Denuncian al Gobierno por profundizar la arbitrariedad en el reparto de pauta

La Fundación LED alertó sobre las modificaciones introducidas por el Gobierno de Alberto Fernández en el reglamento de distribución de la pauta publicitaria oficial, al considerar que las nuevas disposiciones permitirán una mayor “discrecionalidad y arbitrariedad” en el reparto de la propaganda para, de esa manera, convertirla en “una herramienta para influir en la línea editorial de los medios de comunicación”.

La medida cuestionada es la Resolución 9090/2023 de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, a cargo de Juan José Ross, que le otorga al Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) la facultad de quitar o suspender el envío de pauta oficial a medios por supuestos actos de discriminación, el ejercicio de violencia simbólica o ataque a minorías.

“Esto es peligroso y no es legal ni legítimo, porque el contenido de los medios forma parte de la libertad de expresión; en democracia no debe haber un control sobre el contenido de los medios”, denunció la presidenta de la fundación LED, Silvana Giudici.

Según explicó la exdiputada y actual directora por la oposición del Enacom, la resolución viola las normas legales vigentes, que pone el control de los contenidos ofensivos en manos de los organismos públicos encargados de esas áreas. “Por ejemplo, en un caso de discriminación, es el Inadi quien debe ejercer ese control”, agregó.

Más aún, Giudici denunció que la resolución de la Secretaría de Comunicación viola la ley de medios al darle este tipo de facultades sancionatorias al Enacom, al poner en manos de éste organismo la evaluación de la conducta que podría derivar en la suspensión de la pauta publicitaria oficial. “Esto no forma parte de las facultades que tiene el Enacom adjudicadas en la ley”, afirmó.

Giudici destacó, además, otra cuestión. “Esto tiene un agravante, que es que la resolución dice que el secretario de medios podrá decidir quitar la pauta en base al dictamen del Enacom, eso implica que, si considera que no corresponde, podría no hacerlo”.

“Esto lo único que genera es mayor arbitrariedad y discrecionalidad; y, en el momento en que se acerca una campaña electoral, permitiría que los funcionaros castiguen a los medios quitándole la pauta y así inclinar la cancha”, alertó Giudici. “No sólo es ilegitimo, sino que además puede ser utilizado para intervenir sobre la línea editorial de los medios que no considere afines”, completó.

La resolución de la polémica modifica otra medida cuestionada por la oposición, como fue la resolución que en 2020 suspendió la aplicación de la medida adoptada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri que estableció parámetros objetivos para el reparto y creó un registro en el que los medios de comunicación debían inscribirse para poder acceder a la publicidad oficial.

“No se puede interpretar esta modificación en otro sentido que no sea el de dotar al gobierno de una herramienta más para dirigir de manera discrecional la pauta oficial”, insistió Giudici, quien recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que los estados deben abstenerse de utilizar su poder y los recursos para castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios en función de sus líneas editoriales.

LA NACION

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