Cuáles son las razones que llevan al Gobierno a acelerar el tratamiento de la “ley ómnibus”

“No queremos que se escape la tortuga”. Un colaborador oficial ilustró así la ansiedad que se vive en el Gobierno con las negociaciones que se están dando en el Congreso para juntar los votos para la ley ómnibus de Javier Milei. En La Libertad Avanza aceleraron el tratamiento del proyecto, al punto de pretender sesionar este fin de semana para conseguir una media sanción en Diputados que le dé un primer espaldarazo a la iniciativa oficial. Con ese paso dado, reconocen en la Casa Rosada, eventualmente se podrían estirar las sesiones extraordinarias a los primeros días de febrero para rematar el asunto en el Senado, que tiene su reglamento y sus tiempos.

En Balcarce 50 dicen que el apuro por llevar el proyecto al recinto no obedece al paro de la CGT con movilización previsto para el próximo miércoles, como se especuló en las últimas horas. El Gobierno pretende darle a la huelga general el mismo estatus que otras protestas, con la aplicación del protocolo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich para exhibir el control sobre la calle. De eso se conversó bastante en la reunión de gabinete que el pasado domingo Milei improvisó en la quinta de Olivos, que se extendió con un asado “a la romana”, donde -supuestamente- cada ministro pagó por su comida.

Lo que impulsa al Gobierno a imprimirle vértigo al tratamiento de la ley ómnibus es un cálculo político más profundo. En la Casa Rosada entienden que tienen que aprovechar el “veranito” que, según los sondeos que leen, está teniendo Milei en la opinión pública, y que le asignan al Presidente “cerca de 60 puntos” de imagen positiva. Un capital que, reconocen, comenzará a desgranarse con el correr de las semanas conforme siga impactando el ajuste en los bolsillos.

La mirada que tienen muy cerca de Milei es que la “política” tiene que leer este momento político y acompañar al Gobierno. “[El titular del bloque de la UCR, Rodrigo] De Loredo puede protestar todo lo que quiera pero va a tener que votar el proyecto porque sino lo van a matar en la calle”, comentó ayer un ladero del Presidente. Milei recarga las tintas contra los legisladores y juega al fleje muy confiado en el paisaje político actual, convencido de que, al final del día, los bloques no peronistas no querrán votar junto al kirchnerismo.

Pero, al mismo tiempo, el oficialismo acelera los tiempos por temor a que se le cierre la ventana de oportunidad. “Si se empantana no lo sacamos más”, reconoció un colaborador que está siguiendo de cerca las negociaciones en Diputados. Y apuntó: “El Gobierno necesita un espaldarazo político para hacer frente a los muchos desafíos que tiene por delante. Se necesita a un presidente fortalecido porque sino se debilita aún más la moneda y esto es un tobogán. Y sabemos que en la oposición hay quienes apuestan a esto”.

La otra razón que esgrimen en la Casa Rosada para imprimirle velocidad al tratamiento del proyecto tiene que ver con lo fiscal. “(Luis) Toto Caputo necesita las herramientas que le da la ley con urgencia para llegar con la meta de déficit cero, cada día del año cuenta”, dijo un colaborador en Balcarce 50. Los ministros económicos -además de Caputo, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro- vienen reclamando internamente que se aprueben con urgencia las medidas vinculadas a sus áreas que quedaron entremezcladas con el ambicioso paquete de reformas que el Poder Ejecutivo volcó en el proyecto. Si la ley se aprueba, se necesitarán varios días más para su implementación efectiva.

En el Gobierno también reconocen que los mercados, los inversores y el FMI están midiendo la sustentabilidad del gobierno de Milei a partir de esta ley. Muy lejos de tener mayoría en las Cámaras, el libertario hizo una apuesta muy arriesgada con el envío del megaproyecto y ahora necesita ganar la jugada para enviar una señal de fortaleza política.

Letra chica

Más allá de la estrategia política global, en lo concreto los tiempos están sujetos a la negociación de la letra chica que se viene dando desde el martes en Diputados con bloques de Pro, Hacemos Coalición Federal y la UCR, los más proclives a acompañar. Cada día, los enviados del Gobierno a la negociación en el Congreso se llevan un rosario de apuntes y pedidos de cambios para discutir en el seno del Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos más conflictivos es el de las jubilaciones. El artículo 106º de la “ley ómnibus” propone suspender la fórmula de movilidad actual y darle al Poder Ejecutivo todas las prerrogativas para actualizar discrecionalmente las prestaciones. Los bloques potencialmente aliados quieren que se ponga por escrito que, si se pasa a un esquema sin fórmula, las prestaciones no perderán contra la inflación. La Casa Rosada y el Ministerio de Economía rechazan de plano una indexación por inflación.

“Indexación no, está prohibido”, insistieron en las últimas horas en la Casa Rosada. Dejaron entrever, sin embargo, que una posibilidad que se conversó internamente es la de acelerar una nueva fórmula de movilidad para reemplazar a la actual (que quedó desfasada con la inflación y es muy perjudicial) y conseguir así el apoyo legislativo.

La iniciativa que envió Milei dice que hay que facultar al Poder Ejecutivo a establecer un nuevo cálculo, pero no pone un plazo. De hecho, hasta la semana pasada el Ministerio de Economía no había avanzado ni remotamente con la elaboración de una nueva fórmula y la apuesta era la de tener discrecionalidad para, en los próximos meses, “realizar aumentos periódicos priorizando a los beneficiarios de más bajos ingresos” y “protegiendo el poder adquisitivo de los jubilados”, aunque sin precisar cómo.

De querer avanzar con una nueva fórmula, los plazos para aprobar la ley ya no dependerán tanto de las negociaciones en Diputados como de los tiempos del propio Poder Ejecutivo. Caputo está en Davos con Milei hasta el viernes.

El otro capítulo árido del proyecto es el de la reforma política y que incluye la derogación de las PASO, el sistema de circunscripción uninominal para la elección de diputados nacionales y un cambio en la representación de las provincias en la Cámara baja (que implica que 18 provincias pierdan bancas). Una parte del Gobierno apunta a desglosar ese fragmento del proyecto para dar la discusión más adelante. Pero el ala más intransigente y audaz del Poder Ejecutivo insiste con sostener esos artículos y someterlos al debate.

Saben que la modificación de la representación de las provincias en la Cámara no encontrará consenso pero especulan con que puede haber una sorpresa con el sistema de circunscripción uninominal, que es rechazada por Juntos por el Cambio pero puede tener atractivo para el peronismo bonaerense. Quienes analizaron el impacto del cambio de sistema dicen que Diputados se podría convertir en la “Cámara del conurbano”.

Parece delirante suponer que el Gobierno se valga de los bloques aliados para lograr la votación de la ley en general y cuente con el favor de Unión por la Patria para ese capítulo en particular. Lo más probable, si se insiste con el capítulo electoral, es que se empioje toda la discusión.