Coronavirus en la Argentina: la Suprema Corte bonaerense deberá definirse sobre la liberación de cientos de presos

LA PLATA.- La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá expedirse a partir de la semana próxima sobre la liberación masiva de presos en este territorio en el marco de la crisis por el coronavirus. La primera semana de mayo llegará a al máximo tribunal provincial un recurso en queja que redacta la Fiscalía de Casación bonaerense, a cargo de Carlos Altuve.

Altuve planteó la queja ante la Corte en contra del hábeas corpus colectivo ordenado por el Tribunal de Casación provincial, que dispuso la detención domiciliaria de cientos de presos. La apelación de Altuve ya fue rechazada por la Casación bonaerense.

La Suprema Corte provincial, órgano de alzada del Tribunal de Casación, deberá resolver si admite el recurso en queja. Puede hacer lugar o rechazar in limine la presentación.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostiene acuerdos regularmente, por teleconferencia, y dispone de firma digital. Es decir, tiene los medios para expedirse sobre el recurso que llevará en queja el accionar del presidente de Casación, Ricardo Borinsky.

Presidente del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, Borinsky ordenó el 22 de abril a los jueces que ejecuten en forma "inmediata" la medida de arresto domiciliario para los presos en cárceles bonaerenses que integren el grupo de riesgo ante el contagio de coronavirus y que hayan cometido delitos leves, pero advirtió que la decisión de la excarcelación debe ser comunicada a la víctima del delito que cometió el detenido.

La resolución fue firmada por Borinsky debido a que defensores oficiales denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplían con un fallo previo, firmado el 8 de abril por el vicepresidente del Tribunal de Casación, Víctor Violini, que ordenó esa medida para los detenidos mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes.

Ya hay más de 700 presos con arresto domiciliario concedido. Y no todos cumplían penas o enfrentaban procesos por delitos leves.

El vicepresidente de Casación, Violini, aclaró hoy que el hábeas corpus por el concedido "no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas de fuego, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual, o delitos cometidos con violencia".

Violini remarcó a LA NACION que "solo los delitos leves podía acceder al arresto domiciliario".

Quince días después, Borinsky amplió la resolución de Violini. Sostuvo que los jueces de primera instancia "deben cumplir esa medida pese a que no haya adquirido firmeza" y detalló que esas libertades "están exceptuadas de la regla que impone el efecto suspensivo en los recursos".

"Haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza", se consignó en la resolución.

El magistrado amplió además la resolución que había adoptado el 8 de abril Violini y ordenó también a los jueces que en los casos de otorgar el arresto domiciliario "no solo deberán resguardar la integridad psicofísica sino también comunicarle la decisión" a la víctima del delito del preso que se libera.

De esa forma, el magistrado hizo lugar a un reclamo de asociaciones de víctimas de delitos que habían pedido que se les informe las condiciones en las que se cumplirán los arrestos domiciliarios.

El pedido colectivo del beneficio de morigeración de la pena con arrestos domiciliarios fue motorizado ante Casación por 19 defensores generales departamentales que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para aquellos detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo ante el posible contagio del coronavirus. La medida también se pidió para mujeres embarazadas.

Durante la presentación del hábeas corpus por parte de los defensores generales departamentales ante Casación hubo una audiencia con dos representantes del Poder Ejecutivo: uno del ministerio de Justicia y otro del ministerio de Seguridad.

El fiscal de Casación, Carlos Altuve no quedó conforme y apeló ante la Casación el hábeas corpus del 8 de abril. Pero la apelación fue rechazada por "inadmisible" por Borisnky. Y dispuso que las resoluciones deben cumplirse de manera inmediata.

Altuve ahora irá en queja a la Suprema Corte de Justicia provincial. El Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand -que es la cabeza del Ministerio Público donde actúan tanto defensores como fiscales- tendrá oportunidad entonces de expedirse, en caso que la queja sea declarada admisible.

El Procurador ya anticipó que no considera justas las liberaciones masivas de los detenidos ante la pandemia del Covid-19. No obstante, la última palabra la tendrá la Corte de Justicia provincial, la semana que viene.