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"Discriminan a las víctimas de los 70"
Lo dijo Villarruel, que lidera una ONG para investigar asesinatos de Montoneros y del ERP
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"La violencia de los setenta no sólo dejó desaparecidos, sino que los montoneros y el ERP también dejaron 19.000 víctimas, el 70 por ciento de las cuales eran civiles. Sin embargo, la Argentina discrimina a las víctimas y sólo repara a un sector", dice Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales de Terrorismo y Violencia (Celtyv).
Villarruel, que fundó el Celtyv en 2006, disertó en el seminario internacional que organizó el Freedom Forum en Oslo, Noruega, en un panel que compartió con el ex presidente de Colombia Belisario Betancourt y con el ex mandatario rumano Emil Constantinescu. Pocas horas después, fue víctima de un escrache que ella atribuye al contenido de su denuncia contra el gobierno argentino. En diálogo telefónico con La Nacion, expresó su preocupación por la situación de las víctimas que dejaron los grupos subversivos.
-¿Los años 60 dejaron víctimas de izquierda y de derecha?
- Dejaron víctimas por todas partes. Incluso, personas que no tuvieron nada que ver con ninguno de esos sectores. En un relevamiento de los diarios nacionales que aparecieron entre 1969 y 1979, contabilizamos 19.000 personas. Víctima es toda persona que sufrió agresiones de organizaciones terroristas. El 70% eran civiles, algunos de ellos parientes de militares, pero la enorme mayoría era gente que no tenía ninguna relación con militares ni con Montoneros, pero que quedaron atrapadas en tiroteos, sospechas u otras situaciones. El 30% restante eran militares y policías que fueron asesinados o emboscados cuando estaban fuera de servicio.
-¿Qué reclaman ustedes?
-Que se haga justicia. Las leyes del Estado argentino llegaron a indemnizar a las víctimas de atentados de la Triple A, a víctimas de fuerzas militares y policiales, etcétera, pero nunca se reparó a las víctimas de Montoneros y del ERP. El Gobierno discrimina.
-¿Cuántas denuncias hay?
-Muchas. En algunos casos, acompañamos a las familias de esas personas. En otras, actuamos como amigos del tribunal, como por ejemplo en la causa de la bomba que el 2 de julio de 1976 estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina. Pero en ningún caso prosperan.
-¿Qué deciden los jueces?
-No quieren investigar, o bien congelan las investigaciones o declaran que esos crímenes no fueron de lesa humanidad, sino crímenes comunes que ya prescribieron. Pero ni siquiera nos reconocen el derecho a la verdad.
-¿Ustedes aceptarían que se investigara, no para reprimir penalmente a los autores, sino sólo para conocer la verdad?
-Depende de cada familiar, pero hay familiares que no quieren que aquellos montoneros o guerrilleros vayan a prisión más de treinta años después, sino que se conformarían con conocer la verdad, saber cómo murieron nuestras víctimas.
-¿Qué esperan del Gobierno?
-Le exigimos que respete los derechos humanos para todos, sin discriminar. Toda víctima, sin importar su ideología, debe recibir el mismo trato. En cambio, en la Argentina, que se llena la boca con la defensa de los derechos humanos, se repara a los montoneros, muchos de los cuales fueron autores de agresiones, pero no se repara al otro sector.
JUICIO ORAL POR LA CAUSA DE ROBO DE BEBES
La vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, reveló ayer que las embarazadas cautivas en la ESMA eran obligadas a formar en fila para que las futuras apropiadoras de sus bebes pudieran "elegir el tipo de criatura" que iban a adoptar de manera ilegal una vez que nacieran. "Las esposas de los milicos iban a ver esas formaciones para ver a las madres y poder elegir el tipo de criatura que se iban a llevar, según el color de los ojos o de la piel de las madres", contó Roisinblit al declarar en el juicio oral por el plan sistemático de robo de bebes en la última dictadura.
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