De Tecnópolis a las telenovelas: una caja de fondos públicos que terminó en la Justicia

Desde un stand en Tecnópolis hasta una usina de carbón en Río Turbio. Desde una pileta cubierta en Villa Tesei hasta una telenovela producida por Andrea del Boca. Estos variopintos emprendimientos tienen algo en común: fueron contratos soportados con fondos públicos que la administración kirchnerista trianguló a través de universidades nacionales. Y todos terminaron judicializados.

El kirchnerismo vulneró el alcance de la tradicional extensión universitaria (que les permite a las casas de estudios brindar un servicio a la sociedad) para, en distintas ocasiones, eludir las normas de compras y contrataciones y poder utilizar la caja pública con controles laxos.

El caso icónico fue el de Río Turbio, la causa que llevó a el exministro superpoderoso Julio De Vido a la cárcel. La Justicia determinó que existió un fraude contra el Estado con el desvío de más de $265 millones en las obras para refacción de la mina de carbón y una central térmica que nunca se inauguró. El proyecto se financió mediante un acuerdo con la UTN y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz. El 10% adicional que percibía cada una de estas dos instituciones -para la Justicia-se tradujo en sobreprecios.

Antes que esta causa estallara existieron alertas. La Universidad Nacional de San Martín (Unsam) funcionó como un conducto del dinero para uno de los primeros stands de Tecnópolis en 2011: una pareja de funcionarios de Planificación autorizó un presupuesto de $13 millones para el pabellón de Vivienda de la feria y luego recibió parte de esos mismos fondos a través de su empresa de eventos, Multideas SRL. La casa de estudios no fue más que el vértice de un triángulo para que los funcionarios no se contratasen directamente a sí mismos.

La misma universidad quedó envuelta en un caso de supuesta defraudación al Estado por la financiación con $36 millones para la telenovela Mamá corazón, producida por la productora A+A Group SRL, que tiene entre sus socios a Andrea Del Boca. La tira nunca llegó a emitirse. El rector de la universidad fue indagado este año.

El corolario de esta historia llegó con una batería de 52 denuncias del fiscal Guillermo Marijuan a universidades nacionales por presunta malversación de caudales públicos. El fiscal pidió que se investigue la distribución de $747 millones a universidades públicas entre noviembre y diciembre de 2015, pocas semanas antes de que Cristina Kirchner dejara el poder.

Esa denuncia provocó el repudio del Consejo Interuniversitario Nacional que señaló que se trató de "un ataque generalizado al sistema de educación superior pública" y de "una denuncia indiscriminada, con argumentaciones generales".

Con Cambiemos

En medio de esta confusa situación, apenas asumió en el gobierno, la gestión de Mauricio Macri anunció que terminaría con los contratos con universidades para ponerle un punto final a la "caja boba". Dijo que podría un fin tanto a los "convenios de asistencia técnica" previstos para contratar personal como a los acuerdos para que las casas de estudios se conviertan en proveedoras de bienes y servicios.

Esa proclama se tradujo en un decreto, el 336/2016, firmado el 10 de febrero de 2016, en el que se estipuló terminar con los convenios con universidades nacionales cuya continuidad no se solicitara expresamente. Pero según señaló la ONG Bajo La Lupa, de Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, en un informe basado en un pedido de información pública, "un año después [de la firma del decreto 336/2016] se registraron 439 convenios y otro tanto en 2017".

La ONG de la exdiputada de GEN denunció penalmente uno de esos convenios, firmado por el Ministerio de Energía con la regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), para la provisión de personal dedicado a "coordinar tareas de análisis y seguimiento en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo". Stolbizer comparó este contrato con el de Río Turbio.

El exministro Aranguren reaccionó en duros términos. "No somos lo mismo, no tenemos un doble estándar", dijo en alusión a la comparación con el kirchnerismo. Pero en su réplica el exministro también dio cuenta de lo gravitantes que eran los convenios con universidades, porque dijo que a diciembre de 2015 el Ministerio de Energía tenía una planta de 2663 personas, de las cuales el 57% estaban contratadas bajo la modalidad de asistencia técnica con universidades, y que para septiembre de 2017 el 34% de la planta seguía bajo esa modalidad.