Cristina Kirchner, al rescate de Alberto Fernández

Alfonso Prat-Gay combinó en un gráfico dos variables que explican casi todo. Performance de los oficialismos en elecciones de medio término y variación interanual del salario real. En 2017, cuando el salario había recuperado en un año 5% de su valor, Mauricio Macri obtuvo 42% de los votos. En 2013, cuando el salario había mejorado solo 2%, Cristina Kirchner cosechó un mustio 33%. Ella misma sacó 29%, con la traumática derrota de su esposo en la provincia de Buenos Aires, en 2009, cuando el salario real se había derrumbado a un 6%. Ayer se supo que la inflación de mayo fue del 3,3%. Si las proyecciones de los economistas se corroboran, y en el marco de las actuales paritarias, Alberto Fernández iría a las urnas con un salario real que se deterioró un 8% respecto del de un año atrás. Lo que las urnas le contesten es un misterio indescifrable.

Quien con mayor sensibilidad está observando este endiablado desafío es Cristina Kirchner. Preocupada, hiperactiva, intenta en salir al rescate de ese amante de la pintura que es Alberto Fernández. Desde la fijación de la pauta salarial para el Senado, hasta las insinuaciones sobre el sistema de salud, pasando por las últimas novedades de la política exterior, todas sus iniciativas apuntan a un propósito: complacer, a duras penas, a una base electoral que la sigue como la garante de un proyecto populista centrado en la distribución de recursos. Para que la fe de esa feligresía se sostenga hace falta un milagro. Todas las encuestas coinciden en que la ciudadanía cree estar viviendo peor que el año pasado pero mejor que el que viene. El malestar económico es el principal problema del 70% de la población. Aún para los estudios de La Cámpora y su consultora Analogías, el oficialismo ha perdido, por primera vez, encanto entre los jóvenes.

Según el ranking de eficiencia para gestionar la pandemia, la Argentina ha sido el peor de los 53 países que evalúa la agencia Bloomberg. La vicepresidenta no esperó esta información para intervenir en el discurso sanitario. Alertada por varios intendentes del conurbano sobre el costo social de las restricciones dispuestas por Axel Kicillof, ordenó relajar la cuarentena y, sobre todo, reabrir las escuelas. El gobernador obedeció, y ahora destina los estudios sociológicos de sus amigos del Conicet para apoyar la pava con la que toma mate.

La señora de Kirchner se hizo cargo también de ofrecer para los suyos una explicación de la desastrosa campaña de inmunización: vacunatorios vip, laboratorios vetados, vacunas que se pagaron y tardaron seis meses en llegar. Con esa falta de respeto por las evidencias que solo ella puede concederse, forjó un argumento que bordea lo delirante. Llamó a la gente a vacunarse. Es que, según ella, hubo muchos muertos porque las personas se negaron a inmunizarse. Quiere decir que, según Cristina Kirchner, no faltaron las vacunas. Estaban ahí, disponibles para quien las requiriera. Lo que sobraba es miedo. Como con la inflación, el culpable no es el Gobierno sino los gobernados.

Convertida en jefa de campaña, la vicepresidenta cambió los términos del problema. La discusión sobre la compra de vacunas, en la que el oficialismo tiene todas las de perder, fue reemplazada por otra tan ociosa como conveniente: la reforma del sistema de salud. Un reflejo condicionado de algunos analistas y de la oposición atribuye estos emprendimientos a La Cámpora. Sin embargo, el impreciso proyecto que la señora de Kirchner viene defendiendo se origina en la provincia de Buenos Aires. Los borradores se garabatean en IOMA, la obra social estatal que conduce Homero Giles, un médico formado en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. La idea central es redistribuir los recursos del sistema para fortalecer al sector estatal.

Mientras tanto, el sector privado sigue sometido a una crisis de financiamiento en plena pandemia. La ley establece que el Estado debe actualizar los precios según la evolución de un conjunto de costos, que nunca fue definido. Lo más parecido a esa definición es un informe técnico de la Superintendencia de Salud que, en octubre, estableció las actualizaciones. Respecto de ese informe, para abril la diferencia entre lo que el Estado recomendó como ajuste de precios y lo que el mismo Estado autorizó fue del 31,97%. La brecha tiende a ampliarse por la inflación y, sobre todo, por la paritaria del sector, que se celebrará en julio. Por lo tanto, se calcula que dentro de 30 días los costos de la medicina privada estarán superando a los ingresos en un 47,94%.

Más allá de estas inconsistencias técnicas, el mensaje de Cristina Kirchner tensa una relación política. Los sindicalistas están apaciguados, a pesar de la carrera inflacionaria que deteriora los salarios. Uno de los factores de esa paz es la administración de los subsidios a las obras sociales por parte de la Superintendencia de Salud. Hace dos semanas trascendió que los reformistas de La Plata pretendían cuatro lugares en ese organismo para avanzar con sus ideas. Se encendieron todas las alarmas en la CGT. Pero Héctor Daer, el delegado de Alberto Fernández ante sus pares, aseguró que la colonización de sus “cajas” por “los cubanitos”, como llaman a los sanitaristas de Kicillof, era una leyenda urbana. Daer cayó en la trampa de tantos otros. No había que hablar con el Presidente, sino con la vice.

Gente mucho más relevante que Daer debería aprender la misma lección. En especial en el campo internacional. Por ejemplo, Gregory Meeks, el demócrata que preside la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos, recibió a Sergio Massa y afirmó que “la Argentina comparte la visión política de su país”. Al día siguiente el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, se abstenía de condenar a la tiranía nicaragüense de Daniel Ortega, junto con sus colegas de México, Honduras, Belice y Dominica. La votación fue ganada por los 26 países que censuraron al régimen.

Durante el fin de semana, la policía de Nicaragua, que conduce un consuegro de Ortega, arrestó a cinco disidentes sandinistas. Y mantiene privados de su libertad a los aspirantes presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, la principal competidora de Ortega, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Ayer un grupo de más de 700 intelectuales y académicos, entre los cuales figuran varios investigadores argentinos, firmaron una carta repudiando esa represión electoral.

La Argentina emitió un comunicado con México reclamando por las reglas de juego en Nicaragua pero, al mismo tiempo, recriminando a los países que condenaron a ese país, por haber violado el principio de no intervención. En el caso argentino es una defección incomprensible. No tanto porque Alberto Fernández, como integrante del Grupo de Puebla, se haya cansado de suscribir comunicados sobre la vida doméstica de muchos de sus vecinos. La verdadera incoherencia es haber olvidado lo que significó la intervención de la OEA en los asuntos internos de la Argentina para denunciar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar. En el caso nicaragüense el kirchnerismo vuelve a demostrar que defiende solo los derechos de algunos humanos.

La controversia por Nicaragua arruinó el viaje de Massa. Mientras él explicaba en Washington que, si se la observa con detenimiento, la diplomacia kirchnerista coincide con la de Estados Unidos, el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken. hablaba con Felipe Solá para pedir el voto a favor de la condena en la OEA. La embajada norteamericana emitió un comunicado sobre ese pedido. Solá contestó con una negativa. La explicación de fondo siempre es la misma y se podría simplificar en el cinismo de esta consigna: “A Ustedes les conviene tenernos cerca de los dictadores para contenerlos”. Es la lógica de Massa cuando explica a los norteamericanos su cercanía con el Presidente y, sobre todo, con la vicepresidenta. En los próximos wikileaks quedará claro.

La tibieza frente a las tropelías de Ortega tiene varias motivaciones. Una pequeña es el malestar de Cristina Kirchner y, por lo tanto, de Fernández, con Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Se originó en el monitoreo de Almagro durante las elecciones bolivianas de 2019, cuando se detectaron maniobras fraudulentas. En esa oportunidad el uruguayo denunció la presencia de dos supuestos espías argentinos en la misión de auditoría: eran Gerónimo Ustarroz y Santiago Eguren, militantes de La Cámpora que hoy ocupan elevadas funciones en Justicia. La declaración de Almagro terminó con la amistad del Presidente y la vice con Gustavo Cinosi, mano derecha del secretario de la OEA y puente habitual entre Massa y algunos funcionarios norteamericanos.

Los rencores suelen mover la historia. Pero en la posición frente a Nicaragua influye otra variable: el Gobierno está empeñado en cumplir un papel estelar como impulsor de una transición hacia la democracia de otra dictadura. La de Nicolás Maduro en Venezuela. La presencia de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en la embajada argentina para festejar el 25 de Mayo, donde coincidió con algunos opositores al régimen, fue un indicio de esa aspiración. El próximo paso podría ser el inicio de conversaciones entre funcionarios de Maduro y dirigentes opositores en México. Intervendría también España: en la administración de Pedro Sánchez pesa cada vez más José Luis Rodríguez Zapatero, tan amigo de Maduro como rival de Felipe González, un fiscal implacable de la tiranía chavista. Las relaciones del socialismo español con la dictadura caribeña no son del todo claras. Quedó demostrado en el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid, en un vuelo de la misteriosa aerolínea Plus Ultra que sigue dando que hablar por un detalle familiar en estos viajes: la cantidad de valijas que se ingresaron sin registro. Un homenaje a Alejandro Antonini Wilson, protagonista de un escándalo similar que terminó en la nada porque el juez Pablo Yaradola y el fiscal Pablo Turano dejaron que la causa prescribiera.

Otro actor relevante de la mediación sería Holanda, que linda con Venezuela por su Guyana. Los holandeses son claves como interlocutores de los Estados Unidos. El principal, casi único, objetivo de Maduro es conseguir que se levanten las sanciones económicas que pesan sobre su administración. Y eso se decide en Washington. La incógnita que queda por despejar: ¿a pedido de quien se sentará la Argentina en esa mesa? ¿Del tirano o de sus rivales? ¿A quién querrá “contener” Fernández? No es difícil imaginar la respuesta.

Esta pulsión bolivariana de la política exterior, que Cristina Kirchner ofrece a sus seguidores como un caramelo de madera para atravesar el desierto de la economía, aspira también a otro objetivo coyuntural: capturar la conducción de la Corporación Andina de Fomento, un banco que administra 15.000 millones de dólares. La presidencia del organismo se decidirá el próximo 5 de julio y Fernández postuló para esa competencia a Christian Asinelli. Es un protegido de Gustavo Beliz, militante del PJ Capital. El Gobierno dependería para ganar esta contienda, en la que Asinelli compite con el colombiano Sergio Díaz-Granados, del auxilio del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, ya que, como miembro fundador, su país posee doble voto. Pero Castillo asumirá el 28 de julio. Una pregunta elemental: si se pudiera ganar, ¿Beliz cedería ese lugar para Asinelli?

La ficción por la cual Fernández se acerca a los regímenes autoritarios como un caballo de Troya de las grandes democracias choca contra la realidad. Blinken habló con Solá y recibió un no como respuesta. Guzmán ayer habló Wally Adeyemo, el segundo del Tesoro norteamericano, que es el encargado de las relaciones internacionales. Guzmán uno, Massa cero. El diputado soñó con una foto parecida. Guzmán pidió apoyo para evitar el default con el Club de París. Adeyemo pidió un plan económico aceptable para el FMI. Mal pedido para hacer el día en que se comunicó una inflación mensual del 3,3%. Adeyemo, como el secretario Blinken, como el representante Meeks, deberían aprender la lección de Daer: mejor hablar con Cristina.