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El Congreso gasta $ 6.000.000 en una obra social desactivada
Denuncian serias irregularidades en la privatización, mala praxis y 560 ñoquis
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LA NACIONMartín Dinatale
El traspaso de la obra social de los empleados del Congreso a manos privadas presenta serias irregularidades, entre ellas, un cuestionado proceso de licitación, juicios por mala praxis y la presencia de 560 empleados ñoquis.
Hasta 1996, la Dirección de Ayuda Social (DAS) -tal su nombre- era administrada, dirigida y sostenida por personal del Poder Legislativo, tal como lo instruye la ley 15.414.
Con 560 empleados a cargo, tres edificios para su atención permanente y un abultado presupuesto, la DAS brindaba un servicio médico poco menos que penoso, lo que generaba numerosas quejas de los afiliados.
Desde mayo último, la empresa privada Silver Cross SA explota el servicio de la obra social -lo hará por cinco años más-, pero igualmente la DAS mantiene la estructura de empleados, médicos, administrativos y ordenanzas, con un presupuesto de 6.000.000 de pesos anuales para ese plantel. A fines 1996 la historia de la DAS cambió rotundamente. Según pudo saber La Nación el 18 de noviembre último, la Comisión Administrativa del Congreso, que entre otras funciones auditaba y dirigía esa obra social, decidió que la DAS debía pasar a manos privadas con el objeto de "reducir el gasto asistencial".
La reunión, que consta en actas bajo el número 42, fue presidida por la entonces titular de esa comisión, Matilde Guerrero, una ex funcionaria de Carlos Grosso y actual secretaria administrativa del Senado Nacional, a propuesta del vicepresidente Carlos Ruckauf. Lo llamativo de ese encuentro fue que allí se aconsejó la contratación de la red Silver Cross SA para hacerse cargo de la DAS, recomendación que quedó registrada en ese acta bajo la frase "Silver Cross es la única alternativa válida".
Apenas seis meses después de ese encuentro, la Comisión Administrativa, ahora presidida por Horacio Picado, uno de los hombres de confianza del presidente de Diputados, Alberto Pierri (PJ), organizó una licitación para concretar la privatización. El trámite resultó confuso y demasiado rápido (45 días), pues se aceptaron los servicios de Silver Cross SA por cinco años y, a pesar de su oferta, era la más costosa entre otras 14 empresas interesadas en la privatización.
Mientras que AMSA y el Hospital Italiano, por ejemplo, ofrecían sus servicios a cambio de un aporte de 34 y 31 pesos por afiliado, respectivamente, Silver Cross lo hizo por 37,80 pesos. Esta empresa percibe mensualmente una ganancia de 1.400.000 pesos.
Intentos vanos
La Nación intentó en vano hablar con Picado para escuchar sus descargos sobre la controvertida licitación de la DAS. "Por ahora, el secretario administrativo no va a responder nada", expresaron empleados de Picado, quien también mandó a decir que "hasta el 3 de diciembre - fecha en que Pierri aspira a ser reelegido como titular de Diputados- no se puede hablar".
En cambio, fuentes cercanas al titular del Senado, Carlos Ruckauf, confiaron a La Nación que éste le había expresado a Pierri su oposición a esa privatización por medio de una carta que le envió y donde enumeraba las quejas vertidas por el resto de oferentes.
Esos voceros adelantaron que Ruckauf estaría dispuesto a anular esa concesión cuando en enero próximo el Senado vuelva a hacerse cargo de la obra social.
En contra de lo que sostiene la ley, SilverCross ocupa desde el corriente año uno de los edificios de la DAS, se encarga del trabajo de auditoría y de la administración y también de la liquidación del aporte mensual.
Según se supo, la cuestionada maniobra del traspaso de servicios médicos del Congreso fue denunciada penalmente ante el juzgado de Claudio Bonadío. También existe una denuncia penal del afiliado Norberto Pérez por mala praxis, en contra de Silver Cross SA.
A pesar de que la empresa que ganó la licitación por cinco años y que brinda sus servicios desde mayo del corriente año, igualmente la DAS sigue manteniendo una estructura de 560 empleados.
El titular de Silver Cross, Mario Lugones, expresó a La Nación que por un viaje que debía realizar sólo podrá brindar las explicaciones del caso el martes próximo.
No obstante, se pudo saber que esa empresa fue fundada hace cuatro años por tres médicos y que hace poco más de dos semanas adquirió el Sanatorio Güemes, en el que invertirá 20 millones de pesos durante los próximos cuatro años.
Derivación
Aunque pidieron reserva de sus nombres, varios empleados del Congreso aseguraron a La Nación que suelen recurrir a médicos ñoquis de la DAS quienes, invariablemente, los derivan a Silver Cross, la que negó atención a una embarazada por cuestiones "de presupuesto", y a un hombre, que se le impidió el ingreso a una clínica manejada por Silver Cross, que falleció a los pocos días.
La DAS aún conserva 49 médicos, 25 odontólogos, un asistente de laboratorio, 12 enfermeras, cinco kinesiólogos y cuatro auxiliares de enfermeras. También, 12 asistentes sociales, 12 psicólogos, dos obstetras, dos fonoaudiólogos y un nutricionista. El resto del personal es administrativo y de mantenimiento.
Paso a paso
- Estructura de la DAS: 560 empleados, tres edificios y 6 millones de pesos de presupuesto mensuales para atender a 35.000 afiliados.
- Sugerencia: en 1996, la Comisión Administrativa del Congreso decidió privatizar la DAS y allí se sugirió el nombre de Silver Cross S.A. como una de las empresas interesadas.
- Licitación: en mayo del corriente, Horacio Picado, funcionario cercano a Pierri, convocó a una licitación pública donde, sugestivamente, se adjudicó el servicio a Silver Cross SA, a pesar de que esa empresa fue la que hizo la oferta más cara entre 14 prestatarias.
- Adjudicación: ganar la licitación permitió a Silver Cross SA percibir 1.400.000 pesos por mes.
- Denuncias: el juzgado de Claudio Bonadío tiene radicada una denuncia por esas irregularidades y también existe otra contra Silver Cross SA por mala praxis.
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