipio.

El Ministerio de Producción bonaerense determinó que la clausura definitiva debe ser el último recurso, para evitar problemas de abastecimiento en la zona fiscalizada. También hizo hincapié en el control de la lista de precios de las distribuidoras que venden sus productos a los comercios minoristas. La idea es que las denuncias no provengan solo de los consumidores, sino también de los comerciantes.

"Si vemos que un comercio no cumple con los precios máximos en un producto determinado, le pedimos que retrotraiga ese aumento. Si no lo hace en el instante, podemos disponer una clausura preventiva hasta que se ponga en regla. También podemos confiscar la mercadería en infracción", detallaron.