Disposición oficial para resignar la bandera del 75%

LA PLATA.- Apremiado por los vencimientos de deuda que exigen millonarios recursos en dólares para este mes, por los pagos de sueldos y las deudas de proveedores, Axel Kicillof quiere tener una ley impositiva aprobada esta semana.

Su urgencia es tan grande que está dispuesto a aceptar que Juntos por el Cambio haga valer su mayoría numérica en el Senado y baje las alícuotas más altas de los impuestos inmobiliarios -prevista en el texto que mandará a Diputados con alzas del el 75 %- a poco más del 50%, acorde con la expectativa de inflación.

Tal como adelantó LA NACION, la oposición -con el aval de los 135 intendentes sin distinción de color partidario- también exige que los municipios puedan cobrar los impuestos automotor en una modalidad invertida de coparticipación, a efectos de que lleguen primero los recursos a las comunas y no se cobren, como hasta ahora, por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires.

De acuerdo con el borrador que circula por estas horas la oposición busca hacer valer su mayoría en la Cámara alta (26 a 20 votos) para disminuir los topes del aumento en el impuesto inmobiliario rural a no más del 55%. Además exige retrotraer a montos de 2019 las alícuotas de Ingresos Brutos, en particular a la fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos, venta de cereales, de fertilizantes y plaguicidas. También exige la eliminación de los impuestos extraordinarios a las actividades portuarias; y beneficios a la actividad tambera.

Todas estas exigencias son materia de discusión por estas horas. La negociación que en principio habían encauzado Axel Kicillof y María Eugenia Vidal se institucionalizó entre Verónica Magario y Roberto Costa -en el Senado, donde tiene mayoría Juntos por el Cambio- y entre Federico Otermín y Maximiliano Abad en la Cámara de Diputados -donde el oficialismo cuenta con mayoría-.

"Axel quiere tener la ley esta semana", admitió uno de estos interlocutores. "Si no tiene quorum para votar su ley, que exige más esfuerzo a los que más tienen, aceptará los cambios. Pero expondrá la grieta impositiva. Es decir: no les subirá impuestos a los que menos tienen", informó otro de los negociadores.

En otras palabras: si es necesario culpará a Juntos por el Cambio en caso de que no pueda afrontar pagos de amortización de deuda por US$567 millones más $13.000 millones que vencen este enero, ya que tampoco está en sus planes dejar de pagar sueldos a los 600.000 empleados públicos. Y necesita regularizar las deuda de más de $50.000 millones con proveedores para que no le corten los insumos, por caso, los hospitalarios o los farmacéuticos o los alimentos para comedores.

La intención de Kicillof es honrar todos los compromisos de deuda que hay por delante. Su equipo destaca que la situación de la deuda -tras la gestión de Vidal- es "delicada". De acuerdo con el oficialismo la deuda que en 2015 era de US$9362 millones hoy equivale a US$11.263 millones. Es decir, un 20% más. Estos números no son reconocidos por el equipo de Vidal, que admite un incremento de la deuda para hacer infraestructura, pero no en estas proporciones. El vencimiento de los bonos internacionales para 2020 y 2021 representa más de lo que ella recibió durante todo su mandato, aseguran en la gobernación.

Por otro lado, sostienen cerca de Kicillof, también hay que atender el deterioro social y productivo. En este contexto el viernes 20 se abrió un diálogo con los acreedores privados externos. Desde el equipo de Juntos por el Cambio niegan de manera rotunda que en los últimos cuatro años se haya registrado un aumento del 20% de la deuda pública. La cifra que reconocen es de US$10.711 millones. Pero se insiste en que Vidal recibió deuda no registrada del gobierno de Daniel Scioli. Insisten en que en 2015 el monto real de deuda era de US$11.204 millones y no de US$9.362 millones. Y se asegura que al final del período de Vidal quedó menos deuda que al final del período de Scioli.

Más allá de la pelea por los números, en ambos sectores se buscará este fin de semana consenso para aprobar la nueva ley impositiva el miércoles. "No hay apremio fiscal. El único apremio es la emisión de boletas de ARBA", minimizaron desde el bloque que responde a la gobernadora saliente.