Dura respuesta del gremio judicial a las acusaciones del exadministrador de la Corte Suprema

Los empleados de la Corte Suprema de Justicia que integran el gremio judicial que lidera Julio Piumato dijeron que la explosiva declaración del exadministrador Héctor Marchi ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue una sucesión de “mentiras”, que los dejó “un sabor amargo, mezcla de incredulidad e indignación”.

Sin mencionar ni respaldar a Marchi, el otro gremio judicial, Sitraju, que tiene como referente a la diputada kirchnerista Vanesa Siley, dio a conocer otro comunicado, en el que afirmó que el juicio político está “desenmascarando la triste realidad” en los tribunales y mostró su preocupación por las denuncias de “aprietes y amenazas” que dio a conocer el exadministrador.

“Nos dejó un sabor amargo, mezcla de incredulidad e indignación escuchar a quien fuera durante 16 años administrador general de la Corte, regurgitar mentira tras mentira, con el único fin de justificar su gestión”, consignó un comunicado de prensa de la Unión de Empleados y Funcionarios de la Justicia Nacional (UEJN).

Tras repudiar sus declaraciones, dijeron que padecieron la administración de Marchi, al que acusaron de “desconocer” la Junta Interna de la Unión de Empleados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de haber realizado “el desguace de la mayoría de las dependencias” y de haber provocado “la parálisis de la carrera judicial” de muchos empleados.

“Despóticamente, el exadministrador desoyó en forma sistemática todos y cada uno de los reclamos que esta Junta Interna le hiciera. Nunca, jamás, escuchó ninguna de las múltiples peticiones que se plantearon respecto a la cantidad exorbitante de vacantes sin cubrir, al parate en los ascensos o la sobrecarga de tareas que padecen los compañeros/as”, comunicaron desde el gremio.

Agregaron que el ahorro que promocionó Marchi como un supuesto logro de su gestión fue “a costa de los trabajadores y su esfuerzo” y dijeron que propició “contratos basura en desmedro de los compañeros”.

“Producto de esa autoproclamada buena gestión, el Palacio de Justicia padece hoy un estado de deterioro sin precedentes. Con total desidia, el exadministrador determinó por ejemplo no cubrir las vacantes existentes en Infraestructura, ignorando el estado calamitoso del edificio, los baños deplorables, las escaleras clausuradas, oficinas derruidas y múltiples riesgos en materia de seguridad”, agregaron.

Interna gremial

A contramano de la UEJN, el gremio judicial del Sitraju sacó su propio comunicado, titulado “Ropa sucia afuera: la Comisión de Juicio Político desenmascara la triste realidad”. Allí señalaron que los testimonios de la audiencia de este martes en Diputados, en la que participó Marchi, al que no mencionaron, “dan cuenta de la repartija de cuotas de poder entre los ministros y el ejercicio supremo, sin control alguno y sin rendir cuentas, que juegan en la institucionalidad del más alto tribunal de la Nación”.

El Sitraju, que surgió como un desprendimiento de la UEJN de Piumato y concentra su mayor representación en los tribunales porteños, es comandado por Juan Manuel Rotta, secundado por Siley, una de las diputadas del kirchnerismo que impulsa el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte.

“El rol servil al poder económico que los cortesanos ejercen puertas afuera en sus fallos también se ve puertas adentro, donde se constataron manejos oscuros respecto de las contrataciones públicas”, agregaron, para responsabilizar a los jueces por el “mal funcionamiento” de la obra social judicial. También mostraron su preocupación ante “la denuncia de aprietes y presiones” que manifestó Marchi, al que no mencionaron.

La presentación de Marchi

Por su parte, el exadministrador de la Corte pidió este miércoles declarar como testigo para “ofrecer prueba” en una causa judicial que investiga supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. En un escrito dirigido al fiscal federal Ramiro González, el funcionario, desplazado el viernes pasado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, sostuvo que de ser convocado aportará pruebas a la causa.

La fiscalía recibió el escrito y lo giró al juzgado federal 12, que en este momento está en manos de Ariel Lijo.