Coronavirus: se abrieron dos investigaciones para determinar si hubo corrupción en la compra de alimentos

Dos investigaciones, una dentro del Gobierno y otra de carácter judicial, se abrieron para deslindar responsabilidades y determinar si hubo corrupción en la compra de alimentos con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de las medidas contra el coronavirus.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que depende del Ministerio Público Fiscal, ya motorizó una pesquisa preliminar para determinar si se debe avanzar con una denuncia penal contra funcionarios de la cartera que conduce Daniel Arroyo. Por su parte, la Oficina Anticorrupción (OA) abrió de oficio una carpeta para averiguar si hubo un acto de corrupción en la compra de alimentos que resultaron hasta 50% más caros que los Precios Máximos fijados por el Gobierno o si la operación estuvo amparada por la normativa de la emergencia, que habilita a hacer compras directas con un relajamiento de plazos y controles.

Alberto Fernández dijo esta mañana: "No puedo negar que hubo un caso de corrupción porque no lo sé, lo que sí sé es que algo se hizo mal en la compra de alimentos". El Presidente había anticipado que el propio Arroyo abriría un sumario interno en el ministerio para investigar lo ocurrido. Y ayer hubo un reconocimiento de la responsabilidad del Gobierno cuandofueron desvinculados de la cartera el secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, y otros 14 funcionarios.

La PIA, cuyo titular es el fiscal Sergio Rodríguez, recibió una denuncia el lunes a última hora de la abogada de la ONG Bajo la Lupa, Silvina Martínez, luego de que LA NACION revelara los sobreprecios en la compra de aceite y fideos, entre otros productos de primera necesidad adquiridos para dar respuesta a la urgencia alimentaria por la pandemia.

Rodríguez ya pidió copias de todo el expediente de la compra al Ministerio de Desarrollo Social y solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) informes sobre la composición accionaria de las empresas que participaron de la licitación: Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Taylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y M.H. Accurso SRL. Por último, le pidió a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe en qué otras licitaciones participaron esas empresas proveedoras del Estado.

Rodríguez, según pudo conocer LA NACION, no descarta hacer un planteo más integral por el régimen de contrataciones que quedó habilitado por la situación de emergencia motivada por el coronavirus y que permite hacer compras directas, sin licitación.

Carpeta de oficio

La OA en tanto, se disponía a hacer pedidos de informes para conocer el detalle de la contratación en Desarrollo Social. En paralelo, el organismo de control que conduce Félix Crous en conjunto con la subsecretaría de Fortalecimiento Institucional -que depende de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete- evaluaban avanzar con una serie de recomendaciones y pautas para ejercer un mayor control sobre las compras durante la emergencia.

El decreto 260/2020, que declaró la emergencia sanitaria a mediados de marzo, estipuló que "durante el plazo que dure la emergencia" los organismos "estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos".

Luego, la decisión administrativa 409/2020 de la Jefatura de Gabinete estipuló ciertas pautas para las contrataciones en el marco de la pandemia. Esa norma obligó a los organismos a consultar a la nómina de proveedores oficiales del rubro, a invitar como mínimo a tres oferentes, y a solicitar precios testigo a la Sigen. Es un procedimiento mucho más expeditivo, con menor competencia de precios y controles más lábiles que los que se implementan con una licitación pública.

La OA y la subsecretaría de Fortalecimiento Institucional evaluaban en las últimas horas la necesidad de fijar mecanismos que obliguen a una mayor participación de oferentes, con mayor publicidad de la contratación estatal y mayor intervención de los organismos de control. También analizaban impulsar un canal de denuncias más ágil para detectar desvíos o irregularidades.