Diputados: en medio de cruces y chicanas, el oficialismo aprobó una nueva moratoria previsional

Sobre el filo del cierre del período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Alberto Fernández, el oficialismo en la Cámara de Diputados alcanzó este martes el quorum en el recinto y convirtió en ley el proyecto que instrumenta un plan de pago de deuda previsional, iniciativa que permitirá que unas 800.000 personas puedan acceder a una jubilación. La bancada de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa por considerarla un “parche” que empeorará el déficit previsional.

La iniciativa se aprobó con 134 votos positivos y 107negativos. El bloque que comanda Germán Martínez lo celebró eufórico, entonando las estrofas de la marcha peronista. Sonó a revancha: el oficialismo había alcanzado el quorum con lo justo -129 diputados presentes-, rompiendo así el bloqueo que había impuesto Juntos por el Cambio, decidido a no facilitar el tratamiento de ninguna ley del Gobierno mientras el oficialismo persista en su embestida contra la Corte Suprema, sometida a enjuiciamiento en la Comisión de Juicio Político.

El Frente de Todos logró arrancar la sesión gracias al aporte del interbloque Provincias Unidas –su tradicional aliado-, del Frente de Izquierda y de cuatro diputados del interbloque Federal: los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein, y los bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño. Todos ellos votaron a favor de la iniciativa; se sumaron, además, los diputados de Córdoba Federal, el neuquino Rolando Figueroa y el santacruceño Claudio Vidal (SER).

Una vez alcanzado el quorum, Juntos por el Cambio ocupó sus bancas. La llegada del principal bloque opositor al recinto recalentó el ambiente. El santafecino Juan Martín, de Pro, fue el primero en arremeter contra el oficialismo al reclamar la presencia del ministro del Interior, Aníbal Fernández, por la acuciante situación de inseguridad que se vive en su provincia.

“Estamos viviendo una situación gravísima en Santa Fe, una verdadera escalada de violencia”, alertó el legislador santafecino, quien advirtió que el año pasado la ciudad de Rosario fue récord en cantidad de homicidios y en lo que va de 2023 se registraron 56 homicidios en 57 días. Indignado, acusó al gobierno nacional de someter a su provincia a un “destrato burdo”.

“Santa Fe está número 14 en la ejecución del presupuesto nacional en materia de seguridad”, advirtió Martín, y apuntó contra el ministro de Seguridad. “Escupe soberbia”, asestó y desafió a sus rivales del Frente de Todos a que se vote una resolución que obligue al funcionario a dar las explicaciones del caso.

El oficialismo recogió el guante. El presidente de la Comisión de Seguridad Interior, el massista Ramiro Gutiérrez, admitió que en dos oportunidades se invitó al funcionario al cuerpo, pero no obtuvo respuesta. Sobre el final de la sesión confirmó que Fernández concurriría a la comisión el próximo 9 de marzo.

El nivel de tensión escaló todavía más cuando el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz denunció que la oposición fue víctima de un escrache pergeñado por sindicalistas de la Anses, cercanos al kirchnerismo, por no apoyar la nueva moratoria previsional. La diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal, se sumó a la denuncia y, ofuscada, señaló a uno de los gremialistas apostados en el palco del recinto como autor del escrache. Se trataba de Carlos Ortega, alineado al kirchnerismo, y jefe del Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi). A su lado, en uno de los palcos, estaba Soledad Antonio Alonso, diputada provincial del Frente de Todos y jefa regional de la ANSES en la provincia de Buenos Aires. Ambos responden a Fernanda Raverta, titular de la ANSES.

“No cabe dudas que acá hay responsabilidades”, acusó Camaño, quien advirtió que el escrache perpetrado “constituye un delito, porque se ha incitado a la violencia sobre una cantidad de diputados”. “Fue muy grave lo que ocurrió y la responsable funcionaria tiene que darnos algún tipo de explicación”, lanzó en dirección a Raverta, presente en el recinto.

Máximo Kirchner recogió el guante y justificó, elípticamente, el ataque a la oposición. “Si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles es entendible, pero también es un poco de empatía... imagínense, si algunos se sienten mal por ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos nosotros cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta”, dijo.

El proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema que lleva adelante el oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados también fue motivo de airados cuestionamientos opositores. Desde Juntos por el Cambio, Juan Manuel López insistió en que el Frente de Todos convirtió al cuerpo en una “comisión de inteligencia de hecho en la Cámara de Diputados”.

“La comanda (Leopoldo) Moreau, que a su vez preside la Comisión de Control de Organismos de Inteligencia”, lanzó, y advirtió que, “con este antecedente, una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera”.

Un griterío generalizado se desató en la bancada oficialista. La diputada Silvia Lospennato, de Pro, atizó el malestar cuando aseveró que su Juntos por el Cambio no sería “cómplice” de la embestida contra la Corte ordenada por el Gobierno. “Se trata de un proceso arbitrario en el que se violan garantías constitucionales y múltiples tratados de derechos humanos que ha suscripto la Argentina”, advirtió.

Cruces y chicanas

El oficialismo toleró las arremetidas opositoras con el solo propósito de mantener en pie la sesión, la única que logró convocar en el período de sesiones extraordinarias que convocó el presidente Alberto Fernández en enero pasado. Un módico triunfo en las vísperas de la llegada del primer mandatario al Congreso, donde inaugurará mañana el 140° período de sesiones ordinarias.

El debate arrancó con el proyecto del Frente de Todos que instrumenta un plan de pago de deuda previsional, iniciativa que suscitó una fuerte controversia entre oficialistas y opositores sobre la sustentabilidad del sistema jubilatorio a partir de las sucesivas moratorias instrumentadas por los gobiernos kirchneristas.

El interbloque de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto porque, a su juicio, constituye un “parche” más del Gobierno a costa de mayor déficit fiscal. Sugestivamente el propio presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, le dio la razón a la oposición, sostuvo que la norma es un “parche” e intentó justificarlo.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse. Mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”, sostuvo Heller.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Alejandro Cacace, de Evolución Radical, advirtió que esta nueva moratoria le costará al fisco medio punto del PBI. “Terminemos con los parches, diseñemos soluciones de política públicas sustentables para nuestro país”, instó, y propuso como contrapropuesta un esquema en el que se establezca una prestación proporcional de acuerdo al esfuerzo contributivo de los trabajadores asalariados y a los aportes efectivos ingresados.

Su colega Luciano Laspina, de Pro, sostuvo que el proyecto “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años” de su vida laboral. “Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”, enfatizó. En la misma línea se pronunció Germana Figueroa Casas. “La moratoria previsional reconoce que el sistema no funciona. Se engaña a la gente y se patea el problema para adelante sin haberle dado tratamiento al proyecto que buscaba mejoras”, se lamentó.

Por su parte, el libertario Javier Milei advirtió que mientras aumente la cantidad de jubilados sin aportes, el sistema previsional “va a seguir generando déficit fiscal” que, a la postre, se pagará con más deuda o con mayor presión tributaria.

“Este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre, no solo porque es una estafa a los jubilados de hoy, sino también a las generaciones futuras”, advirtió.

La nueva moratoria apunta a un universo de aproximadamente 800.000 personas que tienen la edad jubilatoria cumplida pero que no cuentan con los aportes exigidos para acceder a la jubilación. El esquema propone un plan de pagos de dos años para que estos potenciales beneficiarios puedan regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive; para ello, se dispone una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. La cantidad de cuotas podrá ser de hasta 120, según las condiciones que establezca la reglamentación.

El proyecto propone, además, un plan de pagos para aquellos trabajadores que estén a menos de 10 años de llegar a la edad jubilatoria, para que puedan comenzar a cancelar sus deudas previsionales. Y así llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender. Se estima que 552.000 mujeres y 327.000 varones están en condiciones de regularizar pasivos.

Los diputados de izquierda votaron a favor de la iniciativa no sin propinar duras críticas a los dos bloques mayoritarios.

“Hoy [por ayer] dimos quórum por la moratoria previsional pero el robo a los jubilados continua. Alberto debutó suspendiendo la movilidad, para más adelante establecer una fórmula de movilidad a la baja, divorciada de la inflación mientras con Macri los jubilados perdieron un 19,5%”, acusó la diputada Romina Del Plá.

Concluido el debate, los legisladores convirtieron en ley el Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas. La norma, aprobada con 227 votos afirmativos y 2 negativos -de La Libertad Avanza- establece la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.