Diputados debate la ley de góndolas y espera una señal del Gobierno

En simultáneo a los anuncios del Gobierno para evitar abusos en la comercialización de alimentos, la Cámara de Diputados iniciará hoy el tratamiento en comisión de los proyectos de regulación de la venta en supermercados, conocidos como ley de góndolas.

Aunque con diferencias en el articulado, las iniciativas apuntan a fomentar la competencia y combatir las posiciones dominantes. Son tres proyectos elaborados por Elisa Carrió, Juan Grabois y Sergio Massa, respectivamente, que cuentan con el respaldo de toda la oposición y de buena parte del oficialismo.

Resta conocer, sin embargo, qué postura adoptará el Gobierno, hasta ahora renuente a promover una ley de estas características. En el interbloque de Cambiemos se muestran optimistas, pero advierten que la discusión no tendrá avances significativos esta semana.

La discusión empezará hoy, a las 16, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por la massista Marcela Passo, que replicó el proyecto elaborado por Massa en 2017. Grabois, que no es diputado, apeló a la vía de la iniciativa popular. Para evitar las demoras que insume ese procedimiento, su proyecto también fue presentado por el diputado José Luis Ramón (Bloque Protectora-Mendoza). La propuesta de Carrió lleva la firma de otros cinco integrantes de la Coalición Cívica.

Aunque Passo intentará discutir un proyecto de dictamen, la iniciativa no llegará al recinto esta semana, porque debe ser debatida por otras dos comisiones, la de Comercio, a cargo de Rubén Miranda (Bloque Justicialista), y la de Legislación General, presidida por Daniel Lipovetzky (Cambiemos). Ninguna de las dos fijó fecha para iniciar el tratamiento.

La reunión de hoy será, en definitiva, un puntapié inicial que operará como una caja de resonancia para darle visibilidad al tema y apurar los tiempos. Fueron invitados funcionarios de la Secretaría de Comercio y de la cámara de supermercados, pero no se espera que asistan. Sí la de referentes de asociaciones de consumidores. También presentaron iniciativas Alfredo Olmedo, Adriana Nazario y Juan Cabandié.

Solo en los próximos días se develará si la Casa Rosada apoya el proyecto de Carrió o si prefiere que las medidas regulatorias se restrinjan a los decretos que dictó el presidente Mauricio Macri.

"Vamos a pedir que se convoque a un plenario de comisiones para avanzar cuanto antes en el tratamiento de este tema", dijo a LA NACION Juan López, de la Coalición Cívica.

El diputado participó la semana pasada de un encuentro en el despacho del jefe del bloque de Pro, Nicolás Massot , con Grabois, referente de Patria Grande e impulsor de la candidatura de Cristina Kirchner . Oficialistas y opositores coincidieron en que los proyectos son compatibles y abrieron las puertas a un acuerdo. El problema es que los diputados de Cambiemos todavía no recibieron el visto bueno de la Casa Rosada.

Con 42 artículos el proyecto de Carrió y con apenas 13 el de Massa, las tres iniciativas acortan los plazos de pago a los proveedores de los supermercados y ponen límites a la presencia de productos de una empresa en una misma góndola. En ese punto la propuesta de Carrió es la más restrictiva, dado que permite que una compañía solo pueda tener el 20% de la góndola, mientras que Grabois estableció ese límite en un 30% y Massa, en un 40%.

Los tres proyectos

Carrió-López

Prohíbe, entre otras cosas, que un producto de una marca determinada ocupe más del 20% de la góndola compartida con otros productos similares. Dispone que los productos más baratos deben exhibirse a una altura mayor a 90 centímetros y menos a un metro 60 centímetros.

Grabois-Ramón

Queda prohibida la utilización de una góndola en más de un 30% de su capacidad para una sola marca o marcas de un mismo grupo económico. Cada góndola debe contar como mínimo con un 5% de la capacidad para ser utilizado con productos originados en las distintas ramas de la economía popular.

Massa-Passo

Para cada categoría de productos, ninguna marca individual, o marcas de una misma empresa podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola. El plazo máximo de pagos a proveedores no podrá superar los 90 días. Los proveedores podrán aplicar los intereses que determine el Estado.