En un eventual juicio político contra uno o varios miembros de la Corte Suprema, la palabra final la tendrá el Senado, que tiene la facultad de actuar como juez de sentencia según lo establece el artículo 59 de la Constitución.
La Cámara baja oficiaría como fiscal, elaborando las pruebas contra el acusado. Las únicas causas válidas para destituir a un funcionario por juicio político son mal desempeño de sus funciones o la comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones.
Quien debe dictaminar sobre la existencia o no de estas causales es la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Una vez aprobada la acusación en comisión, el dictamen debe ser aprobado por el pleno del cuerpo con mayoría de las dos terceras partes de los presentes.
Si el proyecto obtiene esa mayoría especial, el proceso pasará al Senado, que tendrá que escuchar los alegatos del acusado y los cargos planteados por una comisión de diputados en sesión secreta. El mismo tenor tendrá el debate final en el recinto del Senado quedando a conocimiento público sólo la votación, que deberá ser nominal y tendrá que obtener el apoyo de las dos terceras partes de los presentes.
