Crece la preocupación por el acuartelamiento en Santa Cruz

RÍO GALLEGOS.- El acuartelamiento de un grupo de efectivos de la policía santacruceña continúa con intensidad en Caleta Olivia y en algunos sectores de Río Gallegos. La medida no se extendió al resto de las localidades, pero tampoco logró descomprimirse. Ayer, el gobierno provincial de Daniel Peralta denunció a decenas de policías por el delito de sedición ante la justicia federal, en tanto que las fuerzas nacionales de la Gendarmería y la Prefectura ya patrullan la localidad del norte santacruceño.

"La Justicia deberá investigar y determinar si se cometió el delito. Lo que buscamos es garantizar la seguridad de los habitantes", confirmó a LA NACION el fiscal del estado de Santa Cruz, Iván Saldivia.

Si bien los números varían sobre la cantidad de efectivos en la protesta, se estima que son más de 350 los policías que fueron denunciados bajo la figura de sedición, contemplada en el artículo 229 del Código Penal, que prevé una pena de prisión de uno a seis años para ese delito de sedición. La denuncia se presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos, subrogado por la jueza Andrea Askenazy Vera.

Ayer por la tarde, los uniformados -se denominan "autoconvocados"- acordaron en distintas asambleas un pedido que presentaron en la jefatura de policía y en la Casa de Gobierno. Pese al reclamo, voceros de la administración provincial adelantaron que no se podía enfrentar las mejoras salariales que reclaman los efectivos.

Los policías acuartelados solicitan elevar a $ 40 el punto, medida con la que se calcula el salario policial, de ese modo un agente que hoy cobra $ 12.648 de sueldo bolsillo (con antigüedad mínima, sin carga familiar y títulos) cobraría $ 15.616.

En lo que va del año, la fuerza recibió aumentos similares al resto de la administración pública: 12% en marzo y en julio un 8%; la suma total es del 20% para este año, cuando la inflación proyectada por las consultoras privadas es del 40 por ciento.

La situación más compleja se vive por estas horas en Caleta Olivia, la capital del polo petrolero. Allí se organizó el comité de crisis para coordinar el operativo de seguridad con miembros de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional, mientras localidades del interior seguían con atención lo que ocurría allí, aunque sin plegarse a la medida de fuerza.

El ministro de Gobierno, Gustavo Martínez, aseguró que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, sigue el caso con preocupación y concretó el envío de gendarmes a la ciudad.

"Ya contamos con 100 efectivos de la Gendarmería y 200 efectivos que se encontrarían listos a nuestro requerimiento, dada la necesidad de atender la seguridad", especificó Martínez. Y agregó: "El jefe de Gabinete de la Nación [Jorge Capitanich] dijo que no hay margen para que los servidores públicos realicen este tipo de medidas, porque en Santa Cruz está institucionalizado el Consejo del Salario como órgano natural para debatir y analizar este tipo de pedidos".

La tensión se respira en el aire, en cada rincón de Caleta Olivia. Ayer, desde el municipio aconsejaron no sólo cerrar temprano los comercios, sino que ordenaron que los locales nocturnos no abran sus puertas el fin de semana. En tanto, ante la falta de policías, vecinos de la ciudad se organizaban espontáneamente para realizar rastrillajes en la ciudad para intentar dar con el paradero de Rita Bejarano, de 48 años, docente que se encuentra desaparecida desde hace una semana.