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Dudas en Comodoro Py antes de la implementación del nuevo sistema acusatorio
Personal, tecnología, salas de audiencia y hasta un mayor caudal eléctrico son algunas de los temas que generan incertidumbre; hoy hubo una reunión con el ministro Cuneo Libarona para aclarar el panorama de cara a agosto, cuando comenzaría a regir
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LA NACIONFederico González del Solar
La llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py en agosto, tal como anunció el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hace dos meses, genera alta expectativa en los tribunales de Retiro, especialmente favorable entre fiscales –quienes pasarán a dominar por entero el ritmo de los expedientes–, pero también entre jueces de primera instancia que, pese a ver recortadas sus facultades, distinguen con buenos ojos la llegada de un régimen “más moderno” que pondría a la Argentina a tono con la región.
En la práctica, además, la mayoría de ellos acostumbra a delegar desde el vamos la investigación en los fiscales y a ocupar el rol que el nuevo sistema les tiene reservado.
Sin embargo, es una costumbre que no alcanza a convertirse en norma. Algunos de los jueces asumen en ocasiones puntuales la dirección de la investigación, a veces porque prefieren no sobrecargar con causas menores a los fiscales, que cuentan con menos recursos que los juzgados; a veces porque quieren tener ellos el control en algunos tramos de la pesquisa.
A fines del mes pasado, por ejemplo, la jueza María Eugenia Capuchetti reasumió la investigación que había delegado en el fiscal Carlos Rívolo de la causa que investiga el ataque contra Cristina Kirchner en 2022 por considerar que todavía había más por hacer (hay tres implicados siendo juzgados por el TOF 6).
Con el nuevo sistema, esto quedaría por fuera de las posibilidades de los jueces, que deberán resignarse a actuar como una suerte de umpire que observa el trámite desde arriba, sin poder participar más que para hacer cumplir las garantías del proceso.
Más allá de ver reducida su intervención, y pese a que ya rige en otras provincias, las dudas de los jueces respecto al nuevo régimen pasan casi exclusivamente por su implementación. Y la incertidumbre no es exclusiva de los jueces de primera instancia, sino que se extiende por la Cámara federal y la de Casación.
Entre otras cuestiones, los jueces comparten con los fiscales la preocupación por los recursos. Consideran que hace falta personal, sobre todo en las fiscalías, nuevas salas de audiencias, y un salto de calidad en algunos servicios, como la electricidad, cuya red se encuentra trabajando al límite.
Hay quienes todavía se lamentan por el frustrado desembarco de la firma Café Martínez al edificio las falencias en la red eléctrica, y sienten que sus dudas sobre el acusatorio están fundadas. Especialmente porque no hubo ningún paso concreto en esa dirección cuando falta poco para su implementación.
También exhiben reparos respecto a un eventual funcionamiento: un sistema que se prevé más veloz y transparente, entienden, puede generar fricciones de distinto tipo con las causas de alta densidad política, cuya investigación, para ser exitosa, exige tiempos pausados, mucha dedicación y cierta reserva, explican.
Este martes, el ministro Cuneo Libarona visitó Comodoro Py y se reunió con los jueces de primera instancia para abordar inquietudes respecto al acusatorio. Fue un encuentro cordial, no hubo reclamos puntuales y muchas de las dudas, según dijeron fuentes presentes en la reunión, fueron despejadas. “No hay manera de que no se implemente en agosto”, sostuvo una alta fuente judicial.
Estuvieron los jueces Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini, Marcelo Martinez de Giorgi y Daniel Rafecas. Ariel Lijo y María Servini, por su parte, continúan de licencia y no formaron parte del encuentro.
Además, participaron el presidente de la Cámara porteña, Mariano Llorens, y la mano derecha del asesor Santiago Caputo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
Recursos
La implementación del acusatorio a la justicia federal de Py depende casi por entero de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según reitera el propio ministro Cúneo Libarona en las reuniones sobre el tema que desde el año pasado mantiene con distintos jueces.
Pero ahora, aseguran en la cartera, se llegó a un acuerdo con el organismo y se da por descontada una línea de crédito de 200 millones de dólares que servirá para hacer frente a todas las reformas necesarias. “Los recursos están”, dicen.
En el BID, sin embargo, son más cautos y prefieren moderar tanto optimismo. Aseguran que los contactos y la predisposición existen, pero que el desembolso aún se encuentra en una “etapa exploratoria”, según aseguran fuentes no oficiales al tanto de las tratativas.
En este contexto, por los tribunales sobrevoló la versión de que en los despachos del Ministerio reflotó un proyecto viejo, del primer kirchnerismo, que apunta a crear un gran fuero de delitos complejos que fusione a la Justicia Nacional –destinada a pasar a la de la Ciudad– con la de Comodoro Py.
La silueta del proyecto contempla la disolución de la Justicia Nacional –cuyos recursos quedarían al servicio del nuevo fuero, sobre el cual regiría el sistema acusatorio– y la fusión de la Cámara Nacional de Casación con la Cámara Federal de Casación Penal, entre otras modificaciones.
Sus impulsores sostienen que el proyecto, que también recorrió los despachos durante la época de Germán Garavano como ministro, es un dinamizador que supone una reorganización de la Justicia sin grandes costos.
Fortalecería con un aluvión de jueces y fiscales a la justicia federal de Comodoro Py que hoy, por caso, cuenta solo con ocho de los 12 jueces de primera instancia. “Hoy somos pocos, pero seríamos muchos”, se atajan en un juzgado.
En el Ministerio, sin embargo, desmienten categóricamente que tengan en carpeta un proyecto de ese tipo y atribuyen el origen del rumor a la resistencia de la Justicia Nacional a cumplir con el traslado a la Ciudad.
De hecho, la semana pasada el ministerio creó una comisión especial para hacer un seguimiento de ese traspaso, apurado por la Corte en diciembre con el fallo Levinas. Integrada por representantes de ambos ministerios de Justicia, Ciudad y Nación, deberá elaborar un informe dentro de los próximos seis meses.
