Eduardo Casal: “Cubrir el cargo de procurador no depende de mí”

El blanco que eligió el Gobierno con la designación del ministro de Justicia Martín Soria es el procurador interino Eduardo Casal, a quien quiere echar porque lo identifica con el macrismo. Sin embargo, Casal dijo a LA NACION que no piensa renunciar y que no es su responsabilidad, sino del Gobierno, cubrir la vacante de procurador.

En una breve charla con LA NACION en su despacho, a Casal se lo ve tranquilo, a pesar de que el ministro Soria dijo que “esta atornillado” en su sillón. El funcionario prefirió no confrontar con esas expresiones y en cambio afirmó: “Cubrir la vacante del procurador no depende de mi renuncia: confío en las instituciones para llevar adelante el proceso de selección del procurador”.

Casal es el procurador ante la Corte más antiguo y con la renuncia de Alejandra Gils Carbó, en 2017, asumió interinamente la Procuración, como lo manda la ley. El Gobierno de Cambiemos no logró los votos de los dos tercios del Senado para nombrar a un procurador, como ahora tampoco logró los votos necesarios el Frente de Todos.

Por eso es que Casal afirmó: “Lo mejor para la institución es que el cargo se cubra, pero no depende de mí”. Casal por ahora resiste el empujón que le quieren dar.

El kirchnerismo promovió una reforma en la ley del Ministerio Público para elegir procurador con la mitad más uno de los miembros del Senado. La aprobó en el Senado, pero le faltan ocho votos en Diputados para convertir la iniciativa en una ley. Soria tratará de encontrar esos votos.

El candidato de Alberto Fernández para procurador es el juez federal Daniel Rafecas, quien ya avisó que si cambian la ley no aceptaría la postulación. Rafecas se preparaba para el cargo, pero la demora en el Senado -territorio kirchnerista- en convocar a una audiencia pública por su postulación hizo que empezara a pensar en programar la tarea en su juzgado para 2021.

“Estamos tratando de mantener la institución para facilitar la tarea del procurador entrante”, señala Casal, un judicial que pretende seguir trabajando en Tribunales. Por eso aclara: “No voy a renunciar porque tengo la obligación de cumplir con el mandato que me impone la ley”.

Por lo pronto está avanzando con la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Ya envió en enero a la Comisión de Implementación del Senado informes sobre la situación en Mendoza y Rosario, los próximos lugares donde se debe implementar el Código. Y envió al Senado un video de un edificio judicial en Rosario que puede albergar las nuevas instalaciones que demandará la aplicación de la normativa.

A Casal lo sostiene la propia norma y desde la política lo hacen la Asociación de Magistrados, los organismos internacionales que nuclean a los fiscales de la región, los propios fiscales reunidos en la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En el Congreso frenan las embestidas del kirchnerismo los legisladores de Juntos por el Cambio.

Mientras tanto, el Gobierno lima a Casal, buscando que renuncie para colocar como procurador interino a alguien cercano al Gobierno. “Cuando venga el nuevo procurador yo voy por seguir como procurador fiscal ante la Corte, seguiré trabajando, porque volveré al puesto que ocupo desde 1992”, señala el funcionario.

Tres estrategias para desplazar a Casal

La estrategia del Gobierno para conseguir el alejamiento de Casal pasa por tres escenarios. Por un lado, avanzan en el Congreso con la ley que prevé cambiar las mayorías para designar a su reemplazante. La misma norma establece que si no se cubre la vacante del procurador en determinado período de tiempo, la Comisión Bicameral del Ministerio Público, controlada por el kirchnerismo, puede elegir al procurador interino.

Otra estrategia es pedirle la renuncia a Casal como a otros funcionarios judiciales con la jubilación acordada. La Anses ya le mandó una intimación para que renuncie y se jubile o, de lo contrario, se archivará su expediente. Casal respondió a la intimación, la rechazó y le dijo a la Anses que “no es procedente que le reclamen el cese”.

La tercera herramienta para lograr el alejamiento de Casal pasa por forzar la salida de la presidenta del jurado de enjuiciamiento de fiscales, la abogada Adriana Donato, a quien el oficialismo, con el diputado Rodolfo Tailhade (Buenos Aires) a la cabeza, pretende desplazar.

Le cuestionan a Donato que es asesora de la Procuración de la Ciudad, a cargo de Juan Mahiques, lo que según Tailhade bloque su matrícula profesional por lo que no puede representar a los abogados en el jury. Donato rechazó estos argumentos y el Colegio de Abogados dijo que su matrícula no está bloqueada, pero el kirchnerismo insistió esta semana para que opine Casal sobre el tema. Cualquier respuesta inapropiada puede ser causal de una denuncia.

La idea de desplazar a Donato es permitir que asuma su suplente, ligada al kirchnerismo, con lo que cambiarían las mayorías en el jurado de enjuiciamiento de fiscales. El plan -en esa hipótesis- es promover una denuncia contra Casal en el Jury, lo que no es probable que prospere porque si bien es fiscal ante la Corte, su función es la de procurador subrogante, con lo que el mecanismo para su remoción es el juicio político.

No obstante, el cambio en las mayorías alcanza para perseguir a otro de los enemigos preferidos del kirchnerismo: Carlos Stornelli. El fiscal ya fue sancionado por Casal y el oficialismo promovió cuatro denuncias en su contra: en una fue sancionado por no presentarse a indagatoria en el juzgado federal de Dolores; otra, por el caso de D’Alessio, está supeditada a la causa penal; una tercera, que apunta al trámite del caso de los cuadernos de las coimas, fue rechazada por el Comité Evaluador y por Casal; la cuarta denuncia fue presentada por Oscar Parrilli. En el Congreso quieren ahora acusar a Stornelli de estar vinculado con un vendedor de objetos nazis condenado en una causa judicial.

La oposición blanqueó la jugada del kirchnerismo: “Acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal y Stornelli. Parece que es una fijación, a toda costa quieren cambiar la integración del jury”, denunció la senadora radical por Tucumán Silvia Elías de Pérez.