Coronavirus: la Justicia no atenderá al público y dará solo una "prestación mínima"
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia dispuso que los tribunales no atenderán al público y darán solo una "prestación mínima" hasta fin de mes y que los abogados presentarán escritos de manera digital. Se dio licencia a los empleados de los juzgados y los jueces quedarán a cargo. Además, estarán de licencia los padres o madres a cargo de sus hijos mientras no haya clases, y se resolvió destinar un fondo especial de $40 millones para comprar lo necesario para enfrentar la pandemia de coronavirus.
No se trata de la declaración de la feria judicial, sino que se mantienen abiertos los tribunales para presentar denuncias y hacer trámites urgentes. Para el resto de las tareas se considerarán inhábiles los días entre el 16 y 31 de marzo.
También dispuso una "licencia excepcional con goce de haberes" para los mayores de 65 años, para quienes padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al coronavirus y las mujeres embarazadas. Se trata de una licencia voluntaria, aclaró la Corte en su acordada de hoy.
El mismo carácter tendrá la licencia para los "padres, madres, tutores o adoptantes" de menores que concurran a establecimientos educativos.
Además, y por primera vez en más de una década, la Corte utilizó el fondo anticíclico que tiene en plazos fijos: derivó $40 millones para cubrir los gastos que demande la atención de la pandemia.
La decisión de la Corte se conoció tras una fuerte controversia interna entre sus miembros y luego de una fuerte presión para que se declare la feria judicial (ver aparte).
La decisión fue firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Helena Highton de Nolasco. No firmó el juez Juan Carlos Maqueda, en cuarentena porque regresó anteayer de los Estados Unidos.
Por su parte, la Suprema Corte bonaerense resolvió disponer asueto en todo el ámbito provincial, con suspensión de los términos procesales, hasta el 31 de marzo. El alto tribunal determinó que durante ese período la prestación mínima del servicio de justicia se limitará a la atención de asuntos de urgente despacho o que no admitan postergación.
En la provincia de Buenos Aires se decidió que permanezcan habilitados los juzgados y tribunales de turno, con guardias mínimas, conformadas por un juez, un funcionario letrado y los empleados indispensables.
En los restantes organismos se instruyó la permanencia del magistrado o de un funcionario letrado en forma rotativa, sin la concurrencia del resto del personal. En la Corte bonaerense también habrá un sistema de guardias rotativas.
Las cámaras de apelaciones deberán organizar guardias para la atención de los asuntos urgentes, con presencia de los jueces o vocales. A las cámaras del fuero civil y comercial se las autoriza a incorporar juzgados de familia adicionales a los de turno, a fin de asegurar la debida prestación del servicio.
Además diversos organismos de la Justicia Federal tomaron sus propias medidas: otorgar asueto judicial, licenciar a sus empleados mayores de 65 años y a quienes estén a cargo de hijos escolarizados, organizar teletrabajo (home office) y reducir las plantillas a lo indispensable.
Antes de la decisión de la Corte, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había recomendado a los fiscales nacionales y federales de todo el país limitar la asistencia del personal a lo indispensable hasta el 31 de marzo, organizar trabajo en el domicilio y dar licencias a los mayores de 60 años o con padecimientos que los hagan entrar en situación de riesgo. Asimismo, dispuso justificar las faltas de los padres y madres a cargo de chicos escolarizados.
Una decisión similar tomó la Cámara Federal de Casación: resolvió permitir que no vayan a trabajar las personas en grupos de riesgo y los empleados y funcionarios de los juzgados federales y de los tribunales orales que estén a cargo de niños escolarizados. También dispuso reducir a la mitad la presencia de personal.
Lo hizo en una acordada en la que insistió en no congestionar edificios, evitar las aglomeraciones de gente en los ascensores y evitar el ingreso en los edificios judiciales de servicios de delivery.
La acordada busca además que se mantenga distancia entre las personas que ingresan a los edificios judiciales y que en cada dependencia la asistencia del personal sea de manera rotativa o por mitades.
La decisión lleva la firma de la presidenta de Casación, Ángela Ledesma, y de los jueces Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci.
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