Denuncian casos fraudulentos en el pago de indemnizaciones por desaparecidos

Bajo el paraguas de la represión ilegal se esconden casos de militantes guerrilleros ajusticiados por las propias organizaciones, que los consideraron traidores, y de otros que murieron por impericia en el manejo de explosivos o en enfrentamientos públicos. A pesar de que ninguno de ellos puede ser incluido en la triste lista de desaparecidos, sus nombres figuran en el monumento del Parque de la Memoria, que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado y por ellos se pagaron millonarias indemnizaciones.

Diez de esos casos, a modo de ejemplo, están descriptos en el libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, del periodista José D’Angelo, que denuncia el pago de indemnizaciones a personas que murieron en circunstancias no contempladas en las leyes reparatorias.

La obra fue presentada en forma virtual, a través de un diálogo entre el autor y el exagente montonero Luis Labraña, quien admitió reiteradamente haber creado artificialmente, durante su exilio en Holanda, el número de 30.000 desaparecidos como víctimas de la dictadura militar. La presentación fue coordinada por el periodista Ceferino Reato, autor de “Los 70, la década que siempre vuelve”, entre otras investigaciones de la historia política reciente.

Según la investigación, se “falsificaron documentos públicos y simularon relatos para acceder a beneficios, de los cuales la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya desembolsó cerca de 3000 millones de dólares, sin control y auditoría de esos expedientes”.

El libro de D’Angelo lleva un prólogo de Juan Bautista “Tata” Yofre y muestra “un modelo del modus operandi utilizado para esta triste versión de la corrupción: falsear la realidad de hechos de los ‘70, inventar historias, cobrar mucho dinero de los argentinos y ser homenajeados públicamente”, resumió el autor, al anticipar el contenido.

Los casos narrados están incluidos en una denuncia penal que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°. 4, a cargo del doctor Ariel Lijo.

Relato oficial y documentos

En una invitación a “contrastar el relato oficial con la historia documentada”, se cita el caso de Anastasio Pedro Alberto Sabao, de 26 años, militante sindical ultimado a balazos en Rosario, el 28 de noviembre de 1975, en un ataque en el que fue herido de gravedad su hermano Carlos Raimundo.

Pocos días después, los Montoneros se adjudicaron el ataque a los hermanos Sabao y la muerte de Pedro. D’Angelo reveló que en el número 10 de la revista Evita Montonera, se informó que “un pelotón de combate de Montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná”. Nada se dijo allí de las heridas graves de su hermano Carlos.

Pedro Sabao fue incluido como “víctima del Estado” en los registros oficiales de la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Néstor Kirchner en 2006 y, por ello, se pagó una indemnización de $18 millones, como si a Sabao lo hubieran matado agentes estatales. Años después, el gobierno de Cristina Kirchner lo eliminó de esos registros, pero su nombre se conserva en el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado levantado en el Parque de la Memoria.

Otros casos

También fue registrada como “asesinada por el Estado” y se pagó por ella una millonaria indemnización la militante Adriana Lidia Kornbliht, quien murió cuando intentaba colocar una bomba en una comisaría de Monte Chingolo, en Quilmes, el 31 de marzo de 1977. Ese día cumplía 16 años. “Su muerte la causó su impericia en el manejo de explosivos y no agentes estatales”, interpretó D’Angelo.

Después del pago de la indemnización, en 2015, el gobierno de Cristina Kirchner la eliminó de los registros oficiales.

El autor pone en duda, también, las circunstancias de la muerte de Oscar Jesús Ramón Garavaglia, quien desapareció en enero de 1979, luego de ir a cazar con otros jóvenes en Mendoza. Sus amigos regresaron, pero él no.

La causa judicial se cerró después de varios años y “alguien se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2000 e inició un expediente para cobrar la indemnización”, denunció D’Angelo. En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner lo incluyó en los registros como “víctima de la represión ilegal” y, tras el pago de la indemnización, fue dado de baja del registro oficial durante la presidencia de Cristina Kirchner, en 2015.

Un comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), publicado en la contratapa del número 74 de la revista Estrella Roja (abril de 1976), anunció la ejecución de Atilio Rosario Santillán, dirigente del gremio de empleados azucareros, el 22 de marzo de 1976, por actuar “como agente de los servicios de información militar” y entregar “al enemigo a numerosos de los mejores luchadores que en el gremio defendían con vigor los intereses de los trabajadores”.

En ninguna instancia se denunció que Santillán fue muerto por agentes estatales. Sin embargo, sus derechohabientes fueron indemnizados y su nombre está incluido en el Parque de la Memoria.

Análisis y debate

El autor, que dedicó su libro a la recientemente fallecida Jovina Luna, la hermana de uno de los conscriptos acribillados en el ataque de Montoneros al regimiento Monte 29 de Formosa, estimó que la Secretaría de Derechos Humanos autorizó pagos por $156.000 millones, en concepto de personas muertas y desaparecidas, a los que se suman unos $97.000 millones por detenidos y exiliados. “Hay que abrir los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos para permitir que se investigue”, reclamó.

“La izquierda maneja la interpretación del pasado y la clase política no hizo mucho por evitarlo. Somos los particulares los que pusimos en contradicción el relato oficial”, afirmó.

Labraña, quien integró los primeros grupos de combate de los Montoneros, en la zona sur del conurbano, y marchó al exilio en Holanda, propuso “arrebatarles la bandera de los derechos humanos”. Y advirtió que hoy el dilema es: “concordia y paz o venganza y guerra”.