El Colegio de Abogados de la Ciudad expresó preocupación por la medida judicial que busca identificar a una fuente periodística

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudió la medida mediante la cual el juez Marcelo Martínez De Giorgi busca conocer la identidad de la fuente periodística que le entregó a Diego Cabot los cuadernos en octubre del año pasado, cuando estos se creían perdidos.

La entidad dijo que es "indispensable" que la Justicia se abstenga de adoptar medidas como esa y expresó preocupación porque "afecta aspectos esenciales de la libertad de expresión".

El juez Martínez De Giorgi está a cargo de una causa iniciada por una denuncia del empresario Néstor Otero -procesado en la causa de los cuadernos de las coimas-, formulada cuando el año pasado los cuadernos originales quedaron en manos de la Justicia. Otero denunció a la persona que entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot por encubrimiento y pidió una serie de medidas de prueba.

En respuesta a ese planteo, un año después de recibida la denuncia Martínez De Giorgi pidió los registros fílmicos de la zona en la que Cabot se reunió con un anónimo, quien le entregó seis de los ocho cuadernos que escribió Oscar Centeno, que se creían perdidos.

"El requerimiento judicial efectuado con el objetivo de identificar a la fuente de un periodista, en una investigación que puso a la luz un extenso entramado de corrupción, afecta aspectos esenciales de la libertad de expresión como lo es el derecho de los periodistas a preservar el secreto de sus fuentes de información", señala el escrito.

"El secreto de las fuentes de información es una garantía de la libertad de información de la sociedad, establecida en interés social. Al desconocerla, el Poder Judicial está privando a la sociedad de una de las herramientas más eficaces de las que dispone para permitir el conocimiento de hechos que, de otra manera, permanecerían bajo estricto secreto por parte de quienes se benefician del anonimato y la clandestinidad", agrega.

La medida ya había generado el repudio de las entidades periodísticas FOPEA y ADEPA, que la consideraron como un acto de "criminalización de la actividad periodística". También indicaron que es inconstitucional.