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De la Rúa argumentó que no puede juzgarse el megacanje
El ex presidente fue indagado hoy por presunto fraude contra el Estado; sostuvo que la operación fue una decisión de política económica que no puede juzgarse
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El ex presidente Fernando de la Rúa volvió hoy a los tribunales federales, donde fue indagado en la causa que investiga si cometió un millonario fraude contra el Estado cuando realizó el denominado "megacanje" de la deuda externa en 2001, durante la última etapa de su gobierno.
La defensa del ex mandatario confió a LANACION.com que De La Rúa versó su declaración en que el megacanje fue una decisión de política económica que "no puede ser materia de los tribunales".
Lo escuchaba del otro lado del escritorio el juez federal Jorge Ballestero, a cargo de la investigación.
Además, el ex jefe del Estado pidió más precisiones sobre la acusación en su contra, a la que calificó como "poco clara", según dijo uno de sus abogados, Virgilio Loiácono.
Ballestero decidió citar a De la Rúa luego de un pedido formulado el pasado 10 de julio por el fiscal Federico Delgado, quien considera al ex presidente y a otros funcionarios responsables de un fraude cercano a los 40.000 millones de dólares.
La operación. De la Rúa realizó el canje de títulos de la deuda externa a mediados de 2001, a través del decreto 648/01, y siempre lo mostró como uno de los mayores logros de su gobierno, pero a fines de ese año debió renunciar en medio de una gravísima crisis económica, política y social.
El megacanje consistió básicamente en el diferimiento de una parte de los vencimientos de pago que debían producirse en el año 2000 y fueron aplazados para 2005 en adelante. Como contraprestación, la Argentina pactó tasas de interés que habrían comprometido su capacidad para afrontar los pagos de la deuda, reprogramados hasta el año 2031.
La causa que conduce Ballestero fue iniciada cuando legisladores nacionales radicaron una denuncia por el fraude que involucraría al Estado y a los bancos que intervinieron en la refinanciación: Galicia, Santander, Francés, Boston, HSBC, J.P. Morgan y Salomon Smith Barney.
En su defensa, De la Rúa negó la imputación y que al decidir la operación haya sabido que "sería desventajosa o que generara un lucro indebido a favor de las entidades designadas como colocadores".
