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Coronavirus: investigan el reparto irregular de donaciones en un municipio rionegrino
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PARA LA NACIONLaureana Fuentes
SAN CARLOS DE BARILOCHE .- La intendenta, dos funcionarios y varios concejales de la localidad rionegrina de Dina Huapi, situada a unos 15 kilómetros de esta ciudad, fueron denunciados penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la presunta distribución "discrecional" de donaciones recibidas en el marco de la emergencia social declarada por la pandemia COVID-19.
La denuncia, presentada por el Tribunal de Contralor de ese municipio, ingresó al Ministerio Público Fiscal de Río Negro el lunes pasado, según confirmaron a La Nación fuentes judiciales. Allí se señala que diversas organizaciones políticas y sociales entregaron donaciones, pero que los funcionarios las distribuyeron sin avanzar con el procedimiento correspondiente. Por los hechos, hay una investigación en marcha y este mediodía se realizaba un allanamiento en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de Dina Huapi.
En conferencia de prensa, ayer los acusados desmintieron públicamente la información presentada ante la Justicia. Indicaron que la denuncia "es falsa" y que el Municipio simplemente colaboró con la distribución de esas donaciones en cuestión, entre las que había alimentos y elementos de limpieza. El argumento que dieron es que debido al estar en aislamiento preventivo sólo ellos tenían permiso para circular y poder realizar dicho reparto.
La denuncia alcanza a la intendente de Dina Huapi, Mónica Balseiro; los concejales Gerónimo Barraquero, Fabiana Mansilla y Gabriel Páez; al secretario de Desarrollo Social, Carlos Goncalves Da Rocha; y, al jefe de Gobierno, Armando Capo.
Según declaró Alejandro Pschunder –el asesor letrado del Tribunal de Contralor- "el municipio los repartió como módulos alimentarios entre las familias pero de modo discrecional porque nunca dijeron cómo lo habían hecho". Dijo a La Nación que "hay una supuesta lista de vecinos y estamos buscando ahora con el fiscal en la misma Secretaría para saber qué es lo que se hizo". A su vez agregó que hay "un tema de Ley de Ética también" porque uno de los funcionarios tendría parentesco directo con el referente del grupo Kolina, una de las organizaciones en cuestión.
Los denunciantes entienden que "la emergencia era social, no administrativa como para que suspendieran esos trámites". Precisaron que de acuerdo a la Carta Orgánica el intendente tiene obligación de elaborar una resolución para la aceptación de este tipo de donaciones y luego el Concejo Deliberante debe refrendarlo por ordenanza. Algo que a su entender "no se hizo".
Mansilla insistió ante la prensa que no hubo donaciones al Municipio y que por lo tanto no debían hacer ninguna resolución para aceptarla. Resaltó que sólo ayudaron a distribuir lo que las organizaciones tenían. Y agregó que el mismo Contralor semanas atrás ordenó una auditoría sobre un fondo común que se conforma con el aporte de una parte del salario de funcionarios y ediles para comprar alimentos y productos de limpieza para las familias que lo necesitan. "Como no encontraron nada salieron con esta denuncia falsa", apuntó.
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