Cristóbal López y Fabián De Sousa desisten de un reclamo millonario contra la AFIP

Ceder para avanzar. Los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa desistieron de cuatro reclamos contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por más de $1038 millones. ¿Motivo? Queda a un paso, con esos desistimientos, de que el organismo al fin les dé su luz verde para acogerse a la moratoria.

López y De Sousa presentaron sus desistimientos en tres Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal, como así también en un incidente de la quiebra de su petrolera, Oil Combustibles, para luego comunicarle su decisión a la jueza en lo Comercial, Valeria Pérez Casado.

“Mi parte ha procedido a desistir y pedir la conclusión definitiva de las respectivas causas judiciales”, informó el abogado de ambos, Eduardo Favier Dubois, quien detalló cuáles eran esos expedientes del fuero Contencioso, iniciados en 2016, 2017 y 2018.

La decisión de los patagónicos se concretó apenas 24 horas después de que De Sousa y su abogado participaran junto a representantes de la AFIP y de la sindicatura en una audiencia convocada por la jueza Pérez Casado para evaluar si era posible destrabar el acogimiento a la moratoria como paso previo, a su vez, para levantar la quiebra de Oil.

Durante esa audiencia quedó claro que una de las trabas era la combinación de reclamos cruzados entre los patagónicos y la AFIP que se encontraban plasmados en varios expedientes, como así también en diversos incidentes del concurso –y posterior quiebra- de Oil.

La madeja incluye, también, una discusión más de fondo, según reveló el letrado de López y De Sousa, en un escrito que presentó en el fuero Contencioso Administrativo Federal. ¿Cuál es esa discusión? Que la AFIP sostiene que quien quiere acogerse a la moratoria debe incluir todo lo que adeuda, mientras que López y De Sousa sostenían que sólo querían regularizar ciertas deudas porque otras las habían llevado a la Justicia para discutirlas.

“En efecto, en una reunión mantenida por representantes de OCSA y funcionario de la AFIP se nos hizo saber el criterio de la AFIP de que todas las deudas fiscales que aparecen en el sistema deben ser incluidas en la adhesión a la moratoria y que de no hacerse era muy posible que se denegara la conformidad”, detalló Favier Dubois, quien consideró que la posición de la línea del organismo era “contraria a derecho”.

Ayer, sin embargo, López y De Sousa decidieron cerrar esa discusión y desistir de sus reclamos:

l Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2: el monto sujeto a discusión desde 2016 ascendía a $ 542,4 millones de capital, más intereses;

l Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11: presentado en 2017, el contrapunto se desarrolló alrededor de $ 10,3 millones, más intereses;

l Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9: el cuestionamiento de López y De Sousa se centró desde 2018 en dos planes de facilidades de pago por un total de $ 465,8 millones que la AFIP había anulado.

l Incidente número 67 en la quiebra de Oil Combustibles, Juzgado en lo Comercial N° 5: el contrapunto con la AFIP superaba los $ 20,1 millones.

Por su parte, la AFIP también puso paños fríos al contrapunto. Durante la audiencia convocada por la jueza Pérez Casado, sus abogados aclararon que los plazos para avanzar con la moratoria no vencen hoy, miércoles, para López y De Sousa. “En la medida que no esté rechazado el pedido de acogimiento al plan, el trámite se encuentra activo, y eventualmente podría prorrogarse”, afirmaron.

López y De Sousa quedaron, ahora, a un paso de acceder a la moratoria, aunque resta que la AFIP comunique a la Justicia cuál será el monto final de la deuda que quedará sujeta a las facilidades de pago.

El 9 de marzo de 2020, por lo pronto, los técnicos de la División Cobranzas Judiciales y Sumarios de la AFIP sostuvieron que Oil Combustibles le adeuda al fisco al menos $6739,4 millones en un proceso y otros $ 1507,7 millones en otro –es decir, más de $8247,1 millones-, mientras que otros $3548,4 millones se encontraban en discusión –parte de los cuales ahora quedaron allanados-. Es decir, un total de $ 11.800 millones, entre capital e intereses, cifra que ahora puede variar.