El 40% de los senadores fue investigado por la Justicia, pero ninguno fue condenado

La detención esta semana del senador Edgardo Kueider desató un gran escándalo político, pero además abrió un debate sobre la situación judicial del resto de sus colegas de la Cámara alta. Según un relevamiento que hizo LA NACION por lo menos el 40% de los senadores nacionales tuvo o tiene procesos abiertos, pero ninguno fue condenado. La gravedad de las causas varía; el ritmo de los procesos también; incluso algunos de quienes hoy aparecen fuera del radar de los tribunales exhiben patrimonios difíciles de justificar.

¿Cómo distinguir a los corruptos de los que no lo son cuando el hecho de haber sido denunciado parece no tener peso en una Justicia que avanza lento y no condena ni libera de cargo durante años? Más aún, cabe preguntarse si quienes no tienen causas abiertas son aquellos que más poder tienen, el suficiente para impedir que avancen acusaciones en su contra.

Kueider, detenido en Paraguay con US$211.000, ya era investigado por enriquecimiento ilícito, hecho que, previo a la flagrancia de esta semana, poco se conocía. Incluso, una de las causas estaba dormida y se desarchivó frente a lo sucedido en el país vecino. Como él, otros 29 senadores tienen o tuvieron investigaciones en el Poder Judicial, en distintas jurisdicciones, la mayoría, por cohecho o presunto enriquecimiento ilícito. Se vuelven especialmente relevantes en el ataque y contraataque entre el peronismo y el oficialismo en el Congreso. Las filas de Cristina Kirchner insisten en expulsar a Kueider (quien lo reemplazaría, Stefanía Cora, responde a La Cámpora). A La Libertad Avanza le representaría un problema, porque saldría una dirigente con quien llegaron a acuerdos. Pierden un potencial voto. El Gobierno respondió y dejó trascender que impulsarían un proyecto para desaforar a todos los que tengan causas en curso.

LA NACION hizo un relevamiento sobre las causas judiciales de los senadores nacionales y corroboró que por lo menos seis tienen procesos vigentes, aunque “dormidos”. En los datos aparece una correlación entre las denuncias y el hecho de haber ocupado un puesto ejecutivo de jerarquía en gobiernos nacionales, provinciales o municipales. También hay una conexión entre la falta de causas y la cercanía de esos representantes a los gobernadores más longevos en sus cargos.

Los que están con causas abiertas son, además de Kueider, el kirchnerista Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán; el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche, por una reciente denuncia por asociación ilícita y otros delitos, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capucchetti; Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), imputada recientemente en Comodoro Py por una causa en la que se investigan fondos que dependían de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA); Rodolfo Suárez, el radical exgobernador de Mendoza, por una reciente denuncia (en la Oficina de Ética Pública) por sus dichos en un streaming respecto de pagos en pauta pública y otra de 2023, por malversación de fondos en Portezuelo del Viento, hecha por La Cámpora, que estaría archivada, según fuentes cercanas; y hubo una denuncia contra Lucila Crexell por cohecho, cuya situación es indefinida porque nunca fue notificada.

Desde el 2000 a la fecha, llegaron al Senado 17 pedidos de desafuero, según información oficial a la que accedió LA NACION. Ninguno derivó en el apartamiento de un senador.

Hubo tres pedidos del juzgado federal 11, a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio para desaforar a Cristina Kirchner. María Luz Sapag, madre de Lucila Crexell, actual senadora, tuvo cinco pedidos, pero falleció en 2010 con todas las causas cerradas. También hubo solicitudes por Juan Carlos Romero (actualmente senador) y por otros seis que ya no están en funciones o fallecieron: Roy Nikisch, Mario Colazo, Carlos Reutemann, Luis Barrionuevo, Raúl Ochoa y Horacio Massaccesi.

Parrilli hoy legisla procesado, y nadie pidió su desafuero. Es uno de los mencionados por el oficialismo como advertencia de que si avanzan con la expulsión de Kueider, el ladero de Cristina Kirchner estaría en condiciones similares, particularmente por la causa del memorándum con Irán, por la que irá a juicio junto con Kirchner, Carlos Zannini, Martín Mena, Angelina Abbona, Eduardo Zuain, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado. La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme en forma definitiva la declaración de inconstitucionalidad de ese acuerdo en 2015 y la Corte confirmó, recientemente, que deberá realizarse el juicio por la causa.

Las sospechas sobre el nivel de vida de muchos políticos son inevitables al repasar sus declaraciones juradas y sus actividades. En junio, durante la transmisión del partido Argentina-Canadá en la Copa América, jugado en Estados Unidos, la cámara enfocó una cara familiar para el círculo rojo. José Neder, senador de Unión por la Patria y presidente del Partido Justicialista en Santiago del Estero, sentado con la camiseta en el estadio Mercedes-Benz. ¿Cómo un legislador que tiene a su nombre tan solo US$213,44 puede viajar a Nueva Jersey a un evento que, por si solo, cuesta miles de dólares? Hubo repudio en redes, pero no denuncia penal ni investigación de oficio.

De esa forma se naturaliza otro modo de desvirtuar la ética pública: esos documentos, en muchos casos, son un dibujo. Un ejemplo: El senador Carlos Espínola, de Unidad Federal, declaró ser propietario del 33,33% de 36 inmuebles, entre los que hay 32 terrenos de entre 303 y 506 metros cuadrados en Corrientes, adquiridos con ingresos propios en 2015. Según su declaración jurada, valen cada uno apenas 17.487 pesos. Juan Manzur declaró que el 60,68% de participación en la empresa Agro Aceitunera SA (la más grande compañía olivícola de la Argentina, con marcas como Nucete y Caucete) tenía un valor de $22.396.243,58. Manzur fue investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de una nota publicada en LA NACION y sobreseído en 2014 por el juez federal Daniel Bejas.

En otros casos, las declaraciones juradas reflejan patrimonios abultados que cabría indagar en cómo se gestaron. Son múltiples los ejemplos de legisladores dedicados la mayor parte (o toda) su vida al servicio público con resultados económicos sorprendentes o negocios privados en los que podrían haber influido desde el poder. El senador Gerardo Montenegro, también de Santiago del Estero, según su propio currículum vitae, se dedicó toda su vida adulta, desde el 83, a la política y el sindicalismo. Sin embargo, goza de propiedades valuadas en hasta el millón de dólares en destinos como Miami, cerca del Aventura Mall, y Punta del Este, en el Venetian Luxury Residences. Justamente él tuvo un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia fue iniciada de oficio por la Unidad de Información Financiera. La fiscalía especializada en lavado, Procelac, pidió en 2020 que se investigue su vinculación con un entramado de cooperativas que recibían subsidios por parte del Gobierno, en donde figuraban como titulares amigos, familiares y allegados de Montenegro. A un mes de su elección como senador, fue sobreseído.

Juan Carlos Romero, de Salta, tuvo múltiples procesos en funciones en el Senado y hubo un pedido de desafuero del juzgado de garantías de la provincia en 2016. Una de ellas data de 2007, comenzó a tramitarse en 2012, luego de que se conociera una maniobra por la que habría entregado, a un mes de dejar la gobernación, un predio de Aviación Civil a su hijo, Esteban Romero. En 2021, la fiscalía cambió de opinión (sostenida durante 12 años) y pidió su sobreseimiento. Otra, una de las de mayor repercusión en la provincia, llamada “La Ciénaga”, lo tiene como imputado por una denuncia presentada hace 14 años que acusó la venta irregular de 90 hectáreas de una finca a la familia de Romero, cuando debían destinarse a un programa llamado Familia Propietaria. Fueron nueve los procesos abiertos cuando dejó el poder provincial. Las causas fueron declaradas nulas por la Corte salteña en 2022, lo que abrió una situación atípica de indefinición.

En 2020, el presidente del Banco de la Provincia de Neuquén y excandidato a intendente por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Luis Manganaro, denunció a la senadora Silvia Sapag por enriquecimiento ilícito. La legisladora había declarado un patrimonio de $1.025.000, pero ante la AFIP dijo tener bienes por $462.555. Según una investigación de LA NACION de ese entonces, Sapag habría omitido declarar su sueldo, que anualmente ascendía a $116.922, y tampoco habría mencionado que junto con su ex marido poseía dos empresas, y que tenía un crédito de $247.320 del banco provincial. Sapag admitió haber cometido errores involuntarios en su declaración jurada ante la AFIP. El equipo de la senadora no respondió a las consultas de LA NACION sobre el estado del proceso.

Como antecedente aparece el caso de Luis Barrionuevo. En 2003 comenzó un proceso de pedido de apartamiento por la acusación de haber promovido los incidentes que determinaron la suspensión de la elección a gobernador en Catamarca, el 2 de marzo, en la que la Justicia le impidió participar. Incluso, de participar en la quema de urnas. Se trató la expulsión, pero no se llegó a los votos y el sindicalista continuó en la cámara. Son muchos los que estuvieron en condiciones similares. De una cuenta que presuntamente pertenece a Santiago Caputo, empleado estrella del Presidente, salió ayer un tuit que aseguraba: “Me preparé toda la vida para destituir a todo el Congreso y llamar a elecciones especiales”.

Por Camila Dolabjian

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