Dura crítica de EE.UU. al Gobierno y la Justicia

WASHINGTON.– La denuncia por fraude contra el ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la campaña conocida como "Clarín miente" y las presiones del Gobierno contra la libertad de expresión quedaron fuertemente reflejadas ayer en el extenso capítulo que el gobierno de Barack Obama destinó a evaluar la situación de la Argentina en materia de derechos humanos.

El habitual diagnóstico que el Departamento de Estado hace sobre la situación de los derechos humanos en el mundo tiene este año 25 páginas con consideraciones respecto de la Argentina. Y menciona las denuncias de entidades civiles sobre sospechas de parcialidad en procedimientos judiciales. El documento, que presentó Hillary Clinton, cita, entre los casos aún no cerrados, los que involucran a los fondos de campaña de Cristina Kirchner, cuyo expediente lleva ya varios años, y la investigación por fraude del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

El único juez federal que se identifica por su nombre es el controvertido Norberto Oyarbide, de quien recuerda que tiene a su cargo la causa por los fondos de campaña de Kirchner . "En 2008 acusó a su entonces jefe de campaña, Héctor Capaccioli, por su participación en la trama, pero el juicio aún estaba pendiente a fin de año [2011]", detalla el informe.

"La combinación de debilidad institucional y un sistema judicial a menudo politizado e ineficaz diminuyen las posibilidades de combatir la corrupción", describe el texto.

Al contestar preguntas de LA NACION, el secretario adjunto para Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado, Michael Posner, aseguró que el gobierno de Obama está "muy atento, no sólo en la Argentina, sino también en todo el mundo, sobre la amplitud de métodos que tienen los gobiernos para aplicar censura" a la libertad de expresión.

"A veces se aplican amenazas directas", dijo, pero en otros casos puede ser que esa presión se efectúe como "recursos indirectos" pero legales, como por ejemplo la concesión de licencias.

"Creemos firmemente en la libertad de expresión en todas sus formas y llamamos a los gobiernos a ser especialmente respetuosos en ese aspecto", dijo Posner, quien dialogó especialmente con corresponsales extranjeros para presentar el informe.

En su introducción, el documento identifica como "los principales problemas" de la Argentina en materia de derechos humanos al "uso excesivo de la fuerza policial, que a veces derivó en muertes; acciones que amenazan la libertad de prensa, y la infracción continua de los derechos de los pueblos indígenas", así como la "corrupción oficial".

Recoge luego presiones contra la prensa y "acciones indirectas de censura", entre las que cita el bloqueo a la salida de los diarios LA NACION y Clarín, sumado a la complicidad policial que nada hizo –expresa– para "garantizar" el derecho a la libre circulación de prensa.

Cita, asimismo, el despliegue de la campaña "Clarín miente" en edificios públicos, como por ejemplo el Mercado Central, "una entidad administrada en conjunto por los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires", o el hecho de que "se obligara a sus empleados a usar gorras" con la misma leyenda.

La descripción de la campaña no llega, sin embargo, a incorporar el caso de las medias con la citada leyenda que se distribuyeron, días atrás, durante la gira de Cristina Kirchner por Angola, porque para entonces el detallado informe estaba ya cerrado.

En el mismo apartado referido a la condición de la libertad de expresión y de prensa en el país, el documento menciona las denuncias por "arbitraria" distribución de la publicidad oficial. En ese punto, suma entre los perjudicados al diario Perfil.

Cita también la disposición judicial para que editores de determinados diarios "informen la identidad" de los periodistas que informan sobre índices de inflación alternativos al oficial, que supervisa el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. "El índice oficial de inflación ha sido denunciado periodísticamente como impreciso."

Asimismo, en las denuncias sobre corrupción política, debilidad institucional y la falta de independencia judicial, cita especialmente el supuesto "fraude con fondos públicos" cometido por Sergio Schoklender, el ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El informe avanza en precisiones sobre el caso e incluye la acusación del ex apoderado en el sentido de que "hubo corrupción del Gobierno" en la administración de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales que, en realidad, "se usaron para financiar gastos de campaña política" y que los proyectos se otorgaban "sobre la base de coimas".

Recuerda que hay casi US$ 200 millones en dinero de los contribuyentes de por medio y, al igual que en el caso de la financiación de campaña de Kirchner, recuerda que el caso "aún sigue abierto".

Posner, en tanto, recordó que Madres de Plaza de Mayo "es una entidad que tuvo un trabajo reconocido" en años difíciles de la Argentina. "No haremos comentarios adicionales porque el caso aún se está ventilando judicialmente", añadió, ante una pregunta de LA NACION.

El texto recuerda entre los casos aún irresueltos el de supuesta financiación irregular de la campaña de Cristina Kirchner, destapado en 2007, y el del ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime.

En este capítulo subraya especialmente las quejas de organizaciones no gubernamentales por "negación arbitraria" del derecho a la información, pese a que se encuentra reconocido por ley.

El capítulo argentino

• Introducción. Define como los principales problemas del país el uso excesivo de la fuerza policial, acciones contra la libertad de prensa y la corrupción oficial.

• Libertad de prensa. El documento cuestionó el bloqueo a los diarios LA NACION y Clarín y la presión sobre los periodistas que escriben sobre inflación.

Derechos humanos

• "La combinación de debilidad institucional y un sistema judicial a menudo politizado e ineficaz disminuyen las posibilidades de combatir la corrupción"
  
  Informe del Departamente de Estado sobre la Argentina