Un combate innecesario, una derrota inútil

¿Por qué se sometió Cristina Kirchner a una tremenda derrota política que estaba anunciada desde el principio? ¿Supuso, acaso, que la Corte Suprema avalaría una reforma de facto de la Constitución? ¿Creyó que sus presiones personales a los magistrados a través de Twitter derrumbarían las convicciones de los máximos jueces del país?

En rigor, la Corte nunca debió ser colocada en el rol que cumplió ayer. Nunca debió establecer si el capricho de una presidenta es constitucional o no. No lo será, casi por definición. Ese tribunal está para laudar sobre casos más confusos y complejos que afectan los derechos de los ciudadanos.

La derrota presidencial de ayer se traduce en que no habrá elección popular y partidaria de los miembros de la Magistratura, y en que sus disposiciones sobre la integración del Consejo son inconstitucionales. Al final, nada de lo referido a las reformas de ese organismo clave es válido.

Debe agregarse que también los cambios que virtualmente eliminaron las cautelares están frenados por decisiones de jueces de instancias inferiores. La derrota es inmensa en términos políticos, porque la Presidenta pasó gran parte de este año elogiando reformas que han muerto antes de nacer. Tampoco podrá nacionalizar las próximas elecciones, que son distritales. La elección de los consejeros las hubiera nacionalizado.

Cierta idea de una revolución del orden político, nunca prometida en elecciones presidenciales, naufragó ayer definitivamente. Revolución que expresa sólo cambios en beneficio del grupo gobernante y ninguna inspiración social o política más amplia. Las causas de un combate innecesario, y de una derrota inútil, nunca fueron precisadas, más allá de una retórica que chocaba contra la simple redacción de las leyes reformistas.

Existe, es cierto, la necesidad presidencial de disciplinar a los jueces en tiempos abundantes en denuncias de corrupción que afectan a funcionarios kirchneristas y al propio matrimonio Kirchner. Y preexiste la decisión de Cristina de vengarse de una justicia que le impidió el festejo épico del 7-D y que, además, le frenó la confiscación del predio de Palermo de la Sociedad Rural. Esta última es una cuestión ideológica, que conlleva también resabios de revancha por la guerra perdida en 2008 con el campo. El 7-D se explica, de igual modo, en la venganza porque el Grupo Clarín se proclamó independiente del Gobierno, aunque también prevalece en este caso la intención política de desmembrar el multimedios periodístico más importante del país. Pretende, al mismo tiempo, ampliar aún más el casi monopolio de medios audiovisuales oficialistas ya existente.

La mayoría de la Corte Suprema (seis de siete jueces) consideró que la reforma cristinista es inconstitucional porque rompe el equilibrio del Consejo de la Magistratura, impuesto por la Constitución, al establecer que todos sus miembros serán, directa o indirectamente, emergentes del sistema político-partidario; porque desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al imponer la elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos; porque compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y porque vulnera el derecho de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral.

El corazón mismo de la objeción es, con todo, la pretensión reformista de colocar a todos los jueces en comisión. Un supuesto Consejo de la Magistratura integrado con representantes partidarios en todos los casos y con facultades de designar o destituir jueces con la mayoría de sus miembros hubiera colocado a todos los jueces con un pie fuera de los tribunales. La Corte subrayó que, en tal caso, "prevalecerían grandes oscilaciones políticas" y que para la Justicia importaría en adelante más el poder o la debilidad de los gobernantes que cualquier otro argumento. Una advertencia sutil sobre el futuro de los poderosos actuales.

El máximo tribunal respondió, con su estilo, la insistente prédica oficial de que la Justicia no puede revisar leyes aprobadas por un Congreso elegido popularmente. Estrafalaria teoría que ayer repitió el jefe de Gabinete, Abal Medina. Párrafo aparte merece la actuación del Congreso en la reforma judicial cristinista. Es ya inexplicable que una mayoría automática y ciega de legisladores esté dispuesta a aprobar a mano alzada cualquier antojo presidencial, sin detenerse ni siquiera en la legalidad democrática de su contenido. La historia suele tomar nota de las deserciones que revisten tal gravedad política e institucional.

De todos modos, la Corte recordó que declaró la inconstitucionalidad de la leyes de obediencia debida y de punto final, que también habían sido aprobadas por las mayorías de ambas cámaras del Congreso. La invalidez de esas leyes le permitió luego a la Justicia la continuación de los juicios por los crímenes cometidos por los militares durante la última dictadura. Esa decisión de la Corte fue ampliamente promovida por los Kirchner; nunca se dijo entonces que una decisión aprobada por mayorías legislativas no debía ser revisada por la Corte Suprema.

También recordó que la Corte declaró, en tiempos de Raúl Alfonsín, la inconstitucionalidad de la ley del matrimonio civil que impedía volver a casarse a los matrimonios separados. Esa resolución de aquella Corte, la primera de la etapa democrática, estableció de hecho el divorcio en la Argentina. El gobierno de Alfonsín se vio luego obligado a enviar al Congreso un proyecto de ley sobre el divorcio. Eran tiempos en que las sentencias de la Corte se cumplían y sus fallos establecían definitivas jurisprudencias. También evocó sentencias que declararon la inconstitucionalidad sobre asuntos laborales y previsionales, que habían sido establecidos por leyes aprobadas por las mayorías del Congreso.

El concepto de la necesidad de poderes con límites y contrapesos es una presencia constante en la resolución de la mayoría de los jueces de la Corte. Es el concepto que el cristinismo niega en nombre de una hazaña política imprecisa, pero que describe como fundacional de un nuevo sistema político.

Por primera vez en mucho tiempo, un juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, votó en el sentido absolutamente contrario a sus colegas del tribunal. Zaffaroni integró, en representación del entonces Frente Grande, la Convención Constituyente que en 1994 reformó la Constitución. El juez recordó en su voto de ayer que él estuvo en desacuerdo con la incorporación de la figura del Consejo de la Magistratura sin estipular en la Constitución el número de sus integrantes y cómo serían seleccionados. Esto es cierto, según el diario de sesiones de entonces.

Pero también es cierto que Zaffaroni pidió que tales precisiones estuvieran en la Constitución para que los jueces no quedaran presos de las luchas políticas y partidarias. Se manifestó entonces claramente en contra de "jueces amigos de los políticos y de juristas amigos de los políticos repartiéndose la mayoría y la minoría del Consejo de la Magistratura". Ayer, Zaffaroni suscribió explícitamente casi todas las posiciones de la jefa de los fiscales, la cristinista Alejandra Gils Carbó, inspiradora del minoritario movimiento Justicia Legítima.

Justicia Legítima, de extracción nítidamente oficialista; la propia Cristina Kirchner; el senador Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, se habían anticipado a la sentencia de la Corte con fuertes presiones sobre el tribunal. Presión que sintió también casi físicamente el juez Juan Carlos Maqueda cuando el día anterior fue increpado por jóvenes de La Cámpora frente a su casa particular. El ministro de Justicia, Julio Alak, y el viceministro, Julián Álvarez, se mostraron escandalizados por esa violencia contra uno de los jueces supremos del país.

Ellos deberían leer las ocurrencias tuiteras de su presidenta y las declaraciones de los propios funcionarios cristinistas. En esas palabras agresivas y arbitrarias podía vislumbrarse el huevo de la serpiente. Los hechos violentos son una consecuencia predecible de las palabras violentas.