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Dejaron libres a diez militares en Chaco
Estaban acusados por violación a los derechos humanos
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RESISTENCIA.- Los diez militares que se encontraban detenidos en esta capital debido a la causa denominada "Masacre de Margarita Belén" quedaron ayer en libertad, poco después de las 13, al hacer lugar la Cámara Federal de Resistencia al hábeas corpus presentado por el defensor oficial Carlos Pujol.
Además, se resolvió declarar la incompetencia del juez federal Carlos Skidelsky, que entendía en los sucesos donde murieron 22 perso0nas en 1976.
Los querellantes, que apelarán a la medida, habían denunciado anteriormente maniobras para apartar al juez Skidelsky, y el diputado Mario Bosch calificó lo actuado por la cámara como "una barbaridad jurídica" y consideró que se trata de "una zancadilla para que continúe la impunidad".
Los sucesos que trataba el juzgado federal de Resistencia ocurrieron el 13 de diciembre de 1976 y allí murieron 22 personas. En esa oportunidad se trató el caso como "un enfrentamiento y un intento de fuga" por parte del Ejército. Años más tarde, el ex jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, que ese año cumplía las funciones de secretario general de la gobernación del Chaco, dijo que por investigaciones realizadas por él mismo este suceso "había sido un fusilamiento".
Los diez detenidos, tres de ellos coroneles en actividad, llegaron a Resistencia y fueron alojados en la Guarnición Militar local después de que el juez pidió la detención. A partir de entonces, seis de los diez militares estuvieron frente al juez, pero se negaron a declarar, mientras que el defensor oficial se propuso como estrategia lograr que la causa vuelva a foja cero.
Los detenidos eran el coronel Jorge Larrateguy, que no arribó a Resistencia por estar enfermo, Athos Renés, Norberto Raúl Tozzo, Aldo Martínez Segón, Rafael Carnero Sabol, Alberto Pateta, Ernesto Simoni, Ricardo Guillermo Reyes, Horacio Losito, y Germán Riquelme, estos tres últimos coroneles en actividad.
Rosario fue el destino del expediente del caso de Margarita Belén en 1980, cuando el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín estableció que los crímenes de la dictadura debían ser juzgado en primera instancia por la justicia militar.
El caso de esta provincia cayó en la competencia del II Cuerpo de Ejército en Rosario y la segunda instancia se interpretó que correspondía a la Cámara Federal de Rosario.
Denuncia del CELS
Skidelsky se declaró competente en el caso en diciembre de 2001 ante una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el tribunal santafecino le remitió las actuaciones.
El diputado Bosch adelantó que apelará la medida y sólo se dilatará el procedimiento porque "las detenciones serán ordenadas nuevamente ya que la Cámara Federal de Rosario resolvió que no es competente en la causa y, en consecuencia, el expediente volverá a esta capital".
Por su parte, el abogado Pujol dijo que la Cámara de Rosario "jamás se declaró incompetente" y respondiendo a críticas de la querella expresó al periodismo que "la barbaridad jurídica es lo que pretendían hacer ellos, que consistía en privar de su libertad a varias personas sometiéndolas a un juez incompetente. Ellos, que tanto dicen defender la ley, querían violarla y volver todo 17 años atrás, por resentimiento".
El CELS, por su parte, difundió un comunicado en el que denuncia "como irregular la decisión de la Cámara Federal de Resistencia, que declaró la incompetencia del juez Skidelsky y dispuso la libertad de los diez militares acusados. Asimismo, denunciará ante la Procuración General de la Nación gravísimas irregularidades en la actuación del Ministerio Público".
El organismo agregó: "Es a todas luces irregular la intervención del tribunal de apelaciones en la cuestión de competencia. En primer término, porque el hábeas corpus es un procedimiento en el que sólo se puede revisar la existencia de una orden de detención y las condiciones en las que ésta se cumplen y no cualquier cuestión relacionada con la causa.
"En segundo término -prosigue el comunicado del CELS-, la argucia de dictar la incompetencia en el procedimiento de hábeas corpus hizo que se privara a las partes de su derecho a ser oídas, lo que viola la garantía del debido proceso. Por último, debemos decir que por ley corresponde a la Corte Suprema y no a la Cámara de Resistencia resolver conflictos de competencia en esta causa."
El CELS cuestiona además que uno de los miembros de la cámara, Tomás Inda, había tenido intervención en 1976 en un proceso contra uno de las víctimas de la masacre de Margarita Belén.
Ascensos
- El Senado le otorgará hoy acuerdo a los ascensos militares de los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea, general de brigada Roberto Bendini y brigadier Carlos Rohde, respectivamente. A la vez, se podría aprobar sobre tablas la designación de Hernán Patiño Mayer como embajador en Uruguay. Bendini será designado general de división, mientras que Rohde ascenderá a brigadier mayor.
