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Defensa de la propiedad privada: el Gobierno envió al Senado un proyecto que establece el juicio sumarísimo para los desalojos por usurpaciones
La iniciativa dice que busca fortalecer la seguridad jurídica; contempla cambios en la legislación impulsada por el kirchnerismo que limitaba la adquisición de tierras por extranjeros
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LA NACIONGustavo Ybarra
Mientras todavía resuenan los escándalos por la criptomoneda $Libra y los avatares turísticos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno envió al Senado el proyecto de ley que intenta reestablecer y reforzar la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica mediante la modificación de una serie de leyes sancionadas durante el kircherismo.
La iniciativa es de amplio espectro, como suele ocurrir con los proyectos del Gobierno de Javier Milei, y contiene también una modificación al Código Procesal Civil y Comercial que establece la aplicación del juicio sumarísimo en el caso de juicios por desalojo de viviendas y propiedades rurales.
La misma inmediatez se establecería de sancionarse la norma en los casos en que el propietario reclame la restitución de un bien usurpado u ocupado por la fuerza. En este caso, los jueces deberán tramitar en un plazo de cinco días el pedido ante la intrusión de inmuebles urbanos y rurales.
También introduce modificaciones al régimen de expropiación. En lo que pareciera un giro inspirado en la controvertida enajenación de YPF dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner, la administración libertaria ahora intenta endurecer los requisitos para poder tomar posesión de bienes de terceros por parte del Estado.
Así, el proyecto incorpora la exigencia de aprobar la declaración de utilidad pública previa a la expropiación, la que a su vez deberá cumplir con requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que la iniciativa propone de manera taxativa.
Además, el legislador y la administración nacional estarán obligados a justificar que la expropiación es el medio menos restrictivo para alcanzar el interés público. Para evitar maniobras devaluatorias, el texto obliga a adoptar el valor del bien sujeto a expropiación al momento anterior a cualquier acto del Estado o la administración pública que hubiese podido influir en su cotización. También incluye el pago del lucro cesante en la indemnización
En los fundamentos del proyecto, que todavía no tiene giro a comisiones para su discusión, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa apunta a “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”
En una crítica velada al kirchnerismo, el Poder Ejecutivo sostiene que en los últimos años en la faz legislativa “se pueden observar regulaciones que no respetan correctamente el derecho de propiedad”, situación que “ha generado limitaciones inconstitucionales e inseguridad jurídica”.
Basada en seis ejes, el proyecto también introduce severos cambios en otras tres leyes emblemáticas del kirchnerismo, como son las restricciones al acceso a la propiedad para extranjeros, el impedimento para disponer de un bien rural afectado por un incendio, limitación introducida en la ley de manejo del fuego, y el programa de regularización urbana de barrios de emergencia y villas.
Así, sobre la última norma, en los fundamentos del proyecto se critica el régimen impulsado por el kirchnerismo y aprobado en el gobierno de Mauricio Macri, destacando que desde su sanción, hace siete años, sólo se ha regularizado el 0,8% del suelo de los barrios populares.
Ahora, el gobierno libertario propone una descentralización del régimen, dejando en las provincias y los municipios la facultad de establecer los mecanismos de regularización dominial.
Por otra parte, se eliminan las restricciones al acceso a la propiedad de tierras por parte de ciudadanos extranjeros por considerarlas una “limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, sobre todo en el ámbito agropecuario”.
El proyecto limita el impedimento y sólo permite el control de aquellas operaciones en las que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas con otros Estados.
En ese sentido, también elimina la prohibición por 20 años de vender inmuebles rurales afectados por incendios, limitación incorporada en la ley de manejo del fuego e inspirada en las sospechas del kirchnerismo en que los siniestros tenían por objeto desforestar los terrenos para aplicarlos a un negocio más rentable, como la siembra de soja.
Ahora, el Gobierno propone cambios aduciendo que la necesidad de “reestablecer el equilibrio entre la protección ambiental y el derecho de propiedad”. Lo hace proponiendo acotar la prohibición de venta a aquellos terrenos que se encuentren alcanzados por las leyes de protección de bosques nativos y de defensa de la riqueza forestal.
